Recordando el 24 de Febrero

©René León, de la Academia de la Historia de Cuba (Exilio)

Hagamos un recuerdo del inicio de la Guerra de los Diez Años, que fue cuando se comienza la Guerra Libertadora de los Treinta años que culmina con la Independencia de Cuba. Fue una guerra justa. El pueblo cubano se lanzó a la manigua para romper las cadenas de la opresión, al grito de “Independencia o Muerte”. El ingenio de “La Demajagua” fue destruido por las llamas al empezar la guerra, pero, para aquellos cubanos que se lanzaron a la manigua, sus centrífugas seguían vomitando fuego, y sus campanas, cada nota de ellas, era un grito de libertad, llamando a los cubanos a luchar por su independencia.

José Martí, en carta dirigida a Enrique Collazo en 12 de enero de 1892, dice de los hombres del 68: “son carne nuestra y entrañas y orgullos nuestros, y raíces de nuestra libertad, y padres de nuestro corazón, y soles de nuestro cielo, y del cielo de la justicia”.

El Octavo Congreso Nacional de Historia, organizado por la Sociedad Cubana de Estudios Históricos e Internacionales y la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, tuvo lugar entre los días 19 y 22 de noviembre de 1948, en Santiago de Cuba. Se llegó a ratificar que: “La guerra comenzada el 24 de febrero de 1895 era continuadora de la guerra que se inició el 10 de octubre de 1868, y habiéndose mantenido el pueblo cubano, de la Isla y de las emigraciones, durante el período comprendido entre una y otra, en latente estado revolucionario contra la Metrópoli, exteriorizado, una y otra vez, en forma de movimientos armados, sublevaciones y conspiraciones , puede y debe muy justamente denominarse esa larga etapa de unidad y continuidad en la acción revolucionaria independentista, la Guerra Libertadora Cubana de los Treinta Años”.

España empleó en aquellos años todas las fuerzas y medios para detener nuestra revolución. Nosotros por el contrario, no teníamos los medios necesarios para mantener una guerra de años, pero nuestros generales se las agenciaron para mantener el espíritu de combate. Se luchaba por la libertad de nuestro país. También debemos tener en cuenta que contra nuestro ejército los españoles no sólo opusieron los cuerpos de voluntarios, también los reclutados en la Isla entre chinos y mulatos libres. Al no poder el ejército español contener el avance de la guerra, empiezan a tomar medidas contra la población cubana La Reconcentración fue el medio más sanguinario establecido por el ASESINO Valeriano Weyler.

Las muertes de José Martí y Antonio Maceo no detuvieron el espíritu de lucha, al contrario, aumentó más el deseo de ser libre. Martí con su verbo se ganó amigos en toda la América. Su honradez y razonamientos convincentes hicieron que la idea de una Cuba libre y soberana ganase el cariño de todos los cubanos.

El gobierno español no supo recapacitar después de la guerra de los Diez Años. Negó al pueblo cubano derechos que se habían ganado, en especial el de ser libres y elegir sus propios gobernantes. La revolución preparada con el concurso de todos los cubanos era una realidad. La guerra de Independencia involucraba a todos los sectores del pueblo cubano, blancos, negros, mulatos y chinos. Era una guerra popular contra el colonialismo español.

La llegada y la posterior voladura del acorazado “Maine” en el puerto de La Habana y la muerte de 266 de sus tripulantes le abre las puertas a los Estados Unidos para intervenir en nuestra guerra de independencia y robarnos el triunfo final.

Ni odios seculares, ni luchas de religión, ni conflictos de raza, fueron los motivos para la lucha de liberación contra España. Al momento de la paz, ningún español o colaborador de ellos fue perseguido por el pueblo cubano, con ello se demostraba que éramos un pueblo digno y humano.

Luchamos por la libertad nacional, que se traducía en soberanía. El examen de los errores de la guerra de los Diez Años dio la posibilidad del acierto para evitar los errores anteriores. Al fin, Cuba era libre e independiente.

 

En el 50º ANIVERSARIO de la DOCTRINA PORTELL VILÁ sobre la NEUTRALIDAD IMPOSIBLE de CUBA

©Roberto Soto Santana, de la Academia de la Historia de Cuba (Exilio)

El periodo presidencial del ex general del Ejército Libertador Gerardo Machado y Morales concluyó legalmente el 20 de mayo de 1929. Sin embargo, entre marzo y junio de 1927 los dos órganos legislativos del Congreso (la Cámara de Representantes y el Senado) habían aprobado una Ley de Reforma de la entonces vigente Constitución de 1901 –la primera y única que había tenido Cuba republicana-, por la cual se prohibía la reelección del Presidente Machado cuando cumpliese diez años en el cargo o, lo que era lo mismo, se avalaba su permanencia hasta el 20 de mayo de 1935.

Convocada por la Junta Electoral Central la Convención Constituyente que requería el Artículo 115 de la Constitución de 1901 para conocer de dicha Reforma, la misma se reunió entre el 14 de abril y el 10 de mayo de 1928, aprobando –entre otras- la enmienda del Artículo 62 de la Constitución, que ampliaba de cuatro a seis años la duración del mandato presidencial –en efecto, hasta el 20 de mayo de 1931: ésta fue la espuria maniobra conocida como la Prórroga de Poderes para todos los cargos electivos, salvo el de Presidente, para el que se convocaron a continuación las elecciones del 1 de noviembre de 1928, cuyo resultado fue el de proclamar reelegido a Machado (sin posibilidad de nueva reelección) por seis años más.

La algarada del 12 de agosto de 1933 dio finalmente al traste con el régimen machadista. Tras el episódico paso por la presidencia –de apenas veintidós días- de Carlos Manuel de Céspedes (homónimo de su progenitor el Padre de la Patria e ilustre insurrecto de La Demajagua), cuyo Decreto número 1298 de 24 de agosto de 1933, firmado junto con el Secretario de Justicia e interino de Estado Carlos Hevia, derogó la Reforma de 1928 y devolvió toda su fuerza y vigor a la Constitución de 1901, a partir del golpe de Estado cívico-militar del 4 de septiembre de 1933 se instauró el llamado Gobierno de los cien días, que abarcó, primero, a la efímera Pentarquía o presidencia colectiva ostentada por el catedrático universitario de Medicina Dr. Ramón Grau San Martín), el banquero Porfirio Franca, el profesor universitario de Derecho Dr. Guillermo Portela-Muller, el abogado Dr. José Miguel Irisarri, y el periodista Sergio Carbó; y después, en solitario, al autoproclamado Presidente Dr. Grau San Martín, quien renunció el 15 de enero de 1934, ante la enemiga irresistible del coronel-jefe del Ejército Fulgencio Batista, del embajador estadounidense Benjamín Sumner Welles (quien se esforzó incansablemente con el Secretario de Estado de su país, Cordell Hull, y con el Presidente Roosevelt para rehusar el reconocimiento a ese Gobierno ante el cual precisamente por esa razón no estuvo acreditado nunca), de la organización antimachadista ABC, y de la clase política que sobrevivió al machadato –que a continuación auparon a la presidencia de facto al ex coronel del Ejército Libertador, Carlos Mendieta y Montúfar-.

Todo este periodo crepuscular de la época plattista o liminar en la Historia de la República se caracterizó por el acentuado injerencismo de los sucesivos gobiernos de los EE.UU., con amparo formal en el apéndice impuesto a la Constitución de 1901 (cuyo Artículo III estipulaba “Que el Gobierno de Cuba consiente que los Estados Unidos pueden ejercitar el derecho de intervenir para la conservación de la independencia cubana, el mantenimiento de un Gobierno adecuado para la protección de vidas, propiedad y libertad individual y para cumplir las obligaciones que, con respecto a Cuba, han sido impuestas a los Estados Unidos por el Tratado de París y que deben ahora ser asumidas y cumplidas por el Gobierno de Cuba”).

La expresión más próxima en el tiempo de los intereses económicos cuya salvaguarda necesitaba de esa injerencia foránea en los asuntos políticos cubanos estaba ejemplificado por los privilegios monopolísticos otorgados por el Gobierno de Machado a la Compañía Cubana de Electricidad, filial de la Electric Bond and Share Company, y por el conflicto del Gobierno Grau San Martín con los inversores norteamericanos interesados en la adquisición de propiedades de la también estadounidense Cuban Sugar Cane Corporation, cuando aquél anunció su intención de que el Estado ejerciese el derecho de tanteo respecto de una quincena de ingenios azucareros que dicha compañía iba a ofrecer en pública subasta, ante el desplome del precio internacional del azúcar y la resultante sobrecapitalización que padecía la compañía en Cuba.

La proyección internacional del Gobierno de los cien días, presidido por el Dr. Grau San Martín, fue emprendida en dos grandes líneas de actuación: la proclamación del antiinjerencismo por la Séptima Conferencia Internacional Americana –reunida en Montevideo, Uruguay, del 3 al 26 de diciembre de 1933-, y la abrogación de la Enmienda Platt a la Constitución cubana de 1901 (efectuada mediante Tratado negociado personalmente con el Secretario de Estado Auxiliar Sumner Welles por el Dr. Manuel Márquez Sterling, embajador en Washington, en estrecha consulta con el Dr. Cosme de la Torriente, Secretario de Estado, y firmado el 29 de mayo de 1934).

Esos logros no tuvieron parangón en la diplomacia cubana hasta la intervención decisiva -para la aprobación por la Asamblea General de Naciones Unidas, en su tercer periodo de sesiones en 1948- del Dr. Ernesto Dihigo como ponente del primer proyecto de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en la presentación a votación de su texto definitivo por el Embajador Guy Pérez de Cisneros, quien también en el mismo año fue Relator del Comité sobre Derechos y Deberes del Hombre de la Novena Conferencia Internacional de la Unión Panamericana, que aprobó la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre.

En una declaración hecha pública el 23 de noviembre de 1933, el Presidente Franklin Delano Roosevelt manifestó que “Durante los meses que han transcurrido desde la caída del Gobierno del Presidente Machado, hemos seguido el transcurso de los acontecimientos en Cuba con la más amistosa preocupación y con un persistente deseo de resultar de ayuda al pueblo cubano.

“Debido a la excepcionalmente cercana relación que ha existido entre nuestros dos pueblos desde la fundación de la República de Cuba y en particular debido a los Tratados que existen entre ambos países, el reconocimiento por parte de los EE.UU. a un Gobierno en Cuba brinda –en una medida más que ordinaria- apoyo tanto material como moral a ese Gobierno.

“Por esta razón no nos ha parecido que sería una política de amistad y justicia hacia el pueblo cubano en su conjunto brindarle reconocimiento a cualquier Gobierno provisional en Cuba a menos que dicho Gobierno poseyese claramente el apoyo y la aprobación del pueblo de esa República…Nosotros hemos estado seriamente deseosos durante todo este periodo de mostrar mediante acciones nuestra intención de abrir negociaciones para la revisión del acuerdo comercial entre ambos países y para la modificación del Tratado Permanente entre los Estados Unidos y Cuba…No se puede avanzar en esta dirección hasta que exista en Cuba un Gobierno provisional que, a través del apoyo popular que suscite y la cooperación general de la que disfrute, dé muestras de una genuina estabilidad…Como ya ha sido oficialmente declarado, el Gobierno de los Estados Unidos no alberga parcialidad ni prejuicio contra ninguna facción o individuo en Cuba. Dará la bienvenida a cualquier Gobierno provisional en Cuba al cual el pueblo cubano demuestre su confianza…El Embajador Welles regresará a La Habana en los próximos días. Tal como se ha anunciado, al término de su misión, que ocurrirá en el futuro cercano, regresará a Washington a reasumir sus tareas anteriores como Secretario de Estado Auxiliar, y será reemplazado por el Sr. Jefferson Caffery, que ahora funge como Secretario de Estado Auxiliar”. Es decir, el Gobierno de los EE.UU. rehusaba reconocer al Gobierno del Dr. Grau San Martín y, no obstante, mandaba a un alto funcionario del Servicio Exterior a relevar a otro ex alto cargo en el sillón de Embajador de los EE.UU. en un país vecino y amigo, pero sin acreditarlo ante el Gobierno de éste. Éste fue el resultado de las consejas de Sumner Welles, quien el 10 de septiembre -el mismo día de la proclamación de Grau como Presidente- escribía a su jefe Cordell Hull que Grau era “por completo intratable” y “en extremo radical”, y al día siguiente remitía otro informe a su Departamento de Estado en el que pedía una declaración oficial respecto a que los EE.UU. no reconocerían como “legítimo y constitucional” a ningún Gobierno en Cuba a menos que demostrase contar con el respaldo de la mayoría del pueblo cubano.

En este clima de hostilidad -ya que el Gobierno de Grau sólo era reconocido por Uruguay, Perú, Panamá, México y España-, el Secretario de Estado de Cuba recibe la invitación de la Cancillería uruguaya, en carta de 2 de agosto de 1933, para asistir, junto a sus colegas de todas las otras repúblicas americanas (es decir, los Ministros de Relaciones Exteriores), a la Séptima Conferencia Internacional de la Unión Panamericana, a celebrarse en Montevideo del 3 al 26 de diciembre de ese mismo año.

A comienzos de noviembre de 1933, el Presidente Grau designó una primera delegación, pronto sustituida por otra a raíz de la sublevación fallida del día 8 de ese mes contra su Gobierno, y finalmente asistieron en representación de Cuba, como embajadores plenipotenciarios a aquel cónclave interamericano, el Dr. Herminio Portell Vilá, profesor de Historia de la Facultad de Letras y Ciencias de la Universidad de La Habana; el Dr. Angel Alberto Giraudy, ex Ministro del Trabajo –quien presidía la delegación-; y el Ingeniero Alfredo E. Nogueira y Herrera, acompañados en calidad de secretarios por dos miembros del ya disuelto Directorio Estudiantil Revolucionario de 1930, Juan Antonio Rubio Padilla y Carlos Prío Socarrás.

En el Artículo 3 de la Convención de Derechos y Deberes de los Estados, que recogía la ponencia presentada por el Dr. Portell Vilá y que fue adoptada en su sesión del 22 de diciembre de 1933 por la Asamblea Plenaria de la conferencia por unanimidad, incluido el voto favorable de la delegación estadounidense expresado por boca de su presidente el Secretario de Estado Cordell Hull, se plasmaba que “La existencia política del Estado es independiente de su reconocimiento por los demás Estados. Aun antes de reconocido el Estado, tiene el derecho de defender su integridad e independencia, proveer a su conservación y prosperidad y, por consiguiente, de organizarse como mejor lo entendiere, legislar sobre sus intereses, administrar sus servicios y determinar la jurisdicción y competencia de sus tribunales”. El Artículo 4 remachaba que “Los Estados son jurídicamente iguales, disfrutan de iguales derechos y tienen igual capacidad para ejercitarlos. Los derechos de cada uno no dependen del poder de que disponga para asegurar su ejercicio, sino del simple hecho de su existencia como persona de Derecho Internacional”. El Artículo 5 proclamaba que “Los derechos fundamentales de los Estados no son susceptibles de ser afectados en forma alguna”. El Artículo 8 declaraba que “Ningún Estado tiene derecho de intervenir en los asuntos internos ni en los externos de otro”. Y, finalmente, el Artículo 11 establecía que “Los Estados contratantes consagran en definitiva, como norma de conducta, la obligación precisa de no reconocer las adquisiciones territoriales o de ventajas especiales que se realicen por la fuerza, ya sea que ésta consista en el uso de armas, en representaciones diplomáticas conminatorias o en cualquier otro medio de coacción efectiva. El territorio de los Estados es inviolable y no puede ser objeto de ocupaciones militares ni de otras medidas de fuerza impuestas por otro Estado ni directa ni indirectamente, ni por motivo alguno, ni aún de manera temporal”.

Diez años antes, como delegado de las Escuelas Pías de Cárdenas, el todavía estudiante de la Facultad de Derecho Herminio Portell Vilá había participado en el Primer Congreso Nacional de Estudiantes, ante el que presentó una iniciativa encaminada a la denuncia unilateral por parte de Cuba del Tratado Permanente entre Cuba y los EE.UU., firmado el 22 de mayo de 1903 y que reproducía al pie de la letra el apéndice a la Constitución de 1901 conocido como Enmienda Platt, validando el derecho de intervención de los EE.UU. en los asuntos internos de Cuba.

La moción de Portell Vilá en aquel congreso estudiantil, ahora con firme apoyo en la convención panamericana sobre los derechos y deberes de los Estados (ya que los efectos limitadores de la soberanía cubana que imponía la Enmienda Platt quedaban rechazados por esta novel doctrina interamericana), se abría paso definitivamente hacia la repudiación formal del injerencista Apéndice Constitucional, aunque todavía tuviesen que pasar otros cinco meses hasta que el Tratado de Relaciones de 29 de mayo de 1934 modificase el Tratado de 1903 y quedara abrogada la Enmienda Platt iuris y de iure.

Cierto que la gloria de certificar la defunción de la Enmienda Platt, y con ello la instauración del principio de no intervención en las relaciones entre Cuba y los EE.UU., correspondió a Manuel Márquez Sterling y a Cosme de la Torriente, pero las tareas seminales de Herminio Portell Vilá en el Primer Congreso Nacional de Estudiantes (1923) y en la VII Conferencia Internacional de la Unión Panamericana (1933) constituyeron sus antecedentes necesarios.

Precisamente el día antes del señalado para la votación -en la Comisión de Derecho Internacional de la VII Conferencia Internacional de la Unión Panamericana- de la Convención sobre los derechos y deberes de los Estados mantuvieron Portell Vilá y Cordell Hull, a solicitud de este último, una entrevista, en la que el Secretario de Estado y presidente de la delegación norteamericana anunció que el nuevo embajador Caffery (que carecía de toda acreditación, ya que su gobierno seguía y seguiría negando el reconocimiento al gobierno del Dr. Grau) haría una investigación preliminar de la situación en Cuba, que la Enmienda Platt sería abrogada, y que se modificaría el Tratado de Reciprocidad. El Dr. Portell Vilá replicó que “lo que realmente los Estados Unidos debían realizar es reconocer para después tratar y no investigar para después reconocer…La oportunidad que tengo, de acuerdo con mis instrucciones, para precisar a nombre de Cuba una actitud contraria a la legitimidad de la Enmienda Platt y del Tratado Permanente, yo no la hipoteco por promesa alguna”.

En su discurso del día siguiente (19 de diciembre de 1933) ante el pleno de la Comisión, el Dr. Portell Vilá presentó el caso de Cuba “…frente a las fuerzas imperialistas de los Estados Unidos que le impusieron un régimen de relaciones injusto utilizando al efecto la coacción militar y las peores artes diplomáticas en ese quinquenio terrible de 1898-1903”, reafirmando que “la Enmienda Platt tiene el vicio de la coacción; fue impuesta a Cuba por las bayonetas de los Estados Unidos y por eso Cuba es y será siempre contraria a la Enmienda Platt”.

Veinticinco años después, a comienzos de 1959, Portell Vilá escribió en la revista habanera BOHEMIA un largo ensayo sobre La Neutralidad Imposible, en el que planteó que “Cuba no puede pretender la NEUTRALIDAD imposible en una guerra de los Estados Unidos con potencias extracontinentales…No hay nación en el mundo que pueda considerarse neutral en una guerra, si tiene la posición geográfica que Cuba y si los Estados Unidos son uno de los beligerantes. Nuestro país es un trampolín natural para atacar a los Estados Unidos…CUBA ES LA ALIADA NATURAL DE LOS ESTADOS UNIDOS EN CASO DE GUERRA PORQUE EN ELLO LE VA LA VIDA A CUBA…La alianza ha sido y debe seguir invariable, sin embargo, porque le conviene a Cuba. ¡Que nunca haya quien pueda derrotar a los Estados Unidos porque esa victoria significaría el fin de Cuba Libre!”

Como materialización de esa previsión, esa consideración geopolítica fue el norte de la intervención soviética en Cuba a partir de 1960, un episodio más de la Guerra Fría todavía no concluida y que comenzó en febrero de 1945 en la reunión de Churchill, Roosevelt y Stalin en Yalta (Crimea). Y sigue siendo el norte de Rusia hoy en día, en sus intentos incesantes de penetración en América central y meridional, y la cuenca del Caribe. Ese norte ha consistido y sigue consistiendo en el establecimiento de regímenes satélites a través de los cuales subvertir el orden político, económico y social consagrado en el preámbulo de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), que dice que “la misión histórica de América es ofrecer al hombre una tierra de libertad y un ámbito favorable para el desarrollo de su personalidad y la realización de sus justas aspiraciones”; que “la democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región”; que “el sentido genuino de la solidaridad americana y de la buena vecindad no puede ser otro que el de consolidar en este Continente, dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad individual y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre”; y que “la organización jurídica es una condición necesaria para la seguridad y la paz, fundadas en el orden moral y en la justicia”.

El epítome de las actuaciones y las prédicas del Dr. Portell Vilá a lo largo de toda una vida de ejercicio de funciones públicas –en la cátedra, en el Foro, en la prensa, en la investigación, en las reuniones internacionales en representación de Cuba- nos deja el ejemplo y la enseñanza de un sabio que supo, a la vez que hacer un importante aporte cívico a la sociedad civil a la que pertenecía, destilar en la Historia de Cuba el papel, la importancia y las querencias de sus personalidades protagonistas, identificar las concausas y consecuencias de los acontecimientos, a la vez que analizar el peso del pasado y los intereses colectivos de la Nación cubana, con especial ahínco en sus relaciones internacionales y en particular con los EE.UU. de América, trabajando para que los vínculos de Cuba con los EE.UU. fueran de estrecha amistad y colaboración y se desenvolvieran en un plano de igualdad, equilibrio y mutuo beneficio.

Al fatalismo geográfico de la Doctrina Monroe, a la Doctrina del Destino Manifiesto (alegorizada por John Gast en una pintura de los años setenta del siglo XIX sobre la marcha al Oeste del continente norteamericano), y al Corolario Roosevelt de 1904, Portell Vilá tuvo la visión, el coraje y la virtud de oponer el antiinjerencismo y la dignidad en las relaciones internacionales de Cuba, la neutralidad imposible y la alianza con los EE.UU. ante un ataque extracontinental (propensión política natural que el régimen castrocomunista viró de revés al convertirse en punta de lanza de la URSS, comenzando por dar lugar a la Crisis de los Cohetes de 1962 y continuando con sus aventuras militares y fomento de la subversión guerrillera en todo el mundo), y la necesidad de la probidad en la vida pública.

 

PRIMER PREMIO CONCURSO “HERMINIO PORTELL VILÁ” 2012

Academia de la Historia de Cuba (Exilio)

©Lic. Roberto Soto Santana

1940: PIEDRA MILIAR EN EL CONSTITUCIONALISMO HISPANOAMERICANO

La Asamblea que sesionó en el Capitolio Nacional, en La Habana, desde el 9 de febrero hasta el 8 de junio de 1940, redactó y acordó la Constitución cuyos valores no han podido menos que ser asumidos y elogiados tanto por tirios como por troyanos(*).

Reconocida por uno de los más distinguidos asambleístas como “un verdadero documento social, porque representa la síntesis de todas las aspiraciones colectivas y de todas las reformas que han estado latentes en la conciencia pública cerca de cuarenta años”ⁱ, los aplaudientes incluyen hoy en día hasta a los adláteres del Régimen comunista, uno de los cuales ha dicho de ella que es “…una de las primeras Constituciones de corte social de América y del mundo…Una de las primeras que introdujo en la estructura constitucional una coherente formalización de los derechos sociales, económicos y culturales y un grupo de alternativas sociales de cierta profundidad, una de las primeras Constituciones que introduce ese esquema de los viejos constitucionalistas: toda Constitución debe tener un preámbulo, debe tener una parte dogmática donde se establecen los derechos y los deberes, una parte orgánica donde se establece la estructura del Estado; eso lo tienen todas. Pero la inclusión de una parte dogmática y la inclusión de derechos y deberes económicos, sociales y culturales –como diríamos hoy hablando en términos de las Naciones Unidas–, esa nueva concepción empieza a expresarse allí…Fue una obraconstitucionalsingularísima, un momento, un arranque, un punto, una partida. Un cierre de un proceso. Volver a ella creo que es importantísimo. Como medida de entender nuestro propio ser, nuestras propias raíces.Quedarnos en ella sería una de las peores tonterías históricas. No es posible quedarnos en ella. Volver a ella es volver a ponernos bajo la advocación de aquellas luchas y aquella fragosidad de combates épicos. Volver a ella es…ponernos todos bajo la advocación de aquellos hombres que fueron verdaderos titanes de la batalla ideológica.”ⁱⁱ

Con la misma coincidencia, la califica el historiador [también integrado en el Régimen comunista] Guillermo Jiménez, llamándola “una Constitución realmente excepcional, llena de conquistas sociales”ⁱⁱⁱ, y admitiendo igualmente –con peregrina candidez- que “Del año 33, del gobierno de Grau, Guiteras y el Directorio, al gobierno de Mendieta,… el año 35, se emiten absolutamente todas, todas, menos una, de las medidas sociales que van a garantizar las conquistas de la clase obrera. Desde la jornada de ocho horas, el derecho de los niños, las mujeres, el retiro, la maternidad, el despido, etcétera. Salvo una, lo de seis por ocho (se refiere al mandato del artículo 66 de la Constitución, que estableció el derecho a percibir el salario correspondiente a 48 horas semanales a cambio de 44 horas semanales de trabajo efectivo)… [Y añade:] Batista aumentó…el salario mínimo en Cuba. Fue el único que lo hizo…dos veces del 40 al 44… y una tercera en el 58, cuando ya estaba al caerse el gobierno de Batista. Fue el único que lo hizo.Eso no tuvo que ver realmente con la Constitución del 40, ni [con] que los comunistas tuvieran la CTC en sus manos.”

Cabe, asimismo, citar a un tercer historiador y veterano panegirista de los izquierdistas de la generación revolucionaria de 1930, José A. Tabares del Real, quien ha escrito lo siguiente: “Yo pienso que la Constituyente de 1940 y la Constitución fueron pasos históricamente positivos, a corto plazo y a largo plazo también. Pienso que la situación del pueblo de Cuba, su capacidad o su oportunidad de participación política, los avances de la sociedad civil, la posibilidad de ejercer, aunque fuera parcialmente, y en lo fundamental en las ciudades y no todo el país, determinados derechos sociales, la condena de la discriminación racial desde el punto de vista jurídico, etcétera...”, terminando por decir de la Constitución de 1940 que fue “progresista, adelantada, democrática”.^iv

Y ¿en qué fue especialmente adelantada la Constitución de 1940? Sobre todo, en cuanto a lo que hoy en día se han venido a llamar los Derechos Humanos. Cuando se promulgó aquélla, no existía ningún corpus jurídico internacional que los configurase y sistematizase: hubo que esperar hasta 1948 para la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que mucho debe a dos diplomáticos cubanos: Guy Pérez de Cisneros –quien presentó el proyecto de declaración a votación ante la Asamblea General de Naciones Unidas- y el Dr. Ernesto Dihigo –calificado por Pérez de Cisneros, como “eminente profesor de la Universidad de La Habana, y miembro de la delegación de Cuba”-, autor del primer proyecto “depositado oficialmente para servir de base” a la futura Declaración.^v

En ese sentido, en la Conferencia pronunciada el 18 de julio de 1990 por Guillermo J. Jorge^viéste se refirió, entre los logros sociales y laborales del Gobierno de Grau San Martín elevados a rango constitucional, haciendo casi imposible con ello su derogación por una futura decisión del Poder Ejecutivo o del Legislativo, a un jornal mínimo para los obreros agrícolas y la jornada máxima de 8 horas (que en el Artículo 60 de la Constitución se ampliaron a todos los trabajadores manuales e intelectuales, declarándose la responsabilidad del Estado en la procura de una ocupación y las condiciones económicas necesarias a una existencia digna), la autonomía universitaria (consagrada en el Artículo 53) y el carácter laico de la enseñanza oficial (Artículo 54), así como la extensión del derecho de voto a todos los cubanos de uno u otro sexo, mayores de veinte años de edad (Artículo 99) –mientras que el Artículo 38 de la Constitución de 1901 limitaba el derecho de sufragio a los varones mayores de 21 años de edad-.

Los Constituyentes de 1940 añadieron la inembargabilidad del salario o sueldo mínimo (con la expresa exclusión, ex Artículo 43, de ese carácter inembargable para el cobro de las pensiones por alimentos a favor de la mujer y de los hijos) y de los instrument0s de labor de los trabajadores (Artículo 61), el salario igual a trabajo igual en idénticas condiciones (Artículo 62), la prohibición de descuentos no autorizados por la Ley en las nóminas y la preferencia de los créditos por haberes devengados por los trabajadores en el último año sobre todas los demás créditos contra el patrimonio de las empresas deudoras (Artículo 63), el establecimiento de un sistema de seguros sociales a cargo de obreros y patronos, con intervención del Estado, como derecho irrenunciable e imprescriptible de los trabajadores (Artículo 65), la obligatoriedad del seguro por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (exclusivamente a expensas de los patronos), el derecho de todos los trabajadores a un mes de descanso retribuido por cada once de trabajo dentro de cada año natural, la prohibición de la discriminación entre casadas y solteras a efectos del trabajo y la protección de la maternidad obrera –con prohibición del despido de la mujer grávida y de la imposición a la misma de trabajos que requieran esfuerzos físicos considerables durante los tres últimos meses del embarazo-, así como el descanso forzoso retribuido para la misma durante las seis semanas anteriores y las seis posteriores al parto (Artículo 68), la autonomía universitaria, el reconocimiento del derecho de sindicación a empleados privados, obreros y patronos, con prohibición de que los sindicatos pudieran ser disueltos más que por sentencia firme de los Tribunales de Justicia. Ningún trabajador podría ser despedido sin expediente previo y con base en una causa justa de despido, determinada por la ley (Artículo 77), y el patrono es declarado responsable del cumplimiento de las leyes sociales (Artículo 78).

El conjunto de las disposiciones mencionadas en el párrafo anterior constituyen “una legislación social a la altura de los mayores desarrollos de la época”^vii

Impresionante como resulta este catálogo de derechos y salvaguardas en materia social y laboral, es en la protección y las garantías de los derechos de todos los individuos y de los derechos del ciudadano en los que la Constitución de 1940 se esmera. Frente a la hoy vigente criminalización de la salida del país sin autorización previa^viii(consignada en el Artículo 208 del Código Penal), el Artículo 30 de la Constitución de 1940 establecía la libre entrada, permanencia, traslado de un lugar a otro, mudanza de residencia y salida, “sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte u otro requisito semejante”. Frente a la prohibición del Artículo 30 de la Constitución de 1940 de que “A nadie se le obligará a mudar de domicilio y residencia sino por mandato de autoridad judicial y en los casos y con los requisitos que la ley señale”, un simple Decreto del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, con el número 217 de 22 de abril de 1997, dispone que “Las personas provenientes de otros territorios del país” que pretendan “domiciliarse, residir o convivir con carácter permanente en una vivienda de la Ciudad de La Habana”, o aquéllos que pretendan cambiar de domicilio dentro de esa misma Ciudad, trasladándolo a tres de sus municipios considerados relativamente populosos, deberán iniciar un expediente ante la Dirección Municipal de la Vivienda, a fin de solicitar el permiso del Presidente del Consejo de la Administración Municipal (el funcionario que antiguamente era llamado el Alcalde). La desobediencia de estas normas está castigada con multas sustanciosas y con el regreso compulsivo de los infractores a sus lugares de origen.

Como señaló el Dr. Luis A. Gómez Domínguez en el elocuente resumen formulado el 3 de octubre de 1990 en su Conferencia sobre Los derechos individuales en esa segunda norma fundamental de la República proclamada en Guáimaro,^ix“La Constitución de 1940 recoge, a lo largo de su texto, todos los derechos humanos fundamentales: el derecho del cubano a residir en su patria sin ser objeto de discriminación ni extorsión alguna, no importa cuál sea su raza, clase, opiniones políticas, o creencias religiosas; a ejercer el sufragio activo y pasivo; a recibir los beneficios de la asistencia social; a desempeñar funciones o cargos públicos; a recobrar la ciudadanía en la forma que prescriba la Ley, a que no se apliquen las leyes retroactivamente, a menos que se trate de una Ley que le favorezca; a que no se le confisquen los bienes, y en el supuesto de una expropiación forzosa de éstos, lo sea por causa de utilidad pública o interés social, con indemnización previa, en efectivo, fijada judicialmente; a no ser condenado a pena de muerte;” a las garantías procesales de la presunción de inocencia, a la constancia de su detención mediante acta, con limitación del tiempo de detención para su inmediata puesta a disposición judicial, con el amparo del habeas corpus, a un enjuiciamiento justo, a la inviolabilidad de su domicilio y su correspondencia, a la emisión libre del pensamiento mediante la palabra o por escrito, a los derechos de reunión pacífica, asociación, manifestación y petición a las Autoridades.

La Constitución de 1940 igualmente “petrificó” dentro de sus muros la igualdad de derechos de todos los hijos –legítimos o extramatrimoniales-, con prohibición de la calificación de la filiación en las actas del Registro Civil (la equiparación a todos los efectos legales entre todos los hijos no fue implantada en España sino por el Artículo 39.2 de la Constitución de 1978), decretó la libertad de testar sobre la mitad de la herencia, dejando reservada la otra mitad a los herederos forzosos, y habilitó a los Tribunales para equiparar al matrimonio civil, por su estabilidad y singularidad, la unión entre personas con capacidad para contraer matrimonio –es decir, la barraganía- (por contraste, al día de hoy, en España, las uniones de hecho, no formalizadas como matrimonio, todavía carecen de pleno reconocimiento legal ya que son proyectos de vida en común que unas veces cuentan con acuerdos escritos que especifican los derechos y obligaciones de los convivientes -cuyo cumplimiento es exigible por vía judicial, como obligación civil privada- y otras veces no existen acuerdos escritos sino verbales, de difícil acreditación y de difícil conciliación en caso de ruptura).

En opinión del Dr. Herminio Portell Vilá, “…la Constitución de 1940 no resolvió todas las importantes cuestiones pendientes en la vida nacional de Cuba. Era un documento extenso y pragmático, de tendencias progresistas y hasta avanzadas, que establecía un régimen semi-parlamentario el cual dependía del apoyo congresional para impedir las dictaduras. Incluía preceptos favorables a la reforma agraria y la propiedad de los recursos naturales para la nación. Uno de esos preceptos proclamaba el derecho a la revolución contra los gobiernos opresores e ilegales, que por entonces se consideró como cosa novedosa, y como una garantía para la libertad del pueblo, aunque, en realidad, se trataba de un principio que Thomas Jefferson había incluido en la Declaración de la Independencia, de Filadelfia, en 1776.”

“Con la aprobación y la firma de la Constitución de 1940 hubo regocijo popular en toda Cuba. Realmente aquélla era la primera Constitución que el pueblo cubano se había dado libremente, por su cuenta; pero al mismo tiempo se la consideró como una panacea contra toda dictadura y contra la corrupción política. Quienes así pensaban dejaban de tomar en cuenta que toda Constitución es tan buena como la voluntad del pueblo que la hace respetar y que vive y lucha por ella.”^x

De que en la Asamblea Constituyente, a pesar de su heterogénea composición ideológica, predominaba el talante democrático-liberal son prueba las reacciones dadas desde disímiles tendencias políticas a la propuesta del convencional José Manuel Casanova Diviñó^xipara que se prohibieran “las asociaciones, sindicatos o cualesquiera otras organizaciones de orden político o social que impongan a sus miembros obediencia a autoridades u organismos distintos de los de la República, así como los conectados con organizaciones políticas o sociales extranjeras o de carácter internacional o contrarias al sistema democrático de gobierno”.

La discrepancia con la medida propuesta por el Senador y asambleísta Casanova fue planteada desde posiciones ideológicas antagónicas entre sí, como señala en su análisis el profesor de la Universidad de La Habana Julio César Guanche^xii, por Blas Roca –desde la bancada comunista- y por Eduardo R. Chibás –desde los asientos del PRC, Partido Revolucionario Cubano, que entonces compartía con los Dres. Grau San Martín y Prío Socarrás-, con estas palabras: “En un contexto en que la mayor parte de la existencia del partido comunista, desde su fundación en 1925, había transcurrido en la ilegalidad, Blas Roca se opuso de inmediato a la propuesta, tras denunciar que perseguía sentar las bases de la ilegalización del partido comunista o de cualquier otro partido de raíz popular, ‘que levante aquí la bandera de las reivindicaciones populares’. La argumentación de Chibás al respecto es sintomática por varias razones: da cuenta de la madurez de un pensamiento democrático burgués que conoce sus fortalezas. Chibás estimó más peligroso llevar al partido comunista a la ilegalidad que dejarlo con status legal. Per0 el testimonio de Chibás no es la única prueba de esa convicción. Rafael Guas Inclán, político vinculado a Machado y luego a Batista en los años 50, lo expresó con pelos y señales: ‘El comunismo es una idealidad de redención humana, perseguirlo es acrecentarlo; combatirlo es canalizarlo en el orden legal, dejarle la libertad de propaganda, la libertad de tribuna, la libertad de proselitismo, y la libertad electoral; si se le proscribe, vivirá en la sombra, y entonces será peligroso porque tendrá la ira del agravio, del odio y del resentimiento’ ”^xiii

La medida propugnada por el Senador Casanova hubiera anticipado en casi tres lustros los efectos del Decreto número 1170 de 27 de noviembre de 1953, por el que se ilegalizó al Partido Socialista Popular –nombre con el que actuaba el Partido comunista- y se creó el BRAC (Buró para la Represión de Actividades C0munistas). Pero la Constituyente de 1940, en un gesto de tolerancia democrática que le honró, rechazó la propuesta; un gesto que, desde luego, los comunistas (y quienes no lo eran de origen pero se adhirieron entusiastamente, con la furia característica de los conversos) no reciprocaron cuando accedieron al Poder para ejercerlo totalitariamente a partir de 1959.

Como dice el Dr. Néstor Carbonell en su ensayo “La Constitución de 1940: Simbolismo y Vigencia”^xiv, “Si queremos ponerle fin a la tiranía y cerrar el ciclo tenebroso de la usurpación, tenemos que encontrar, después de Castro, una fórmula de convivencia con visos de legitimidad. Y esa fórmula no es la Constitución totalitaria de 1976, aunque se le hagan remiendos. Ni es otra Ley Fundamental espuria, impuesta sin consentimiento ni debate durante la provisionalidad…No, la única que tiene historia, simbolismo y arraigo para poder pacificar y regenerar el país antes de que se celebren elecciones libres, es la Carta Magna de 1940.Ella fue el leitmotiv de la lucha contra Batista, y no ha sido abrogada ni reformada por el pueblo, sino suspendida por la fuerza…¿Qué representa la Constitución del 40 en nuestra evolución histórica e institucional, y cómo se llegó a elaborar y promulgar? La Carta del 40 es la obra cumbre de la República. Dando amplias muestras de madurez política y patriotismo, los delegados a la Convención Constituyente cerraron una década de convulsiones revolucionarias e inseguridad jurídica, y le dieron a Cuba una Constitución previsora y avanzada, sin injerencia extraña. Una Constitución que no es de nadie y es de todos, porque es patrimonio de la nación.”

BIBLIOGRAFÍA ACTIVA

(Obras Consultadas)

 

A PROPÓSITO DE UNA BREVE HISTORIA

DEL GOLPE DE ESTADO DE 10 DE MARZO DE 1952

©Roberto Soto Santana, de la Academia de la Historia de Cuba (Exilio)

Durante sus años de residencia y actividad profesional en España, hasta que regresó a los EE.UU. hace unos pocos años, mantuve un trato cordial con el Sr. Alfredo J. Sadulé Cubero, quien durante la primera mitad de la última década del pasado siglo desempeñó el cargo de Director Adjunto a la Presidencia (a cargo de Seguridad) de GALERIAS PRECIADOS, cadena de tiendas por departamentos fundada por Pepín Fernández que, desde los años cincuenta en reñida competencia comercial con EL CORTE INGLÉS (dirigido por Ramón Areces), disputó durante largo tiempo el puesto de cabecera del mercado español de los grandes almacenes. Se había dado la circunstancia de que tanto Pepín Fernández como Ramón Areces, dos verdaderos capitanes de empresa “hechos a sí mismos”, naturales del Concejo asturiano de Grado, habían emigrado por separado a Cuba, donde fueron empleados por César Rodríguez González -primo del primero y tío del segundo- en la gran tienda de la que era Gerente, los ALMACENES EL ENCANTO (sita en la esquina habanera de las calles Galiano y San Rafael, y que se quemó hasta los cimientos en el año 1960).

Me consta, por haber mantenido trato frecuente con el Sr. Sadulé, que es un hombre honrado y caballeroso, de gran cultura, un profesional capacitado, una persona sin doblez, con una sinceridad a la medida de su elocuencia, siendo la única nota chirriante de su carácter la admiración que sigue profesando y de la que hace gala respecto de la trayectoria histórica de esa personalidad autoritaria y figura paradigmática del caudillismo populista que fue Fulgencio Batista y Zaldívar, quien pudiendo culminar plausiblemente en 1952 sus casi veinte años de protagonismo en la política cubana, tras su periodo presidencial constitucional de 1940 a 1944 y su tenencia de una curul como Senador por la provincia de Las Villas de 1948 a 1952, decidió irrumpir de nuevo en la Historia de Cuba por la puerta falsa del Golpe de Estado para terminar seis años después abandonando el puesto al que había llegado por la fuerza de las armas –aunque en ese momento inicial sin derramamiento de sangre, lo que sí se produjo posteriormente a causa de los enfrentamientos con el gobierno golpista- y también a la mayoría de los leales acólitos (civiles o militares) que le habían acompañado en esa aventura, franqueando el paso –con seguridad, imprevisiblemente- a un marxista fundamentalista (Fidel Castro Ruz) que supo aunar a los viejos comunistas del pasado –formados dentro de las consignas tácticas rusocéntricas del Partido soviético, las únicas que obedecieron hasta 1960, cuando Fidel Castro los unificó y diluyó dentro de las masas obedientes a sus consignas- con los nuevos comunistas a quienes él dio carta de naturaleza bajo sus propias especificaciones doctrinales personales, que implantó a través de la imposición y el Terror como la única ortodoxia a practicar en el ámbito de la Isla.

En Madrid, el Sr. Sadulé solía hacer frecuentemente el comentario de que él había sido el segundo exiliado del país, inmediatamente detrás de Batista, al acompañarle (en su calidad de Capitán-Ayudante) en su salida de Cuba a través del aeropuerto habanero, en la madrugada del 1 de enero de 1959.

A mediados de 2009, el periodista cubano Julio San Francisco, exiliado en España desde 1997, incorporó a su “blog” o bitácora en Internet (http://blogs.periodistadigital.com/juliosanfrancisco), una “Breve Historia del Golpe de Estado del 10 de marzo de 1952 en Cuba, otro punto de vista”, de la autoría del Sr. Sadulé; y ha pedido “a los historiadores imparciales que nos cuenten rigurosamente cómo fue aquella etapa del país”.

Con el ánimo de atender escrupulosa y honestamente a dicho requerimiento de un comentario sopesado, y contribuir a despejar la verdad histórica sobre la situación preliminar y posterior a aquella fecha, que en definitiva condujo a la instauración –el 1 de enero de 1959- del régimen encabezado hasta el presente por el tirano Fidel Castro y sus adláteres, aportamos los siguientes comentarios sobre “cómo fue aquella etapa del país”.

VERACIDAD DE LA SITUACIÓN DE INTRANQUILIDAD PÚBLICA

Es indiscutible que el Gobierno del Dr. Carlos Prío Socarrás –el tercero consecutivo de elección democrática desde 1940 y que estaba a las puertas de las próximas Elecciones, que tocaban el 1 de junio de 1952- enfrentaba serios problemas de orden público –más bien, de falta de tranquilidad pública, porque los desórdenes, que habían hecho crisis durante el cuatrienio gubernamental del anterior Presidente, el Dr. Ramón Grau San Martín (1944-1948), no los originaban ni los ciudadanos ni los Partidos políticos sino que eran protagonizados por grupos armados irregulares que dirimían a tiros sus pretensiones de medro en la arena política-.

Durante el Gobierno del Sr. Grau San Martín se produjeron hechos tan vergonzosos y escandalosos como el asesinato (el 24 de abril de 1945) del jefe del Servicio Secreto de la Presidencia, Enrique Enríquez, quien había sido el principal acusador del batistiano ex general José Eleuterio Pedraza y otros ochenta ex militares en un proceso por conspiración para la sublevación militar –en el que Pedraza y otros cinco militares retirados resultaron condenados, y para eso solamente a un año de prisión-; la dudosa ejecutoria al frente de la cartera de Educación (en mayo de 1946) de José M. Alemán, a quien la vox populi atribuía la utilización torticera del fondo del inciso k) de la Ley número 7 de 1943, de Ampliación Tributaria, promulgada durante el único periodo presidencial constitucional de Batista (1940-1944) y destinado a desayunos, lápices y cuadernos escolares, del que Alemán elevó su montante original desde 180 mil hasta 17,500,000 pesos, convirtiéndolo una sentina de peculado; el contrabando y la evasión de impuestos, practicados con carácter generalizado y con impunidad, en perjuicio de la recaudación de los derechos de aduana y demás ingresos del Estado (por ejemplo, el tráfico en el llamado “azúcar de bibijagua” –la exportación ilegal por parte de los centrales o ingenios, por vía marítima, a través de subpuertos propios, de excesos de producción de azúcar no declarados al organismo regulador, que era el Instituto Cubano de Estabilización del Azúcar-); la destitución por el Congreso del Ministro de ComercioAlberto Inocente Álvarez, quien permaneció no obstante en el Gobierno al nombrarle a continuación el Presidente Grau como Ministro de Estado (es decir, de Relaciones Exteriores); y la llamada matanza del reparto Orfila(el 15 de septiembre de 1947), en el municipio de Marianao, típica del pandillerismo político de entonces, resultante del ataque contra la vivienda donde se encontraba Emilio Tro, miembro de la Policía Nacional con el grado de comandante y líder de una gangsteril Unión Insurreccional Revolucionaria –a la que pertenecía en ese momento Fidel Castro Ruz-, perpetrado por otro grupo no menos gangsteril encabezado por el comandante Mario Salabarría, Jefe del Servicio de Investigaciones Extraordinarias de la Policía Nacional.

Durante el Gobierno del Dr. Prío Socarrás, el pandillerismo persistió. Apenas a una semana de su toma de posesión de la Presidencia, fue asesinado el secretario general del Sindicato de Trabajadores Marítimos. El año siguiente (1949), hubo una sucesión de secuestros, muertes violentas y fugas de reclusos, con un espectacular tiroteo entre pandillas en la Calzada de Ayestarán (el 2 de septiembre) y, dos días más tarde, otra balacera en la escalinata de la Universidad de La Habana (entre un grupo encabezado por Fidel Castro Ruz y otro, por Leonel Gómez).

AL GOLPE DE ESTADO SE LLEGÓ CON PREMEDITACIÓN, NO POR IMPROVISACIÓN

En cuanto a que, según el relato del Sr. Sadulé, “una madrugada, producto del malestar existente, un hombre, en manga de camisa y acompañado por 16 amigos, llega al Estado Mayor del Ejército y les dice a los allí presentes “Yo soy Batista, ayúdenme a arreglar esto…”, resulta obligado precisar que el Golpe de Estado no fue objeto de una improvisación sino de una conspiración, como consta en el informe Confidencial fechado en la Ciudad Militar (es decir, el Campamento de Columbia) el 8 de febrero de 1952 y elevado por el Capitán del Servicio de Inteligencia Militar (S.I.M.) Salvador Díaz-Versón Rodríguez al Jefe del Departamento de Dirección del S.I.M., que dice así [la transcripción respeta la sintaxis del texto citado]:

-“Desde hace aproximadamente un año, el Oficial Informante, con agentes a sus órdenes, ha estado manteniendo una constante y discreta vigilancia, sobre las actividades del ex-Presidente Batista en cumplimiento de instrucciones Superiores, y por haberse tenido noticias, de que mantenía relaciones políticas con miembros del Ejército en servicio activo.

-“Que en el curso de estas diligencias, se ha podido comprobar, que rodean al ex-Presidente Batista, un nutrido grupo de militares retirados, que a su vez tratan por todos los medios, de mantener contacto con la tropa en servicio activo, previniendo, según han manifestado en conversaciones íntimas, el necesitar del Ejército, para un Golpe de Estado, a favor de Batista.

-“Que el sábado 26 de Enero último, y en las oficinas del PAU [Partido de Acción Unitaria, fundado por Batista como su vehículo de acción política dentro de la legalidad], situadas en la calle 17 Nº 306 en el Vedado, se reunieron el ex-Presidente Batista, con un grupo de los referidos militares retirados entre los que se encontraban el General Tabernilla, Manuel La Rubia, Ugalde Carrillo, Cruz Vidal, Pilar García y otros, tratándose en dicha reunión de lo difícil que se presentaba el panorama político para la aspiración presidencial de Batista, dada la fuerza que adquiría la Coalición de núcleos políticos apoyantes de la candidatura de Hevia, con el ingreso en la misma del Alcalde Castellanos, discutiéndose las necesidades de llegar al poder violentamente, con el apoyo del Ejército, habiendo informado los Oficiales retirados en cuestión, que contaban con gran parte de las Fuerzas Armadas, para todo lo que fuera necesario, habiéndose llegado al acuerdo, de que los referidos ex-militares, mantuvieran sus contactos y exploraran más el ambiente, para cuando fuese necesario.

-“Que en la noche de ayer, 7 de Febrero, se llevó a cabo una nueva reunión en la finca Cuquine, entre los militares retirados y el ex-Presidente Batista, considerándose lo difícil de su situación política, al unirse el Partido de la Cubanidad [fundado por el ex Presidente Grau a raíz de una episódica separación del Partido Revolucionario Cubano (Auténtico) del todavía Presidente Prío] con la coalición que lleva al Ingeniero Hevia [Carlos Hevia, Ministro de Agricultura de Prío Socarrás] como candidato [de una coalición integrada por el PRC(A), los Partidos Republicano, Liberal y Demócrata, y el Partido de la Cubanidad –del ex Presidente Grau-], quedando el PAU en la perspectiva de tener que acudir solo a las próximas elecciones, habiéndose acordado en esa reunión, acelerar los contactos con militares en servicio activo al objeto de utilizarlos, si estimasen necesario un Golpe de Estado, y al mismo tiempo, aumentar las propagandas, en el sentido expresado, y realizar múltiples agitaciones, estimulando a los jóvenes del Partido para que realicen atentados personales y promuevan toda clase de alteraciones en el orden público, para colocar a la República en un estado de inquietud y alarma, que pueda justificar la toma del poder por medios ilegales y anticonstitucionales.”

[Tomado verbatim del Expediente nº 33 de 1952, del S.I.M, tal como es citado por el Dr. Antolín González del Valle Ríos, que fue Director General de la Enseñanza Superior y Secundaria en el curso lectivo 1951-1952, en un Informe Confidencial de fecha 11 de mayo de 1985.]

Como resultado de las convulsiones generadaspor el establecimiento y desarrollo de un foco de lucha armada, liderada por Fidel Castro, en el extremo oriental del país (la Sierra Maestra), a partir de 1956 y bajo la bandera del M-26-J (Movimiento 26 de Julio); de las tácticas de terrorismo urbano llevadas a cabo por el M-26-J, a través de atentados (por ejemplo, el asesinato en el cabaret habanero Montmartre –el 28 de octubre de 1956- del coronel Antonio Blanco Rico, jefe del S.I.M.) y la colocación indiscriminada de explosivos en lugares públicos (incluyendo salas de cine); de la subsiguiente implantación –a partir del 10 de noviembre de 1957- de otro foco de lucha armadaen la región montañosa central de la Isla (el Segundo Frente Nacional del Escambray), abierto por el Directorio Revolucionario 13 de Marzo; de la respuesta represiva cada vez más incontrolada del aparato policial(el asesinato –el 13 de marzo de 1957- de Pelayo Cuervo Navarro, Senador y Presidente del opositor Partido Ortodoxo; el asesinato –el 14 de marzo de 1957- de cuatro jóvenes revolucionarios asilados en la Embajada de Haití, por fuerzas al mando del general Rafael Salas Cañizares, jefe de la Policía Nacional, quien murió en el transcurso del tiroteo dentro de la misión diplomática); y de la incapacidad táctica y desmoralización de las Fuerzas Armadasde Batista, el desplome de su régimen quedó sentenciado.

Pero el comunismo no hubiera sido necesariamente instaurado en Cuba por una fuerza revolucionaria victoriosa en una contienda con un régimen usurpador (que había derribado al Gobierno constitucional del Dr. Prío Socarrás, al llevar a cabo el Golpe de Estado del 10 de marzo de 1952), si no hubiese sido que los dirigentes de esa fuerza ya eran previamente comunistas vocacionales solapados, unificados prontamente (en apenas dos años tras la toma del Poder) bajo la férula de Fidel Castro, al que no se le pueden regatear la astucia de su demagogia populista, su determinación implacable en la eliminación tanto de los enemigos declarados como de los subordinados incómodos, la instalación de la delación como una virtud ciudadana en vez de una acción despreciable, el hábil empleo de la exportación de la revolución como una táctica disuasoria frente a los Gobiernos democráticos que tengan la tentación de afearle, y la megalomanía desaforada con la que ha establecido su propio y distintivo culto de la personalidad –por otra parte, tan característico de todos los regímenes comunistas-.

A pesar de todas las censuras y los reconocimientos que se quieran hacer de los defectos de la economía y de la sociedad cubanas a comienzos de la década de los cincuenta, la realidad resultaba, como han dicho los investigadores Sergio Guerra y Alejandro Maldonado en su estudio sobre “La Historia de la Revolución Cubana” (1ª edición, marzo de 2009, Editorial Taxalaparta, S.L.L., Tafalla, Navarra), que “Cuba era entonces, en el contexto latinoamericano, el país donde probablemente las relaciones capitalistas estaban más extendidas y los elementos feudales menos arraigados, y no existía tampoco una rancia aristocracia”.

SIN GOLPE DE ESTADO, OTRO GALLO CANTARÍA…Y CUBA SERÍA FELIZ

La política-ficción es un ejercicio estéril y nada práctico.

Pero no podemos dejar de pensar, aunque sea por un momento, que -de no haber intervenido el Golpe de Estado del 10 de marzo de 1952- en las elecciones del 1 de junio venidero muy probablemente hubiera resultado elegido como Presidente bien el Profesor Roberto Agramonte (el candidato del Partido Ortodoxo) o bien el Ingeniero Carlos Hevia (el candidato del Partido Auténtico) -ambos, con una reputación de honradez y comprometidos con el adecentamiento de la vida política-, ante quienes el general Batista no tenía la más remota esperanza de victoria en las urnas, como tercero en discordia.

Incluso si se hubieran llegado a celebrar esos comicios y no se hubiera producido el Golpe de Estado, para enderezar el país habría sido necesario que los partidos políticos tradicionales beneficiarios del sistema constitucional hubiesen tomado medidas para embridar a los militares díscolosidentificados en el informe del Capitán Salvador Díaz-Versón (cuando menos, pasándolos al retiro forzoso), que para atajar al pistolerismo y al gangsterismo se hubiera puesto al frente de la Policía Nacional a un servidor público decidido de la firmeza del coronel José M. Caramés(quien tras un choque entre pandillas el 2 de septiembre de 1949 en la Calzada de Ayestarán no vaciló en entrar con 400 números en la Escuela de Agronomía de la Universidad de La Habana, adonde se habían refugiado parte de los combatientes y adonde aprehendió a treinta estudiantes provistos de ametralladoras, pistolas y escopetas recortadas –decisión censurada por Raúl Roa García en su calidad de Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Derecho Público, por estimarla contraria a la Autonomía Universitaria que garantizaba el Artículo 53 de la Constitución de 1940-, y todo esto para que el coronel Caramás fuese reemplazado en el cargo por el general del Ejército Quirino Uría, a los pocos días de un nuevo tiroteo, con muertos y heridos, a la entrada del Capitolio Nacional), y que la abulia de Prío Socarrás en la Presidencia de la República hubiera sido reemplazada por el dinamismo de un nuevo Presidente comprometido a promulgar todas las leyes complementarias de la Constitución de 1940 que estaban pendientes, a conjuntar a sus Ministros en un Gobierno de la Honradezémulo del segundo Gabinete nombrado por el Presidente Alfredo Zayas treinta años ha, y a echar a andar el Tribunal de Cuentascreado por Ley el 10 de diciembre de 1950, como instrumento idóneo en la persecución de la malversación y el despilfarro.

En vez de ello, los miembros de la Judicatura y los funcionarios de todos los niveles de la Administración Pública siguieron el ejemplo de las Fuerzas Armadas, cuyos integrantes mayoritariamente permanecieron pasivos ante el Golpe y prontamente se adhirieron al mismo, aceptando el cambio de régimen aunque ello entrañaba la violación y el desconocimiento de la Norma Fundamental de la República, la Constitución de 1940, poniendo de paso en solfa su propia legitimidad para seguir actuando con las facultades de las que habían sido investidas antes del Golpe. Debe hacerse la salvedad de que se opusieron al Golpe de Estado los coroneles Eduardo Martín Elena (jefe del Regimiento Nº 4, de la provincia de Matanzas) y Francisco Álvarez Margolles (jefe del Regimiento Nº 1, de la provincia de Oriente). Y que, a raíz del Golpe, fueron pasados a la situación de retiro, por su desafección, 77 oficiales, de ellos: 1 mayor general (Ruperto Cabrera Rodríguez), 3 generales de brigada (Otalio Soca Llanes, Quirino Uría López y José H. Velázquez Perera), 7 coroneles, 22 tenientes coroneles, 11 comandantes y 10 capitanes.

Abdicando de su deber de dejar por lo menos constancia de su desacuerdo con las medidas de coacción y fraude que supusieron, respectivamente, el Golpe y las convocatorias electorales celebradas en 1954 y 1958 (en referencia a esta última, el Dr. Grau San Martín dijo en el “Diario de la Marina” del 9 de noviembre de 1958 que "Ha sido igual que en 1954. En aquella ocasión me retiré de la lucha por estimar que no había garantías suficientes pero ahora no lo hice porque había otros candidatos y la retirada habría sido inútil. Todo ha sido una farsa"), los militares y los políticos –que mayoritariamente hicieron el juego a Batista, si bien con honrosas excepciones- dejaron pasar la oportunidad de rescatar a la República de la sima a la que los golpistas la estaban arrojando.

Aunque es cierto que los índices de crecimiento económico, demográfico y financiero de Cuba hasta 1952, y aún durante los seis siguientes años, fueron sobresalientes, con un 78 por ciento de la población alfabetizada, la vida cultural en ese sexenio estuvo prácticamente paralizada a partir de la clausura de las universidades y la suspensión de actividades por parte de las Academias y sociedades científicas, y la intranquilidad predominaba hasta en los lugares donde se celebraban competiciones deportivas (secuestro del campeón internacional de automovilismo Juan Manuel Fangio en La Habana el 22 de febrero de 1958; despliegue de pancartas con lemas revolucionarios para interrumpir un juego de béisbol en el Stadium habanero del Cerro; aparición frecuente de cadáveres en la vía pública, con profusión de impactos de bala, incluyendo el del miembro de la Asamblea Constituyente de 1940, jurista y Senador oposicionista por el Partido Ortodoxo, Dr. Pelayo Cuervo Navarro, asesinado en la noche del 13 de marzo de 1957 –al término del día en que se había producido el fracasado asalto armado al Palacio Presidencial, del que Batista salió ileso-; colocación indiscriminada y detonación de explosivos en lugares públicos por el M-26-7, fundado y dirigido por Fidel Castro).

Una parte considerable de las personalidades políticas de los Partidos tradicionales, junto con la pequeña y gran burguesía y la jerarquía de la Iglesia Católica¹adoptó la política inmovilista de pretender esperar a que el régimen batistiano se mostrase proclive a adoptar una cara más amable hacia la Oposición, permitiendo poco a poco la vuelta a un régimen constitucional (fue la insensata política de que “con el tiempo y un ganchillo, hasta las verdes se alcanzan”).

De los dos Partidos mayoritarios de ese momento, el PRC(A)-Partido Revolucionario Cubano (Auténtico) se escindió en no menos de cuatro facciones: la que aceptaba la situación de facto creada por el Golpe del 10 de marzo de 1952, encabezada por el ex Presidente Ramón Grau San Martín, que había creado su Partido de la Cubanidad; la abstencionista, que rehusaba prestar colaboración alguna que le diera un viso de legitimidad al régimen surgido del Golpe; la insurreccional, liderada por un ex ministro de Educación del gobierno derrocado del Dr. Prío Socarrás, Aureliano Sánchez Arango, quien creó a tal efecto la Acción Armada Auténtica (Triple A); y la que apoyaba al derrocado Presidente Dr. Prío Socarrás, inspirada por su ex primer ministro Dr. Manuel Antonio de Varona. Y el PPC(O) -Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo)- se dividió a su vez (entre enero y marzo de 1953) en no menos de tres grupos: el que entonces se conocía por “pactista” (partidarios de un pacto de unidad con otras organizaciones, con el fin de oponerse a Batista), encabezado por José Pardo Llada y el Presidente del Partido, Dr. Emilio Ochoa, y formado por la mayoría de los jefes provinciales del Partido y los líderes de la Juventud Ortodoxa; el “antipactista” (que deseaba mantener la independencia de la actuación política de la Ortodoxia en su oposición a Batista), encabezado por el Dr. Roberto Agramonte, y en el que figuraban Manuel Bisbé, Pelayo Cuervo Navarro, Raúl Chibás, Luis Conte Agüero, Luis Orlando Rodríguez, Pepín Sánchez y Leonardo Fernández Sánchez; y el “electoralista” (partidario de participar en las elecciones de 1954 que había convocado el régimen batistiano), dirigido por el terrateniente Federico Fernández Casas.

De todas estas divisiones sólo se podía beneficiar el régimen nacido del 10 de Marzo, y eso fue lo que sucedió. La Oposición, desde quienes aceptaban participar en los comicios convocados por el régimen golpista hasta quienes se enrocaron en el abstencionismo, quedó desacreditada políticamente a los ojos del ciudadano despojado de todo partidismo sectario. Y ello fue otro elemento que, unido a la propia intransigencia del batistato, dio lugar a que la ciudadanía dirigiera sus miradas al movimiento insurreccional liderado por Fidel Castro -cuya primera acción armada fue el asalto al Cuartel Moncada en Santiago de Cuba, el 26 de julio de 1953- como una posible alternativa de futuro, en la creencia -que se demostró sangrientamente errónea- por parte de esa ciudadanía (creencia alimentada por el propio Fidel Castro en sus declaraciones y arengas difundidas a través de entrevistas furtivas a la prensa extranjera y de la emisora de radio artesanal que funcionó en la Sierra Maestra) que el movimiento comandado por el ex militante de la Juventud Ortodoxa devolvería el país a una normalidad institucional, al imperio de la ley –representada por la Constitución de 1940-.

Porque, recordémoslo, el fidelato se instauró disfrutando, a lo largo de sus tres primeros años en el Poder, del apoyo y la simpatía de una considerable mayoría del pueblo cubano –hasta que llegaron el profundo desengaño y la desilusión-. Mientras no le “pisaron los callos” al ciudadano de a pie y hasta que se generalizó el Terror del Estado policial implantado por el régimen castrista, a la mayoría de la población no le quitaron el sueño los fusilamientos de La Cabaña y la proliferación de campos de prisioneros políticos y de opinión, ni la desaparición de los medios de comunicación libre, ni las confiscaciones de las grandes y medianas empresas norteamericanas y nacionales, extendiéndose el desencanto progresiva y ampliamente tras la agudización recurrente de las escaseces (así, en el llamado Período Especial transcurrido entre 1990 y 1997 y según las propias cifras oficiales del régimen, el Producto Interior Bruto de Cuba se redujo en un 36 por ciento sólo entre 1990 y 1993), la intensificación del miedo orwelliano a nivel de cada vecindario, la expropiación y cierre físico, de un golpe -cuando la llamada Ofensiva Revolucionaria (marzo de 1968)- de todas las empresas pequeñas incluidas las artesanales y de servicios, el fracaso de los disparatados experimentos económicos ideados por Fidel Castro a lo largo de los últimos cuarenta años (la Zafra de los Diez Millones en 1970, la siembra de café en el llamado Cordón de La Habana, la caída en picado de las existencias de ganado vacuno a partir de 1975, de la cabaña porcina a partir de 1986, de la producción citrícola y prácticamente de toda la producción agropecuaria), el desastroso e imparable deterioro de las condiciones de vida de toda la población (salvo los que están dispuestos a trepar hasta alcanzar al rango de apparatchik del Partido), y el desconyuntamiento del tejido económico del país.

Como dice el refrán, “aquellos polvos trajeron estos lodos”.

Nota-apéndice sobre la actitud de la Iglesia Católica de cara al régimen del 10 de Marzo

EL PAPA

En su alocución radiofónica pronunciada en correcto español en el acto de clausura (12 de enero de 1954) del V Congreso Interamericano de Educación Católica, cuyas sesiones tuvieron como sede el Colegio de Belén, sito en Marianao, el Papa Pío XII hizo unas alusiones (reproducidas en el Diario de la Marina del día siguiente) en las que hacía esta admonición: “…no os olvidéis que más allá brama el oleaje de las pasiones desencadenadas y corren por el cielo en galopas tenebrosas nubes negras ansiosas de descargar en vuestros campos el granizo mortal y de arrastrar vuestros sembrados con el ímpetu iracundo del huracán. Pero está escrito ¡No prevalecerán! Y pasarán como pasan esos turbiones de vuestro cielo, que dejan el aire luego más limpio, el sol más luminoso y la tierra más fecunda, aunque dejen también un triste séquito de muerte y desolación”.

Las anteriores palabras admiten dos interpretaciones.

O el Santo Padre, cuando hablaba de las “pasiones desencadenadas”, se refería a las desatadas tras el Golpe del 10 de marzo de 1952 entre los partidarios del régimen golpista y los revolucionarios aglutinados en el Movimiento 26 de Julio capitaneado por Fidel Castro (recordemos: habían pasado un año y diez meses del Golpe de Estado, hacía cinco meses y medio que había ocurrido el asalto armado al Cuartel Moncada, y Fidel Castro se encontraba cumpliendo una condena de 15 años de prisión –de la que fue amnistiado el 14 de mayo de 1955, tras sólo veintidós meses de privación de libertad-); y entonces la exclamación “¡No prevalecerán!” era una expresión de convicción moral, en alusión a esas “tenebrosas nubes negras” (tropo que sustituye al concepto de hechos amenazantes para la paz pública y la convivencia social). Ésta es la apreciación más creíble de aquellas palabras, porque encaja dentro del papel apaciguador habitualmente asumido por la cabeza visible de la Iglesia ante cualquier conflicto político-social violento.

O el Papa Pacelli estaba hablando con carácter profético, que es la versión propugnada por el Dr. Marino Pérez Durán, estudioso martiano posteriormente exiliado y que en mayo de 1959 ocupaba la presidencia de la Confederación de Asociaciones de Padres de Familia de los Colegios Católicos cuando ésta acordó el apoyo incondicional a todas las medidas del Gobierno Revolucionario -recién llegado al Poder- tendientes a elevar y sanear el ambiente cubano de todas las lacras que lo habían oprimido –sicum dixit-; en La profecía de Pío XII sobre Cuba, en el n. 28 (Miami-Caracas, oct.-nov. 1965) de UCE (Unión de Cubanos en el Exilio). Pero, si fuera así, ¿a quiénes se aplicaba el ¡No prevalecerán!? ¿A los golpistas o a los revolucionarios? Esta versión profética resulta muy forzada, dada la ambigüedad del texto que contenía la citada interjección.

LA CONFERENCIA EPISCOPAL

A pocos días de la consumación del Golpe de Estado del 10 de marzo de 1952 y como un signo del acatamiento al Poder constituido que tradicionalmente ha adoptado la jerarquía eclesiástica a lo largo de la Historia de Cuba, el Cardenal Arzobispo de La Habana, Manuel Arteaga, dirigió un telegrama de reconocimiento al nuevo gobierno (Diario La Marina, 20 de marzo de 1952, citado por Isabel Soto Mayedo en la nota XV de su trabajo “Cuba: ¿Iglesia Católica versus Revolución?”, publicado en http://centauro.cmq.edu.mx).

Lo que no parece haber sido óbice para que, tras el asalto al Palacio Presidencial por civiles armados pertenecientes al Directorio Revolucionario –fundado en 1955 como una rama de la Federación Estudiantil Universitario (FEU)-, y llevado a cabo el 13 de marzo de 1957, la Policía allanase el palacio cardenalicio en la capital, en búsqueda de armas y de revolucionarios refugiados en su sede, existiendo una versión de la época sobre lesiones padecidas entonces a manos de la fuerza policial por Monseñor Arteaga (versión reforzada por la visita de la esposa de Batista al centro médico donde fue ingresado el Cardenal Arzobispo –vide el trabajo “Imagen luminosa de un hombre cuestionado. Intento de aproximación a la persona del Excelentísimo Señor Cardenal Manuel Arteaga y Betancourt, Arzobispo de La Habana”, de Mons. Carlos Manuel de Céspedes, Vicario General de La Habana, en Memorias del Primer Encuentro Nacional de Historia Iglesia Católica y Nacionalidad Cubana, Comisión Episcopal para la Cultura, Camagüey, 24-27 de octubre de 1996, pp. 35-53)-.

A mediados de 1957, Monseñor Enrique Pérez Serantes, Obispo de Santiago de Cuba (en una exhortación reproducida en Ecclesia, Madrid, 8 de junio de 1957, pp. 23-24), se dirigió a los fieles de las 34 parroquias de su jurisdicción, lamentando el “estado de terror y violencia que venimos contemplando, en una rápida carrera de disgustos, de incomprensión y de represalia, provocados por hechos de todos conocidos”, y llamando a una pronta terminación del conflicto, “pero no a sangre y fuego, por no ser estos los elementos que pueden propiciar la paz verdadera y estable que necesitamos urgentemente”, sino a “abrazarnos con el sacrificio, el que sea, el más costoso, en aras de la paz, por la cual debe interesarse todo el que en verdad ame a Cuba”. Aunque, sin ninguna sugerencia concreta, cerraba su carta pastoral invocando el favor de Dios, y disponía el rezo del rosario y la conclusión de los ritos con la “bellísima oración por la paz” que había redactado el Obispo de Pinar del Río.

A comienzos de 1958, los progresos de los revolucionarios y el debilitamiento del régimen de Batista eran evidentes. Con ocasión de cumplirse los treinta años de su creación, las Juventudes de Acción Católica hicieron pública una declaración en la que señalaban que “No podía callar la Juventud Católica al momento de su aniversario ante el dolor de Cuba…La primera condición para devolver la paz a Cuba es el establecimiento de un Régimen de Derecho en el que tengan garantías suficientes los valores básicos de las sociedades cristianas: la vida, la integridad física, la libertad individual…Pecan gravemente ante Dios los que aplicando métodos brutales e incivilizados de investigación, someten a los acusados a torturas, maltratos para arrancarles la confesión de sus actos, practican en cárceles o centros represivos el castigo corporal repudiado por la moral cristiana y prohibido por nuestras leyes, o llega hasta la eliminación física sin formación de causa ni previa declaración de responsabilidad”.

Por su parte, el 25 de febrero de 1958, la jerarquía en pleno hizo un llamamiento “En favor de la paz”, en el que decía que “El Episcopado Cubano contempla con profundo dolor el estado lamentable a que hemos llegado en toda la República, y en particular en la región oriental…Cargados de graves responsabilidades ante Dios y los hombres por nuestra condición de jefes espirituales de nuestro pueblo, sentimos la obligación de tratar por todos los medios a nuestro alcance de que reine de nuevo la caridad y termine este triste estado de nuestra Patria.

“Guiados por estos motivos exhortamos a todos los que hoy militan en campos antagónicos, a que cesen en el uso de la violencia, y a que…busquen cuanto antes las soluciones eficaces que puedan traer de nuevo a nuestra Patria la paz material y moral que tanta falta le hace. A este fin, no dudamos que quienes de veras quieren a Cuba, sabrán acreditarse ante Dios y ante la Historia, no negándose a ningún sacrificio, a fin de lograr el establecimiento de un gobierno de unión nacional, que pudiera preparar el retorno de nuestra Patria a una vida política pacífica y normal”.

Este nuevo llamamiento, a diferencia del que había hecho Mons. Pérez Serantes el año anterior, contenía una propuesta concreta: la formación de un gobierno de unidad nacional, que para ambas partes implicadas –el gobierno en el Poder y los revolucionarios- era una condición inaceptable pues entrañaba el reconocimiento de la legitimidad del enemigo, cuando todavía la balanza de la contienda bélica no se había inclinado definitivamente hacia ninguno de los bandos en liza. Como era de prever, la propuesta del Episcopado cayó en oídos sordos y no se habló más de ella.

En la edición del 7 de marzo de 1958, el diario ABC (Edición de Andalucía, pág. 19) informó que en Cuba “La situación es bastante compleja desde que el arzobispo de La Habana y los prelados de las seis provincias de la Perla de las Antillas, el día 28 de febrero último, solemne, públicamente, pidieron la constitución de un nuevo Gobierno de unión nacional, capaz de devolver al país la tranquilidad y la normalidad política perdidas. Esa petición de un Gabinete neutral iba aún más lejos que la demanda del líder revolucionario Fidel Castro, que solicitaba que los comicios fueran legalizados por la presencia de un comité de la Organización Panamericana…Ahora el Presidente [se refiere a Batista] ordenó a los periódicos y a las emisoras de radio que el manifiesto del Episcopado no fuese publicado pero, por primera vez en su mandato, la recomendación fue desoída y en pocas horas el documento lo conoció toda la Isla”. La revista semanal BOHEMIA lo publicó, bajo una foto del Cardenal Arteaga y los Obispos Enrique Pérez Serantes (Santiago de Cuba), Eduardo Martínez Dalmau (Cienfuegos), Alberto Martín Villaverde (Matanzas), Evelio Díaz Cía (Pinar del Río), Carlos Riu Anglé (Camagüey), y Alfredo Muller San Martín (Obispo Auxiliar de La Habana).

Sea como fuere, el Cardenal Arteaga no realizó más declaraciones públicas durante el resto del año 1958 (seguramente, con la pretensión de seguirse manteniendo “en la cuerda floja” ante la situación no declarada de virtual guerra civil que mantenía en vilo al país, especialmente en su extremo oriental). Mientras que el párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de la Caridad (y futuro Obispo Auxiliar de La Habana, Padre Eduardo Boza Masvidal), dejó constancia a todo lo largo de ese año, especialmente en sus boletines parroquiales números 8 y 9 (Año X) y número 3 (Año XI), de su posición “En defensa de la vida humana” (4 de mayo de 1958) -“condenando todo atentado contra la vida humana, sin distinción de personas”-, de repudio de los excesos (julio de 1958) –“Aún en medio de las guerras y las luchas…hay medios que la conciencia cristiana jamás puede admitir…; por ningún motivo puede estar justificada la crueldad que convierte a los hombres en fieras…”-; y en su Mensaje de Navidad (7 de diciembre de 1958) –en el que decía que “la hora no es pues de regocijo y de fiesta”-.

 

En tiempos de la Colonia:

Un gato acusado de guerrillero Mambí

©René León, de la Academia de la Historia de Cuba (Exilio)

La historia que les voy a contar tiene dos partes, pero es un poco larga, y hoy voy a contar la del Gato Mambí; la otra, del Cernícalo Mambí, un día de éstos se la cuento. La Historia de los tiempos de la Colonia en Cuba está llena de historias y leyendas, pero de la que voy a escribir hoy es una que, aunque muchos no lo crean, fue VERDAD.

Ese famoso historiador y político Manuel Martínez Moles, en sus Tradiciones y Leyendas Espirituanas, nos dejó muchos recuerdos de los tiempos de la Colonia. Como es natural, yo le añado algo mío para darle más sabor. Según Martínez Moles, un confinado a la Isla de Fernando Poo, Francisco Javier Balmaseda, se lo contó a él.

Nada, que se puso fatal el pobre gato allá en la villa de Pepe Antonio (Guanabacoa). Después de hacer el papelazo las autoridades españolas con el entierro del “gorrión” muerto en la plaza del Palacio del Capitán General, entierro presidido por el Obispo (no podía faltar), y una caterva de curas borrachones, pidiendo por el alma del pobre gorrión. Sucedió algo muy gracioso para nosotros hoy en día, pero no para el pobre gato.

Lo que pasó fue, nada, que se puso fatal: el gato, al ver un gorrión que estaba muerto en la calle, por la patada de un mulo que había pasado y lo había sorprendido comiendo gusanos, se le ocurrió comerse el “gorrión”. Un Voluntario y una vieja chismosa lo vieron y fueron a las autoridades a denunciar el caso. Un grupo de voluntarios fue a cogerlo.

El gato se metió en su casa, y al tratar de ponerlo preso, arañó a Sansón Melena, rompieron muebles los valientes Voluntarios, al fin lo esposaron, le amarraron el rabo, y custodiado por tan valientes Voluntarios el pobre gato fue para la cárcel. Uno de los valientes casi pierde una oreja, otro se quedó casi sin pelo, pues el gato se le subió en la cabeza. Fue una batalla sin igual, pero el poderoso venció.

Lo tuvieron varios días sin comer, ni tomar agua (esto está prohibido por la Convención de Ginebra). Le cantaron canciones contra los Mambises, le dijeron injurias, y el gato sin poderse defender.

Las autoridades respetuosas del reglamento judicial le mandaron a un cura, creo se llamaba Antolín, para que leyera sus últimas oraciones (me imagino que el cura borrachón hablaba el idioma de los gatos). Aparece el juez, la sala estaba llena, no había nadie en la defensa del gato. Trajeron un descarado que decía que él hablaba el idioma de los gatos, pidió una bota de vino, que era para enjuagarse la garganta, y empezó: miaassuu,fffuuuffi, rarara, y cuarenta cosas más.

El juez, al darse cuenta que era un descarado, lo mandó para la prisión y con la condena de pagar por el vino que se había tomado. El juez iba a dictar sentencia, queriendo decir…te pusiste fatal. Llega en ese momento un señor bien vestido, y le dice al juez, como es natural después de poner con disimulo una bolsa con unas cuantas monedas en la vestimenta del juez: “Mi gato no es mambí, él ha acabado con los ratones Mambises que se atrevían entrar en nuestra humilde casa”. Mi mujer se encuentra enferma, después de lo pasado en nuestra casa, a la pobre le han dado como cincuenta cocimientos diferentes. El juez volvió a mirar la bolsa. Se juzgó nuevamente al ex-gato mambí y salió absuelto.

Cuando vuelve para la casa, el gato no mataba ni a las hormigas y la casa se les llenó de ratones mambises, cucarachas y cuanto animalejo podía caminar. Murió dos semanas después de un ataque del corazón, eso fue lo que dijeron.

El sinvergüenza del cura Antolín fue el que despidió el duelo. Así se vivía en aquellos años. Las autoridades cometieron muchos abusos e injusticias contra los cubanos, recordemos el fusilamiento de los estudiantes de Medicina y otros.

Así es la vida.

 

Cuba como objeto de ambiciones territoriales: El Manifiesto de Ostend (1854)

©Roberto Soto Santana, de la Academia de la Historia de Cuba (Exilio)

Hace poco más de un siglo y medio, como consorte de Carlos XIV (el antiguo Mariscal Bernadotte), se sentaba en el trono de Suecia Eugenia de Beauharnais (hermana de Julia, esposa del ex rey de Nápoles y ex rey de España José Bonaparte –a quien el pueblo llano hispano en su momento apodó despectivamente “Pepe Botella”-). Noruega estaba sometida a una unión personal con el rey de Suecia, y en Dinamarca (cuya soberanía se extendía sobre el ducado de Schleswig-Holstein, Islandia, Groenlandia y las islas Feroe) reinaba Federico VII, el último de los Oldemburg. Estos países nórdicos vivían en una economía fundamentalmente agraria (faltaban todavía cuatro décadas para su industrialización), con altas tasas de emigración (mayoritariamente a los EE.UU.).

En Francia, con el nombre de Napoleón III (quien mediante la técnica del golpe de estado había transformado la Segunda República en Segundo Imperio), el nieto de Napoleón I y de su primera mujer, Josefina de Beauharnais, llevaba dos años en el solio imperial Luis Napoleón (con su consorte la española Eugenia de Montijo),. Los soberanos de Suecia y Francia resultaban, así, ser primos lejanos.

Francia era la primera potencia europea continental (es decir, terrestre), aunque también mantenía una presencia ultramarina: a sus posesiones de Martinica y Guadalupe en las Antillas, Cayena en la Guayana sudamericana, Senegal en África occidental, y los enclaves comerciales en la India, en el futuro próximo se añadirán -como posesiones o protectorados- Argelia en el norte de África, Nueva Caledonia en el Pacífico, Annam, Tonkin, Cochinchina y Camboya en la Península Indochina.

Italia no estaba aún unificada políticamente. Permanecía dividida entre el reino de Cerdeña (con la costa del Piamonte sobre el Mediterráneo, y fronterizo por tierra con Francia), el ducado de Parma, el ducado de Módena, el Gran Ducado de Toscana, los Estados Pontificios, y el reino de las Dos Sicilias. El antiguo estado veneciano había quedado repartido desde 1797 entre Francia y Austria, por el tratado de Campo Formio.

Francisco José I acababa de empezar su largo y neoabsolutista reinado, como emperador de Austria, sobre ese mosaico inconexo y balcanizante de pueblos hoy constitutivos de los estados de Austria, Hungría, Chequia, Eslovaquia, los antiguos miembros de la Federación yugoslava, y porciones de Italia, Polonia, Rusia, y Rumanía, entonces diseminados por el reino de Bohemia, el archiducado de Austria, el reino de Hungría, el reino de Dalmacia, el reino de Galitzia y Lodomeria, el reino de Croacia y Eslavonia, el reino Lombardo-Véneto, el ducado de Corintia, el ducado de Carniola, el ducado de Salzburgo, el ducado de Silesia, el ducado de Estiria, el ducado de Bucovina, el ducado de Serbia y Tamis Banat, el banato de Temesvar, el gran principado de Transilvania, el margraviato de Moravia, el condado del Tirol, el condado de Gorizia y Gradisca, el estado de Vorarlberg, y el margraviato de Istria.

Los imperios ruso y otomano se mantenían mutuamente neutralizados con el enfrentamiento entre ambos, que culminó con la sangrienta guerra de Crimea.

La Confederación Germánica, creada por el Congreso de Viena de 1815, seguía encabezada por el imperio austriaco y asimismo pertenecían a ella cinco reinos, siete grandes ducados, once ducados, doce principados y cuatro ciudades libres. El más influyente de los reinos era Prusia, cuyo territorio abarcaba una gran franja (sin embargo, no ininterrumpida) en el norte de la actual Alemania. Los países alemanes carecían todavía de una proyección colonial, que sólo se inició a raíz de la creación del Reich en 1871, tras la desastrosa (para Francia) guerra francoprusiana.

Durante el largo reinado de Victoria (1837-1901), Gran Bretaña fue, indiscutiblemente sin rivales, la primera potencia marítima –no sólo europea sino mundial-. En esta sexta década del siglo XIX, el Reino Unido dominaba el comercio mundial y ya desde 1800 era el país más industrializado del mundo. En fecha tan temprana como el año 1820, en sus posesiones coloniales (desde Australia, Nueva Zelanda y Singapur, pasando por la India, hasta el Caribe), vivían 200 millones de personas, un número equivalente entonces a una cuarta parte de la población mundial.

Con una política aduanera proteccionista (como parte de una política económica mercantilista, de exclusión del producto foráneo aunque fuera más barato) frente al librecambismo inglés (que formaba parte de una política económica fisiocrática, interesada en fomentar el comercio exterior, a fin de facilitar la importación de materias primas y fomentar la exportación de manufacturas), España quedaba cada vez más retrasada en su desarrollo económico, además de políticamente aislada, sin influencia alguna en los asuntos políticos mundiales.

Porque las energías de las clases directoras de la sociedad española en la época isabelina estaban volcadas en la política doméstica, carentes de una política exterior provista de continuidad y claros objetivos a largo plazo. Las únicas nuevas incursiones españolas a territorios ultramarinos fueron el asentamiento en Guinea Ecuatorial (a partir de 1845), la aventura marroquí (en 1860) del futuro duque de Tetuán, Leopoldo O’Donnell, y las desdichadas y trasnochadas intervenciones con motivo de la re-anexión de la República Dominicana (entre 1861 y 1865), el desembarco de 6 mil tropas junto a 3 mil de Francia y 600 de Gran Bretaña para cobrar deudas impagadas por México (1861), y la guerra del Pacífico contra Perú, Chile, Bolivia y Ecuador (1864).

Consolidada la independencia de todas las antiguas colonias en Centro y Sudamérica, a España ya sólo le quedaban -en el año de las insurrecciones del camagüeyano Joaquín de Agüero y Agüero y de José Isidoro de Armenteros, y de la segunda expedición de Narciso López (1851), siendo capitán general de Cuba el futuro marqués de La Habana, José Gutiérrez de la Concha- las mismas colonias que en el momento del desastre de 1898, casi medio siglo después: Cuba, Puerto Rico, y Filipinas.

Conservada la inicua institución de la esclavitud tanto en los EE.UU. como en la colonia española de Cuba, las figuras conductoras de la clase política y la sociedad estadounidense habían mantenido durante toda esa primera mitad del siglo XIX un interés expreso, claro y enfático en la adquisición de Cuba.

Consta que así se manifestó documentalmente el ex Presidente Thomas Jefferson, en carta del 29 de octubre de 1808 al Gobernador de Louisiana W.C.C. Claiborne, en carta del 11 de junio de 1823 al entonces Presidente James Monroe (la posesión de Cuba por Gran Bretaña “sería indudablemente una gran calamidad para nosotros. Deberíamos inducirla [a Gran Bretaña] a unírsenos en garantizar su independencia [la de Cuba] contra todo el mundo, excepto España, lo que sería casi tan valioso para nosotros como si fuese de nuestra propiedad”), y nuevamente en carta del 24 de octubre de 1823 al Presidente Monroe (“Confieso honradamente que siempre he mirado a Cuba como la más interesante añadidura que se pudiera hacer nunca a nuestro sistema de estados”).

Y análogamente, el sexto Presidente John Quincy Adams, en una misiva escrita en mayo de 1825, afirmó que, aunque los EE.UU. no deseaban a Cuba en ese momento, no podía tolerar su enajenación a ninguna otra Potencia europea porque “Cuba era para los EE.UU. objeto de importancia comercial esencial”; y al año siguiente, en un mensaje especial dirigido a la Cámara de Representantes y al Senado sobre el Congreso de Panamá declaró que “La situación de Cuba…es de la mayor importancia y calado respecto de los intereses presentes y perspectivas futuras de nuestra Unión” que cualquiera de los otros asuntos que allí deben ser considerados. Al mismo tiempo, su Secretario de Estado, Henry Clay, informó al Ministro en México, Joel R. Poinsett, que, aunque los EE.UU. no deseaban a Cuba, no obstante en caso de su incorporación a cualquier otro estado del continente americano, esa nación debía ser los EE.UU. También Edward Livingston, secretario de Estado en la presidencia de Andrew Jackson, en carta de 1 de septiembre de 1832 dirigida a William Shaler, Cónsul en La Habana, señaló que “corriendo cualquier riesgo, debe impedirse que la Isla pase a otras manos que no sean las nuestras” a fin de conservarla “en manos de España aunque sea a costa de una guerra y, sólo si esto es imposible, buscar su anexión a nuestra Confederación”.

De ahí que de nuevo en 1837 los EE.UU. se opusieran firmemente a la propuesta anglo-francesa de un empréstito de seis millones de libras a España, con la garantía colateral de Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. A pesar de que en 1825, el Ministro de los EE.UU. en España, Alexander Everett, había propuesto confidencialmente al Presidente John Quincy Adams la concesión de un empréstito considerable a España, con Cuba como garantía colateral.

En 1845, fue motivo de alarma para el Ministro español en Washington, Angel Calderón de la Barca, que el 22 de diciembre el Senador David Yulee presentase un proyecto de resolución para que el Senado aconsejase al Presidente abrir negociaciones con España para la cesión de Cuba, previo consentimiento de sus habitantes.

En 1848, bajo la presidencia de James Polk, el secretario de Estado James Buchanan dirigió con fecha 17 de junio un oficio al Ministro de los EE.UU. en España, Romulus M. Saunders, para proponer a España la cesión de Cuba “contra el pago de una cantidad equitativa y completa”, indicando que “la suma de 50 millones de dólares constituiría una amplia indemnización pecuniaria a España por la pérdida de la Isla”, y sugería que “el precio máximo” a ofrecer no debería pasar de 100 millones de dólares. Pero la oferta fue rechazada.

Tras el sonado fracaso de la segunda expedición de Narciso López, que culminó con su ejecución en garrote vil, el Secretario de Asuntos Exteriores británico, Lord Palmerston, en oficios del 17 de octubre y 29 de octubre de 1851 dirigidos al Ministro británico en Madrid, Lord Howden, indicándole debería disuadir a España de ir a la guerra con los EE.UU., subrayaba premonitoriamente (con vista a lo que sucedió efectivamente en 1898) la incapacidad española de asestar “ningún golpe significativo a su adversario mientras que ellos tendrían dos puntos vulnerables expuestos al asalto de su enemigo. Una invasión española de los EE.UU. estaría naturalmente fuera de toda consideración, y en operaciones navales contra el comercio marítimo el pueblo de la Unión norteamericana tendría ciertamente la ventaja sobre los españoles. Pero Cuba y Puerto Rico en uno de los mares, y las Islas Filipinas en otro, serían completamente incapaces de montar una resistencia exitosa contra un ataque por parte de los EE.UU., organizado y dirigido por el Gobierno federal; y una guerra así comenzada por España con el objeto de impedir los ataques filibusteros a Cuba, si a ambas partes se les dejase a sus propios medios, podría terminar con la conquista por parte de los EE.UU. de todas las principales posesiones insulares de la Corona española”.

Ciertamente, en la sexta década del siglo XIX, el poderío naval de ambos países era muy divergente.

En esta misma época, Gran Bretaña disponía de una flota de guerra integrada por aproximadamente sesenta naves de diferentes clases, tonelaje y armamento. De los EE.UU. (65 buques): Navíos de alto bordo, 10 Fragatas, 14 Corbetas, 21 Bergantines, 4 Goletas, 1 Vapores Fragatas, 6 Vapores de 1ra. clase, 9. De España (23 buques): Navíos de alto bordo, 2 Veleros, 2 Fragatas, 5 Corbetas, 6 Bergantines, 6 Bergantines-goletas, 2.

En resumen, hacia 1850 en el mundo sólo contaban –comercial, financiera, militar y políticamente hablando- Gran Bretaña y Francia; y, como Potencia emergente, los EE.UU. Prusia todavía no se había convertido en el más poderoso de los Estados alemanes. En el Oriente, China estaba postrada, sometida a las presiones de Francia e Inglaterra; y Japón continuaba inmerso en el Sakoku o aislamiento que ya duraba doscientos años (hasta que en 1853 el capitán estadounidense Matthew Perry forzó la apertura de los puertos del país al comercio con los extranjeros).

De que los EE.UU. continuaban la política expansionista de sus fronteras al sur y oeste dieron evidencia las andanzas de otro personaje político, John Slidell, que había sido miembro del Congreso (Representante a la Cámara) entre 1843 y 1845, y fue nombrado por el Presidente Polk poco antes del estallido de la guerra con México para negociar un acuerdo que estableciese la frontera sur de Texas en el Río Grande, y ofrecer hasta 30 millones de dólares por la adquisición de California. Slidell sugirió a Polk que podría ser necesaria una demostración de fuerza para persuadir a México a aceptar esos términos, que México rechazó. El general Zachary Taylor, elegido dos años después (en 1849) a la Presidencia del país, fue designado para estacionar sus fuerzas en la frontera mexicana, y a continuación estalló la guerra a resultas de la cual México tuvo que ceder el 55 por ciento de su territorio (un millón trescientos sesenta mil kilómetros cuadrados, que dieron lugar a los actuales estados de Colorado, Arizona, New Mexico, Wyoming, California, Nevada y Utah).

En 1850, el 58 por ciento de las importaciones hechas por España peninsular provino de Francia y Gran Bretaña (y otro 15 por ciento de los EE.UU.) mientras que el 73 de las exportaciones se dirigió a las mismas dos Potencias europeas (y otro 6.5 por ciento a los EE.UU.). El mismo año, de la Isla de Cuba se exportaron mercaderías por 25.4 millones de pesetas y a la misma se hicieron importaciones por 22.3 millones de pesetas.

Es interesante la entrada en escena, a estas alturas, de Pierre Soulé. Nacido en Francia en 1801, muy joven participó en un complot antiborbónico (contra Luis XVIII) y tuvo que exiliarse a Navarra, de donde regresó a los 17 años de edad, gracias a un perdón gubernamental. Radicado en París, compartió las tareas de colaborador periodístico con Alejandro Dumas. Autor de un punzante ataque contra uno de los ministros del rey francés Carlos X, fue procesado y condenado a pena de prisión y multa. Huyó a Haití y de ahí a New York, terminando por asentarse en New Orleans, entrando en la vida política y ocupando un solio senatorial por Louisiana –un estado sólidamente esclavista- en 1847 y de nuevo de 1849 a 1853. A continuación renunció, para aceptar el nombramiento de Ministro de los EE.UU. en España, donde permaneció hasta 1855. Presentó sus credenciales diplomáticas a Isabel II el 22 de octubre de 1853. Soulé siempre se había pronunciado a favor de la anexión de Cuba, y con ocasión de la “Vicalvarada” (combate simulado librado en la población madrileña de Vicálvaro), promovida por los generales Leopoldo O’Donnell y Dulce contra el gobierno del conde de San Luis, dirigió un despacho desde Madrid al Secretario de Estado Marcy, el 15 de julio de 1854, en el que proclamaba “¡Qué momento para tomar en nuestras manos la cuestión de Cuba, cuando parece casi imposible lo podamos lograr en el futuro excepto por la fuerza de las armas!”

Por otra parte, el 10 de octubre de ese mismo año 1853, John Y. Mason, otro ex miembro del Congreso y ex Secretario de Marina, convencido proesclavista y ferviente antiabolicionista, recibió el nombramiento de Ministro de los EE.UU. en Francia (por recomendación del futuro Presidente de la Confederación secesionista sureña, Jefferson Davis). Mason favorecía la anexión de Cuba, como dejó claro en su despacho del 5 de julio de 1854 dirigido al Secretario de Estado Marcy, propugnando el aprovechamiento de la ocasión del levantamiento en Madrid de los partidarios del Partido Moderado a comienzos de ese mes, “para forzar el arreglo de la cuestión cubana”.

Y, por último, el futuro 15º Presidente de los EE.UU., James Buchanan, que había sido Senador de 1843 a 1845 y Secretario de Estado entre 1845 y 1849, fue designado en 1853 Ministro de los EE.UU. ante Su Majestad Británica. Buchanan, en la misiva que con fecha 11 de diciembre de 1852 dirigió al Presidente electo Franklin Pierce, había dicho que “las relaciones exteriores del Gobierno y especialmente la cuestión de Cuba ocuparán el lugar más conspicuo en su Administración” y expresado su creencia de que “Cuba puede ser adquirida por cesión sobre la base de términos honorables; y no desearía adquirirla de ninguna otra manera”. Esta preferencia por una adquisición pacífica de Cuba la reiteró Buchanan en oficio dirigido al Secretario de Estado Marcy con fecha 8 de marzo de 1853, y el 18 de abril de 1854 en otro despacho a Marcy en el que proponía lograr dicha adquisición a través de los buenos oficios de los tenedores europeos de bonos españoles y de la Reina Madre (Doña María Cristina de Borbón).

Como relató en un despacho fechado el 4 de noviembre de 1854 y dirigido a Peter D. Vroom (Ministro de los EE.UU. en Persia) el entonces Secretario de Estado William Marcy (nombrado el 7 de marzo de 1853 por el Presidente Pierce), “el Presidente fue inducido a creer que una conferencia del señor Buchanan y el señor Mason con el señor Soulé podría posiblemente conducir a algo favorable a nuestras negociaciones con España”. Así, el 16 de agosto de 1854 Marcy propuso a esos tres Ministros “un completo y libre intercambio de puntos de vista” en una conferencia a celebrar “tan pronto como sea posible, en algún punto céntrico (digamos, París), para una consulta conjunta, a fin de comparar opiniones respecto de lo que puede ser aconsejable, y adoptar medidas para la perfecta concertación de una acción que ayude” en las negociaciones de Soulé en Madrid, conducentes a la definitiva adquisición de Cuba. Soulé fue autorizado a fijar la fecha del encuentro y, según las instrucciones de dicha fecha a los tres Ministros, a su conclusión se debería enviar un informe directamente al Departamento de Estado.

La conferencia de los tres Ministros no pudo tener lugar en París, por una indiscreción del Secretario de Estado Auxiliar A. Dudley Mann, el que arribó a la capital francesa en viaje de vacaciones el 19 de agosto de 1854, donde coincidió con Mason y Soulé, quienes sólo esperaban la llegada de Buchanan desde Londres, para dar comienzo a la proyectada conferencia, que se suponía sería secreta. En realidad, el periódico español “La Crónica”, publicado en New York, en la página 2 de su edición del 7 de octubre de 1854 fue el primero en notar la conexión entre la presencia en París de los tres principales Ministros de los EE.UU. en Europa y la de Mann. El New York Times, en la página 4 de su edición del 9 de octubre de 1854, profetizó que la reunión estaba convocada para recomendar una política que debía ser aprobada en Washington.

A fin de llevar a cabo la conferencia proyectada con alguna privacidad, Soulé persuadió a Buchanan de trasladarse a Ostend (una pequeña localidad belga). Soulé partió hacia allí el 5 de octubre, y Mason y Buchanan el 7 de octubre. Tal vez por el seguimiento del espionaje francés, los tres diplomáticos estadounidenses decidieron pedir un visado de entrada al Cónsul prusiano y el 10 de octubre se trasladaron a la ciudad de Aachen (en la frontera prusiana con Bélgica y Holanda), según despacho fechado el 11 de octubre, del Cónsul francés en Ostend, M. de Montigny, al Ministro francés de Asuntos Exteriores Edouard Drouyn de Llhuys

Al fin, los tres diplomáticos estadounidenses concluyeron su conferencia el 15 de octubre de 1854, y en su informe al Secretario de Estado Marcy, trasladado por propio de Soulé fechado el 20 de octubre y encomendado al Cónsul en París Duncan K. MacRae, manifestaron, entre otras cosas, que

- “Hemos llegado a la conclusión, y estamos completamente convencidos, de que debe realizarse un esfuerzo serio por parte del gobierno de los EE.UU. para adquirir a Cuba de España a cualquier precio que pueda ser obtenida, sin exceder de la suma de 120 millones de dólares” (aunque este espacio quedó en blanco en el texto, más adelante en el informe se habla de que 1/3 del precio a pagar por Cuba equivaldría a cuarenta millones de dólares, con lo que aritméticamente está claro que la cifra manejada era la de $120 millones)

- “Debe quedar claro para cualquier mente reflexiva que, dada la peculiaridad de su posición geográfica, y la consideración que corresponde a la misma, Cuba es tan necesaria a la república norteamericana como cualquiera de sus actuales miembros, y que por naturaleza pertenece a la gran familia de estados de los cuales la Unión es el vivero providencial”

- “Desde su ubicación domina la boca del Mississippi y el inmenso y anualmente creciente comercio que debe buscar su salida al océano”

- “La salida natural y principal de los productos de toda esta población [de la cuenca del Mississippi], el cauce de su interrelación directa con los estados del Atlántico y del Pacífico, nunca puede estar a salvo, sino estará siempre en peligro, mientras Cuba sea una dependencia de una Potencia distante en cuyas manos ha demostrado ser una fuente de constante perturbación y desazón para sus intereses”

- “En verdad, la Unión no puede jamás disfrutar de reposo, ni tener una seguridad confiable, mientras Cuba no esté comprendida dentro de nuestras fronteras. Su inmediata adquisición por nuestro gobierno es de una importancia esencial, y no podemos dudar de que su consumación es devotamente deseada por sus habitantes”

- “Además, las naciones comerciales del mundo no pueden dejar de percibir y apreciar las grandes ventajas derivadas para su pueblo de la disolución de la forzada y antinatural conexión entre España y Cuba, y la anexión de esta última a los EE.UU. El comercio de Inglaterra y Francia con Cuba asumiría, en ese caso, un carácter importante y rentable, y se extendería rápidamente con el aumento de la población y la prosperidad de la Isla”

- “Es seguro que, si los cubanos mismos organizan una insurrección contra el gobierno español, y si otras naciones independientes acuden al auxilio de España en la contienda, ningún poder humano podría, en nuestra opinión, impedir que el pueblo y el gobierno de los EE.UU. tomaran parte en tal guerra civil, en apoyo de sus vecinos y amigos”

- “Seríamos infieles a nuestro deber e indignos de nuestros gallardos antepasados, cometeríamos lesa traición contra nuestra posteridad, si permitiéramos que Cuba se africanizase y se convirtiera en un segundo Santo Domingo, con todos los horrores que recaerían sobre la raza blanca, y las llamas se extendieran a nuestras propias orillas cercanas”

- “Una larga serie de perjuicios a nuestro pueblo ha sido cometida en Cuba por funcionarios españoles, y está sin reparar. Pero recientemente ha sido perpetrado en el puerto de La Habana un insulto flagrante a los derechos de ciudadanos norteamericanos y a la bandera de los EE.UU., en circunstancias que, sin una inmediata reparación, habrían justificado el recurso a medidas de guerra en reivindicación de nuestro honor nacional. Ese insulto no sólo permanece sin expiar, sino que el gobierno español ha sancionado deliberadamente los actos de sus subordinados y ha asumido la responsabilidad sobre los mismos”

- “Nuestras recomendaciones ahora sometidas están dictadas por la firma creencia de que la cesión de Cuba a los EE.UU., bajo estipulaciones tan beneficiosas para España como las sugeridas, es el único modo efectivo de arreglar todas las pasadas diferencias, y asegurar a ambos países contra futuras colisiones”.

En última instancia, el contenido del informe que ha pasado a la Historia como “manifiesto de Ostend” fue objeto de repudiación expresa por el Secretario de Estado Marcy, en despachos dirigidos a los tres comisionados (a Soulé, con fecha 13 de noviembre de 1854; a Mason y Buchanan, con fecha del día siguiente). En ese documento estaban todos los ingredientes del intervencionismo: la agitación del fantasma de la población negra y el del espectro de la guerra civil, el “incidente” que justifica la incursión punitiva (esta punto hace evocar otro episodio muy posterior en el puerto habanero: el hundimiento del acorazado Maine), la calificación de manzana que por gravitación política eventualmente caería en manos de los EE.UU. que el Presidente John Quincy Adams hizo en mensaje de 1823 a Fernando VII, y la cesión del país por un precio, que incluso se fija unilateralmente de antemano.

La exposición de las líneas maestras del texto de dicho informe por el Herald de New York, en un editorial del 18 de noviembre de 1854, reveló las miras beligerantes del Presidente Franklin Pierce (con su consideración de la intervención como medio in extremis para la anexión de Cuba) y la invocación de la posible africanización de Cuba como un peligro a atajar, lo que favorecía el interés de los sureños racistas por la adquisición de otro estado esclavista más para la Unión. En 1854, en los 16 estados de Iowa, Wisconsin, Illinois, Indiana, Michigan, Pennsylvania, New York, New Jersey, Maine, Vermont, New Hampshire, Massachussets, Connecticut, Ohio, Rhode Island, New Jersey, y en los territorios de California, Oregon, Washington, y Minnesota la esclavitud estaba prohibida, y estaba permitida en el Distrito de Columbia, en los 15 estados de Alabama, Arkansas, Delaware, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, Missouri, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Texas y Virginia, y en los territorios de Kansas, Nebraska, Utah y New Mexico. La incorporación de Cuba como una estrella más en la bandera estadounidense equilibraría el número de estados libres y esclavos, añadiría dos votos más en el Senado para los esclavistas sureños, y abriría un territorio feraz a la recolonización, e inmensas posibilidades para emprender nuevas empresas agrícolas, comerciales e industriales, además de pasar a manos de los EE.UU. la llave del Golfo (que no por gusto simbólicamente aparece en nuestro escudo republicano).

La agitación política derivada de este desembozadamente anexionista Manifiesto hizo que en las elecciones de 1854 el Partido Demócrata del Presidente Franklin Pierce perdiera 73 escaños en el Congreso (pasando de 157 a 84) y el Partido Whig descendiera de 71 a 60 asientos, mientras que el novel American Party (de ideología confusamente anticatólica) ganaba 62 y el también recién fundado Partido Republicano alcanzaba 46 –el total de escaños en juego era 252-.

La revelación del manifiesto de Ostend tuvo el efecto de socavar las ilusiones de algunos anexionistas cubanos, tales como Gaspar Betancourt Cisneros (el Lugareño), en cuyo discurso central en el acto de homenaje celebrado en 1854 en New Orleans a la memoria de Narciso López y demás expedicionarios fusilados junto a él dijo: “La independencia de Cuba es el primer artículo de nuestro programa revolucionario. Por aquí vendrán ustedes en conocimiento de cuán lejos estaba de la mente de Narciso López y de los caudillos de la revolución la idea de anexionar Cuba a los Estados Unidos por medios indignos, humillantes y derogatorios de la dignidad del pueblo cubano. España, señores, es una madre injusta, y los azotes y los ultrajes y las vejaciones de una madre jamás infamaron a sus inocentes hijos. El Gobierno español en Cuba es el ladrón que roba y despoja a Cuba de cuanto tiene; pero el Gobierno de los Estados Unidos es el raptor que la viola y deshonra. Yo, a nombre de Narciso López, a nombre del pueblo cubano, en el seno de esta asamblea, y en presencia de Dios, quiero dejar consignada nuestra solemne protesta contra el raptor y violador de Cuba”.

Quedaba claro que los cubanos no tenían otro camino que tomar para alcanzar las libertades que les pertenecían sino la lucha por la Independencia.

 

La Expulsión de los Jesuitas de Cuba en 1767

©René León, de la Academia de la Historia de Cuba (Exilio)

Uno de los acontecimientos más notables del reinado de Carlos III fue la expulsión de los jesuitas (1767). El pueblo español no se había vuelto menos católico que antes, pero una minoría liberal imbuida de un nuevo espíritu escéptico y racionalista, procedente de Francia, no sentía la exaltación religiosa de siglos anteriores. Por otra parte, el poderoso influjo de la Compañía de Jesús, a la que se acusaba de aspirar a una monarquía universal, juntamente con las ideas absolutistas en el gobierno, y su enemistad con las otras órdenes religiosas, motivaron su expulsión. Lo mismo hicieron otras naciones, como Francia, Portugal y Nápoles.

El Conde de Aranda fue el reformador y el administrador del gobierno de Carlos III. Era un hombre con gran habilidad para llevar las riendas del gobierno, pero era anticlerical. En Marzo de 1766, el rey abandonó Madrid con rumbo a Aranjuez, al temerse un atentado contra su vida. Dicho complot se creía había sido preparado por ciertos clérigos y miembros de la monarquía. La orden de los Jesuitas era la que se encontraba complicada en el complot. Todas estas suposiciones tuvieron su fuente en un intento de asesinato contra el rey José de Portugal, del cual se dijo fue preparado por los jesuitas, llevando al Marqués de Pombal a tomar enérgicas medidas contra los clérigos.

El 27 de Febrero de 1767, el rey Carlos III firmaba la orden de expulsión de los jesuitas de España y de sus colonias. La primera potencia en expulsarlos de sus territorios en 1750 fue Portugal, gracias a los esfuerzos del Marqués de Pombal. La segunda fue Francia (decreto de Luis XV, 1764). El decreto de expulsión de Carlos III fue del 2 de abril de 1767. Es conocida, por lo demás, la protección dispensada por otros soberanos no católicos, entre ellos Catalina II de Rusia y Federico II de Prusia. Menéndez Pelayo, en Historia de los heterodoxos españoles, vol. VI, pp. 192-194, afirma que: “la expulsión de los jesuitas contribuyó a acelerar la pérdida de las colonias americanas”, pero aclara sólo por la decadencia cultural y religiosa que se produjo.

Se decía que el Conde de Aranda influyó en esta medida enérgica. Éste decía que los Jesuitas aspiraban a una monarquía universal y señalaba su enemistad hacia las otras órdenes religiosas. No se les permitió llevarse nada de sus propiedades, enviados a España y luego a Italia. En el año de 1773 el Papa Clemente XIV firmó una Bula en Roma, por la que se suprimía la orden religiosa de los Jesuitas. La obra que realizaban éstos en Paraguay, en sus Misiones, terminó bruscamente con esta medida, volviendo los indios al abandono en que los habían tenido en los primeros años de la colonización.

En Cuba, al momento de recibirse la orden de la expulsión de los Jesuitas, gobernaba Bucarely. Uno de sus hombres de confianza, don José de Armona, testigo ocular, nos refiere en sus memorias los sucesos de dicha medida. Don Jacobo de la Pezuela, en su Historia de la Isla de Cuba, Tomo Tercero, Librería de Carlos Baillo-Bailliere, Madrid, pag. 59-70, incluye todo lo referente a la expulsión:

“El correo entró en la Habana el 14 de mayo por la mañana temprano. El capitán saltó en tierra con pliegos, y me dijo que venía lleno de cuidado sin saber por qué. A su salida se discurría en la Coruña que fuesen cosas de guerra. Yo bajé á la oficina á las seis de la mañana, mandé llamar al contador y á los oficiales; se cerraron las puertas, y abrí los pliegos de oficios que venían para mí.

“Una órden de puño propio del ministro de Estado marqués de Grimaldi me puso alerta con varias precauciones de “brevedad” y seguridad para los demás pliegos, asegurando yo con la una y otra al servicio del Rey, sin decirme otra cosa en el asunto, sino que todos los gastos se hiciesen de cuenta de la renta de correos, llevando cuenta separada de ellos; y que yo se la había de dar muy puntual al Rey por su mano de cuanto hiciese y resultase en el asunto, en cumplimiento de sus reales órdenes.

“Se llamaron los pliegos por el inventario y salieron cabales. Eran los principales y algunos duplicados, hasta el del gobernador de Buenos Aires D. Francisco Bucarely, que no pudo ir por vía directa y fue preciso enviarle por Cartagena, Quito y Lima, hasta llegar por tierra á su destino. Traían todos el sello del conde de Aranda, presidente del Consejo de Castilla. Envié los suyos al gobernador D. Antonio María Bucarely, quien me despachó documento de solvencia: yo me retiré á meditar un rato, elegir personas y contar las expediciones que debía hacer; fletar algunas embarcaciones y dar materiales para trabajar á las oficinas; idear y disponer unas cortas instrucciones para los capitanes y otras personas que habían de llevar los pliegos, y que en desembarcando tenían que viajar por tierra.

“En los días 15 y 16 se despacharon diez y siete correos por mar y tierra. El tiempo los favoreció de tal modo, que llegaron á todas partes antes de lo que regularmente podía esperarse. Acuérdome de que el gobernador de Campeche D. Cristóbal de Zayas me escribió diciendo que yo le tenía asustado, porque en solo seis días había recibido un pliego; que abierto este pliego contenía otro cerrado, y que este cerrado, no se podía abrir hasta que pasaran tantos días. ¿Pues para qué tanta prisa y para qué el práctico que me lo ha traído ¿ ¿Ha desembarcado en la costa por venir más presto y excusar el rodeo por el puerto de San Francisco? ¿Para qué le dijo usted que desde la costa volase á encontrarme donde estuviese? ¿Tendremos que andar con los fusiles á cuestas? Yo contaba estas sencillas gracias de Zayas á don Antonio Bucarely, y fueron motivo para que entrase en cuidado viendo amenazada de algún peligro la ejecución del todo que tanto encargaban las órdenes del Rey. Se debía temer que ejecutando Zayas su operación en Campeche con anticipación, podía saberse en Méjico, Puebla y otras partes mucho antes de que llegase el tiempo prescrito para hacerla en ellas y así malograrse. Pero este cuidado no me lo dijo hasta después de todo,

“Los pliegos para Filipinas se despacharon por el puerto de Acapulco en la goleta llamada Sinaloa, cuyo viaje, aunque por tan vastos mares, fue muy regular.

“El marqués de Grimaldi me prevenía, sin hablar del contenido de los pliegos, que los de Filipinas se despachaban por cuatro vías diferentes. Primera, por el correo de gabinete muy experimentado D. Pedro Lentillac, que había marchado con pasaportes y créditos para atravesar por Europa el imperio de Rusia y embarcarse por un puerto de China para pasar á Manila: se le había mandado que volviese por Acapulco, Méjico y la Habana, donde yo le haría dar cuanto pidiese á su retorno. Segunda, por la Habana y Acapulco. Tercera y cuarta vía, por un navío francés y otro holandés, que hacían viajes á China desde sus puertos.

“El correo de gabinete ganó á todos. Llegó á Manila cinco días antes que la Sinaloa. El administrador de la estafeta de Manila le dio cuanto quiso, y quiso poco. No fue de su gusto volver por Acapulco, atravesar Nueva-España y hacer el viaje por mar á la Coruña ó Cádiz. Volvió pues á España por donde había ido al Asia, y llegó á Madrid con perfecta salud.

“Los demás pliegos llegaron bien á sus destinos y los gobernadores me avisaron sus recibos por los mismos que se los llevaron.

“La operación de Bucarely fue maestra en su clase, porque en el gobierno había secretos motivos para recelar alguna cosa. Apenas abrió sus pliegos se encontró con otros cerrados: una orden suelta le prevenía que no los abriese hasta después de pasados tantos días; que los guardase con mucho cuidado y en parte muy segura. Yo le veía con frecuencia y amistad; pero nunca me dijo una palabra sobre este asunto. El me veía á mí con el afán de despachar correos á todas horas y para todas partes; y así haciendo la deshecha, me dijo una noche con disimulo delante de muchas personas: ¿Qué es esto Sr. Armona? El marqués de Cárdenas me ha dicho que usted, encerrado en su despacho, tiene á sus oficinas en gran acción; que usted no recibía á nadie esta mañana, ni á sus amigos, no haciendo otra cosa que despachar correos á diestra y siniestra, y que si él no es mal profeta en su patria, la guerra nos va á caer encima.”

“A lo menos para mí ya la tengo en casa, le respondí, porque se duerme poco, se trabaja mucho y nada se sabe de lo que se trae entre manos. Pero Europa está dormida ó muy tranquila, y no me parece de esperar tan pronto lo que pronostica el marqués de Cárdenas solo por lo poco que ha visto.

“A la verdad, el gobernador pasó malos ratos desde que recibió sus pliegos hasta la hora de su apertura. Era hombre de mucha y viva imaginación, impenetrable en el secreto, de suma actividad sin conocérsele, ni salir de su despacho, y gran trabajador. Se precisaba de hacerlo todo por sí, depositando sus ideas en garabatos griegos ó caldeos, que sólo podía descifrar su secretario de gobierno D. Melchor de Peramás, cabalmente cortado para las medidas sevillanas de su Bucarely. Después que salió de estos cuidados, me dijo que desde su despacho hasta el salón de órdenes había dado mas de mil paseos pensando en el misterio de los pliegos, los cuales siempre habido tenido bajo llave y bien prevenidos, por si moría antes de llegar la hora de verlos con la advertencia del día en que debía romperlos su sucesor en el mando; que de todos sus paseos nunca pudo sacar de su cabeza otra cosa que el exterminio de los jesuitas, juntando con sus antecedentes lo que sabía, todo lo que ignoraba y lo que podía encerrar el misterio de los pliegos.

“Llegó el día de abrirlos: Nadie le conoció nada; se quedó con su ordinaria tranquilidad y disimulo público. El solo, y en lo preciso con su secretario lo hizo todo: órdenes preventivas á los comandantes respectivos de los cuerpos, para que en sus cuarteles respectivos tuviesen tal número de tropa sobre las armas á puerta cerrada y con gran silencio en la noche destinada para la ejecución; al comandante del castillo del Morro, para tener cargada y asestada su artillería contra la muralla del colegio de San Ignacio que baña el mar para romperle la brecha y salir por ella al embarque en el caso forzoso de algún movimiento popular, dándole las señales que debían preceder para este extremo; al sargento mayor de la plaza y á sus ayudantes de mejor cabeza, para que en la misma noche desde las diez en adelante rondasen todas las calles con partidas, y con buen órden y modo hiciesen recoger los mozos que anden por ellas cantando con guitarras, á los marineros extraviados por las tabernas y algunos vecinos que salen á las puertas de su casa con sus familias. En una palabra, que todo el pueblo quedase sosegado.

“Al teniente rey D. Pascual Cisneros, al brigadier de ingenieros D. Silvestre Abarca y al coronel de la misma arma D. Agustin Crame, les previno de palabra á solas, sin saber nada los unos de los otros, que á las diez y media de la noche se dejasen ver con él en su despacho. A mí me dijo por la tarde, que por la noche á las nueve fuese á tomar con él una jícara de buen chocolate que le habían traído de España. Fui á esta hora y hablamos de mil cosas que no venían al caso. Después que ya estaban allí los otros tres, y que el secretario sin parar un instante entraba y salía para hablarle al oído, me apartó á un lado y me dijo sonriéndose: “Qué es lo que á V. se le figura de todo esto que ve y á estas horas? –Que vamos á dar arma falsa ó un alerta, le respondí, y si no á hacer alguna buena prisión.”

“Esto así, marchamos con él al castillo de la Fuerza, donde encontramos al coronel del regimiento de Lisboa D. Domingo Salcedo con su tropa escogida sobre las armas. Sin caja ni ruido alguno marchó el general con esta tropa a la muda, quedándonos los demás en el cuartel.

“Ocupó á las doce de la noche todas las avenidas del colegio de San Ignacio. Los dos solos pusieron cierta centinelas y oficiales de satisfacción donde le pareció para observar algunas partes y las ventanas. Pasó al cuartel de Dragones inmediato al colegio, y vió que su coronel D. Tomás de Aranguren ya tenía montada su tropa sin hablar una palabra, y el resto de ella, que no debía entrar en facción, bien entregada al sueño.

“A este tiempo nos hizo llamar Bucarely por un ayudante y nos dijo aparte: “Ustedes cuatro son mis auxiliares en este grave negocio del Rey; siempre me han de acompañar y estar a mi lado para cuanto pueda ofrecerse.”

“Llegamos pues á eso de las doce y media de la noche á la portería del colegio. Llamó el sargento mayor, y á la tercera ó cuarta vez respondió el portero. A la órden de que abriese al gobernador, obedeció al instante. Dio aviso al rector, el P. Andrés de la Fuente, natural de la Puebla de los Angeles, y llegó á recibirle cuando ya estábamos á mitad de la escalera.

“Pasamos á la sala rectoral. Allí le previno que hiciese venir á todos los padres de la casa preguntándole cuántos eran por todos. El rector, acompañado de dos oficiales de carácter, fue dando la órden de un aposento á otro, y en cada uno quedaron dos oficiales como de centinela para acompañarlos cuando saliesen y observar si por las ventanas echaban algo á la calle ó á otra parte.

“Junta la comunidad, se puso en pie el gobernador con dos asesores al lado, su secretario y el escribano de guerra. Se puso el sombrero y sacando de su bolsillo el secretario dos candeleros de plata con dos velas de cera se alumbraron y leyó en alta voz el decreto del Rey que estaba impreso. Preguntó después al rector, qué padres misioneros estaban fuera.- En Cuba (Santiago de Cuba) está el P. Villaurrutia y en Bayamo está otro, le respondió. Allí mismo les puso dos órdenes el rector, y Bucarely despachó un correo al gobernador de Cuba (Santiago de Cuba) incluyéndolas con sus prevenciones para que las cumpliese.

“Pasó después con el rector, el procurador del colegio, el secretario y cuatro oficiales á todos los aposentos, cuyas llaves, con las de sus papeleras y papeles, pidió el rector á cada uno. En ellas se recogieron cuantos manuscritos y cartas tenía cada padre. Se formaron paquetes de ellas por cada uno, cerrados y sellados con lacre, rotulados por fuera con la explicación necesaria, y al fin autorizados con la firma de todos. Entre tanto, los cuatro auxiliares nos quedamos en la rectoral á solas con dos padres que no dejaban de acercarse á las ventanas, aunque habían quedados muy sorprendidos con el decreto del Rey, la circunspección y las formalidades del gobernador.

“Serían las tres de la mañana á pesar de sus muchos años, había sido echado de Méjico, encarándose á mi dijo: “Sr. D. José, ¿ha venido alguna embarcación de España? –Ninguna, le contesté, desde el correo marítimo que vino esto, me replicó el viejo admirado, que después de tanto tiempo nada se ha sabido? –Por ahí verá el P.Araoz cómo van ahora las cosas, le respondí.”

“La diligencia del gobernador sobre los papeles era larga. Entre cuatro y cinco de la mañana entraron por disposición suya chocolate, café, leche y otras cosas para desayuno de los padres, todo hicieron su deber. En la misma sala y siempre acompañados estuvieron treinta y seis horas, pero sumamente asistidos y considerados en todas las cosas posibles.

“El gobernador con sus precauciones recogió algunos papeles que iban de afuera y por diferentes modos se les quisieron introducir. Eran papeles de damas sin firma, pero de letras conocidas, y con esto se avivó por instantes el embarque.

“Habilitada la embarcación con buenos acomodos y abundante rancho, los sacamos del colegio en seis coches á las ocho de la noche. A los lados de cada coche iban dos personas nombradas. D. Agustín Crame y yo íbamos con el primero. El gobernador y el teniente rey cerraban la retaguardia con el último en que iba el rector Poblano.

“Al volver de una esquina llegó de golpe un embozado á hablar con el de nuestro coche. El P. Tomás Butler que había sido por muchos años el consultor y confidente de los gobernadores, el eje que movía los negocios de la Habana y el dueño de las principales casas y familias. Crame, que iba por aquel lado, se le echó encima en cuanto pudo percibir alguna palabra. El embozado desapareció al instante al verse tirar de la espada.

“Los embarcamos en el bote del mismo gobernador, y en la fragata los recibieron algunos oficiales que se habían puesto para hacerles guardia hasta el amanecer en que se hicieron á la vela.

“El rector, que encontró á bordo de ella al práctico del puerto, amigo suyo, le dijo: “¿Se sabía en la ciudad que nos sacaban esta noche? –Sí, padre, le respondió. -¿Pues dónde estaba todo el pueblo? ¿Estaban acobardados todos?” Por la mañana el práctico dio cuenta de estas interrogaciones al gobernador y mandó que hiciese formal declaración para que constasen en el expediente judicial.

“La ciudad en la parte que se componía de sus gentes naturales, y sobre todo las mujeres mas principales, ricas y devotas, sintió y sintieron vivamente una catástrofe tan inesperada para ellas, que no pudieron disimular su pena ó su sorpresa desde el instante mismo.

“El gobernador con sus cuatro auxiliares y secretario reconoció á su tiempo todos los papeles sellados. Se apartaron los manuscritos y las cartas útiles. Se rompieron muchas y muchas esquelitas de damas devotas. Dio cuenta á S.M. de todo; se aplaudió su conducta y salió con muchas satisfacciones. Los jesuitas de la Habana fueron los primeros de América que llegaron á España y desembarcaron en Cádiz.

“Pero este laborioso y atento general, libre por medios de los cuidados de su casa, no lo estuvo por los de las casas ajenas. La Habana, escala de toda América, Santa Fé y el Perú de las Californias, de las Islas Marianas y las Filipinas. Hubo temporada en que llegaron a juntarse en la Habana más de trescientos cincuenta individuos de tan ilustre, tan virtuosa y cándida familia. Sabios y poetas, hombres astutos, pacíficos, virtuosos, humildes y turbulentos; lo más fino, lo más profundo del gobierno jesuítico estaba en la bahía repartido en navíos de guerra y en los anchurosas casas de Regla, donde se puso un comandante militar con instrucción reservada y tropa de guardia.

“Apenas hubo día en que no recibiese Bucarely reservados avisos de los comandantes, cartas ó representaciones de los provinciales y rectores, quejas ó denuncias de los jesuitas oprimidos y trágicas noticias de algunas cosas que ocurrieron entre ellos.

“Mucho modo, mucha espera, atenciones y caridad con los prelados y pacientes; regalos de cosas frescas, tabaco, dulces y chocolate; ropa, pañuelos, medias y camisas, con algo más que salía del bolsillo y de la caridad del gobernador. Quiso ser y fue el continuo socorro de cuantas jornadas jesuíticas vinieron al puerto. El entrar en pormenores, en la muerte de un jesuita de Lima que al acabar una siesta apareció ahorcado y colgado de una ventana dentro de la casa de Regla, de una desgracia “sucedida, decían los padres, irremisiblemente sin verla para impedirla ninguno de los cuarenta que estaban en el salón durmiendo profundamente;” el entrar, vuelvo a decir, en esos detalles, sería extender la narración mucho más de lo que corresponde á estas apuntaciones. Bucarely, después de muchos desvelos, concluyó toda la obra con felicidad.”

El gobernador Bucarely ordenó un minucioso inventario de las propiedades de los jesuitas para ser enviado al rey.

 

INVENTARIO DE PROPIEDADES (Valoraciones en pesos)

Ingenio de San Ignacio de Río Blanco 166,420 pesos

Una manzana de casas frente al convento de Santo Domingo 15,776

La casa núm. 97 de la calle de Aguacate 4,205

La casa núm. 66 de la calle Luz 1,096

La estancia de San Lázaro 2,908

Casa de la loma de San Antonio 2,023

Casa de la calle Pedroso 1,983

Tierras en Sibarimar 14,770

Hatos de Puercos Gordos 45,796

Hacienda de Guaiquibá 12,966

Hacienda del Salado 17,503

Asiento viejo de Puercos Gordos 775

Hatillo de Santo Domingo 2,386

Tierras de Bacunaguas 4,223

Tierras de San Bartolomé de Bacunaguas 4,149

Corral de Santo Domingo 5,152

Tierras en Mayarí 3,669

En el ingenio de Barrutía 65,390

En el de San Juan de Poveda 82,511

Impuestos en otras fincas rurales 12,711

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Valoración total de las propiedades 466,418

Hasta aquí lo aparecido en el libro de Pezuela, de las Memorias de don José de Armonatestigo de lo sucedido en la expulsión de los padres jesuitas. La información sobre el valor de las propiedades de ellos fue preparado por el contador D. Antonio Charum en agosto 26 de 1775. En el año de 1721, habían llegado los jesuitas a Cuba. Durante ese tiempo trabajaron para poder levantar este capital. Gran parte de él fue de donaciones de personas influyentes y legados que recibieron en testamentos dejados por feligreses. Sus propiedades pasaron a manos del reino y gobierno de la isla, aumentando las rentas unos treinta mil pesos anuales. Al pasar el tiempo, el rendimiento de las propiedades incautadas bajó considerablemente, y muchas de ellas con el tiempo fueron vendidas a propietarios particulares. El resto de las que iban quedando fueron administradas por la fiscalía de la ciudad.

Antonio Bachiller y Morales, en su libro Apuntes para la Historia de las Letras y de la Instrucción Pública en la Isla de Cuba, Reedición de la Editorial Cubana, Miami, 2006, pág.288, dice : “Las precauciones en que se procedió a dar cumplimiento a las disposiciones adoptadas para la supresión, dieron a esas medidas un aspecto de terror, y la Habana, poco avezada a grandes acontecimientos quedó afligida y dada a extrañas cavilaciones sobre lo inaudito de ver tan mal parados a los maestros de sus hijos y a los sacerdotes del Señor; no comprendían que en las leyes de la humanidad no podía ser la luz que vino al mundo para el bien de todos, monopolizada por nadie, ni existir en un país dos poderes extraños y rivales. Llegó al colmo el escándalo de nuestros buenos mayores, cuando vieron conducir preso al Padre procurador al convento de Santo Domingo, en calidad de depósito, mientras daba sus cuentas (o raciocinios, como les placía más a los curiales de aquellos tiempos) a la Junta creada para entender en todas estas materias.”

Sobre los jesuitas expulsados no sólo de Cuba, sino de los otros países de América, muchos de ellos ayudaron a expandir la idea de la independencia para rebelarse contra España en Europa, donde habían sido desterrados. Como precursores de la emancipación, han aparecido varios libros donde se trata de este tema. El libro del jesuita Vargas Ugarte, Jesuitas peruanos desterrados en Italia, PP. 124-125 y 129-130. El abate Viscardo: Historia y mito de la intervención de los jesuitas en la independencia de Hispanoamérica, Roma, 1953, p. 123. En Recherches sur les Américans,dice:”…los jesuitas expulsos o mejor deportados, el año anterior de España y de sus dominios ultramarinos, estos últimos casi todos criollos y representantes insignes de la cultura intelectual de sus países natales. Había en ellos, exasperados como estaban por la amargura del destierro y por el rencor de la vejación sufrida, un vivo y punzante apego a las tierras que tan brusca, tan brutalmente habían tenido que abandonar.” (J. Lafayeen su libro Quetzalcóatl y Guadalupe. La formación de la conciencia nacional en México,Fondo de Cultura Económica, México, Traducción de Ida Vitale y Fulgencio López Vidarte, 1977. En la página 163: “En primer lugar, su carácter repentino; de un día para el otro, un cuerpo que ocupaba tan importante posición en la vida de Nueva España y en todos los grupos sociales y étnicos que constituían su población fue totalmente arrancado de ella, sin que nada hiciera prever una medida tan radical.” “Las reacciones populares, en todos los grados posibles, fueron registradas en esta ocasión. La más violenta vino de los indios; en San Luis de la Paz, en Sonora, los indios impidieron “a viva fuerza la expulsión y salida de los jesuitas del colegio que con nombre de misión tenían aquí.”, p.162).

Los jesuitas que venían de las Filipinas tenían que cruzar México, y se demoraron tres años por la distancia y lentitud e inconvenientes de aparejar los barcos para su traslado a España. El mismo autor nos dice que: “Los levantamientos de indios fueron frecuentes, en general. Lo singular aunque sólo en cierta medida, fue la brutalidad de la represión y su carácter inmediato.” P.162. Ernest J. Burrus, A Diary of exiled Philippine Jesuits (1769-1770), Archivum Historicum Societatis Iesu, vol, XX, 1951, p.298. En una de sus partes dice: “Este jesuita atravesó Nueva España con sus compañeros. “Encontramos en el puerto de San Blas cantidad de indios de San Luis Potosí y de los alrededores, condenados por haberse amotinado. Habían tomado las armas cuando se les había querido llevar a sus misioneros…(…) Uno de nosotros fue llamado para oír la confesión de uno de esos desdichados: lo encontró tan deshecho a golpes que sólo se veía en él sangre y huesos; y, sin embargo, seguían flagelándolo despiadadamente todos los días”.Charles III et les jésuites de ses états d’Europe et d’Amérique en 1767, documentos inéditos por el padre Auguste Carayon (S.J.), París, 1868, p.374

Otro de los jesuitas de California deja su testimonio: “Mientras que el buque se aprestaba a hacerse a la mar, el 4 de abril, después de las seis horas y veinte minutos de la mañana, se sintió un temblor de tierra que duró cerca de siete minutos (…) en las plazas públicas el pueblo se prosternaba en tierra reclamando con grandes gemidos la misericordia divina, muchos gritaban que bien se veía que el Cielo comenzaba a castigar la expulsión de los jesuitas.” Carayon, p.380.

Todas estas informaciones aparecen en el libro de J.Lafaye. Muchas más, donde la población indígena en México se solidarizó con los jesuitas.

En la ciudad de la Habana, se esperaba que dicha medida traería algún castigo terrible. El pueblo superticioso esperaba lo peor. En octubre 15 se aproximaba hacia las costas de la isla un fuerte huracán, que le llamarían de Santa Teresa, por ser el día que la Iglesia celebra su onomástico. Bucarely, en el informe enviado a la Corte, daba cuenta de todo lo sucedido.

Según el parte, de las embarcaciones que se encontraban en el puerto, solo se salvaron de ser destruídas la fragata “Juno” y “La Flecha”. Las demás embarcaciones quedaron varadas en la costa. Los edificios tuvieron grandes daños, al igual que los almacenes, en especial de víveres. El Morro, la Cabaña y Atarés no sufrieron daños de consideración. De Batabanó, llegó la noticia de que el mar había entrado una legua adentro, y los almacenes de tabaco sufrieron grandes pérdidas. En las plantaciones de caña, los daños fueron enormes. De los barcos correos que salieron rumbo a España, volvió el “Colón” el día 20, desarbolado; del “Quirós” no se volvió a tener noticia.

El pueblo estimaba que esta desgracia había sido un castigo a la ciudad, por la expulsión de los jesuitas de Cuba. En toda la isla se esperaban desgracias iguales o peores. El tiempo fue pasando, y el recuerdo de los padres jesuitas fue quedando en el pasado.

Todas las propiedades fueron declaradas bienes nacionales. Todo esto resultó insólito, en un país como España, de gran fervor católico. Éste fue el acontecimiento de más repercusión en el reinado de Carlos III.

 

JUAN GUALBERTO GÓMEZ:

LA ACTITUD DE UN LIBERAL en los DEBATES

de la CONVENCIÓN CONSTITUYENTE de 1900-1901

EN TORNO A LA LAICIDAD DEL ESTADO

© Roberto Soto Santana, de la Academia de la Historia de Cuba (Exilio)

Como dice el Prof. René León en su estudio sobre el “Manifiesto del Clero Cubano Nativo: A las Autoridades del País: Discriminados por ser Cubanos”1: “Todos los cubanos en tiempo de la colonia en Cuba sabían que no podían contar con el clero español, pues éstos estaban al lado de los enemigos de nuestra revolución y derechos, defendiendo a la Corona, porque era anticubana. El pueblo y los pocos sacerdotes cubanos que había en Cuba sabían que la Iglesia, por conducto del Pontífice Romano, respaldaba 100% la actitud del clero español [a la vez que hacían votos] por el inmediato final de la guerra y la victoria de  España…Los únicos que siempre estuvieron al lado del pueblo cubano en su lucha por la libertad fueron las Logias de Masones, que fueron perseguidos en toda América. En el Primer Congreso de Historia, organizado por la Sociedad de Estudios Históricos e Internacionales, auspiciado por la oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, celebrado del 8 al 22 de octubre de 1942, se reconoció la labor de las logias de Masones en Cuba, que difundieron sus ideas de libertad en nuestro pueblo. En dicho Congreso fueron honradas y se designó beneméritas de la masonería cubana las logias de El Templo de las Virtudes Teologales y a la Gran Logia Española del Rito de York”.

Las generaciones mambisas que organizaron, proclamaron y participaron personalmente en las insurrecciones contra la dominación española en Cuba, ocurridas durante el periodo 1868-1895, incluyeron tanto al comienzo de la Guerra de los Diez Años como en la contienda reanudada con el Grito de Baire, entre otras muchas personalidades egregias (y, al mismo tiempo, Luces de la Masonería), a fundadores de la Logia Tínima Nº16 de Puerto Príncipe (la actual Camagüey) tales como el Marqués de Santa Lucía (Salvador Cisneros Betancourt), Ignacio Agramonte Loynaz (caído el 11 de mayo de 1873 en la acción de Jimaguayú), Carlos Loret de Mola Varona, Bernabé de Varona (“Bembeta”, pasado por las armas inicuamente tras el apresamiento de la expedición del “Virginius”2) –de los 76 sublevados en el Paso de las Clavellinas, el 4 de noviembre de 1868, 72 eran Maestros Masones de esta Logia-; entre quienes “levantaron las columnas” de la Logia Esperanza Tropical Nº9 de Bayamo, a Francisco Vicente Aguilera, Pedro Figueredo Cisneros (fusilado en 1870 en Santiago de Cuba), Carlos Manuel de Céspedes, Manuel (“Titá”) Calvar y Vicente García (asesinado por mano española en 1886, en su exilio de Costa Rica); a Bartolomé Masó y Donato Mármol (entre los iniciadores de la Logia Buena Fe de Manzanillo); y a tantos y tantos otros cuyos nombres harían la lista interminable, entre ellos nuestro Apóstol José Martí y el gran caudillo de la Invasión, Antonio Maceo Grajales.

José Martí dejó escrito³, y el cierre de estas palabras lo repitió el Papa Juan Pablo II en la homilía que pronunció en la antigua Plaza Cívica de La Habana, en el transcurso de su visita a Cuba en 1998 –plaza a la que el atrabiliario Régimen comunista le tiene atribuido el vergonzoso nombre de Plaza de la Revolución-, que “Hay en el hombre un conocimiento íntimo, vago, pero constante e imponente, de UN GRAN SER CREADOR: Este conocimiento es el sentimiento religioso, y su forma, su expresión, la manera con que cada agrupación de hombres concibe este Dios y lo adora, es lo que se llama religión. Por eso, en lo antiguo, hubo tantas religiones como pueblos originales hubo; pero ni un solo pueblo dejó de sentir a Dios y tributarle culto. La religión está, pues, en la esencia de nuestra naturaleza. Aunque las formas varíen, el gran sentimiento de amor, de firme creencia y de respeto, es siempre el mismo. Dios existe y se le adora…Las exageraciones cometidas cuando la religión cristiana, que como todas las religiones, se ha desfigurado por sus malos sectarios; la opresión de la inteligencia ejercida en nombre del que predicaba precisamente el derecho natural de la inteligencia a libertarse de tanto error y combatirlo, y los olvidos de la caridad cristiana a que, para afirmar un poder que han comprometido, se han abandonado los hijos extraviados del gran Cristo, no deben inculparse a la religión de Jesús, toda grandeza, pureza y verdad de amor. El fundador de la familia no es responsable de los delitos que cometen los hijos de sus hijos…Todo pueblo necesita ser religioso….Es útil concebir UN GRAN SER ALTO…para los pueblos es imprescindible afirmar la creencia natural en los premios y castigos y en la existencia de otra vida, porque esto sirve de estímulo a nuestras buenas obras, y de freno a las malas. La moral es la base de una buena religión….Un pueblo irreligioso morirá, porque nada en él alimenta la virtud. Las injusticias humanas disgustan de ella; es necesario que la justicia celeste la garantice.”

También el Generalísimo Máximo Gómez puso por escrito⁴, en carta fechada el 22 de agosto de 1895, su creencia en un GRAN SER ALTO, al decirle a su destinatario, Tomás Estrada Palma: “Soy creyente en una Providencia oculta, que dirige las acciones de los hombres, y es así, que siempre nos queda mucho fuera de la órbita en donde giramos, y todo eso queda al arbitrio de nuestra fortuna, ó desventura”.

Tanto en el siglo XIX como hoy en día, la Masonería, ante la oposición feroz de la Iglesia⁵, hs propugnado la laicidad como regla de oro para la convivencia entre Política y Religión. La Constitución de Guáimaro, promulgada el 10 de abril de 1869, estableció la libertad de cultos, sin reconocer privilegio para ninguno en particular. La Constitución española suscrita el 1 de junio del mismo año, tras el derrocamiento de Isabel II, estableció en su artículo 21 la libertad de cultos, pero dispuso que “La Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica”. Y así permaneció la situación en Cuba bajo la dominación española, hasta que la primera Constitución de la República independiente, aprobada el 21 de febrero de 1901, restableció los principios de la primera Constitución de la República en Armas –la de Guáimaro- en materia de libertad de cultos y de libertad de conciencia, añadiendo la separación entre la Iglesia y el Estado, declarando (todo en un solo artículo, el número 26) que “Es libre la profesión de todas las religiones, así como el ejercicio de todos los cultos, sin otra limitación que el respeto a la moral cristiana y al orden público. La iglesia estará separada del Estado, el cual no podrá subvencionar, en caso alguno, ningún culto”. El celo agnóstico de algunos Delegados les llevó a los extremos de proponer, sin éxito, la exclusión de la palabra “religión” en cualquier parte del texto Constitucional (el caso de Salvador Cisneros Betancourt) o la sustitución de la referencia a la moral cristiana por la de “moral pública” (el caso de Rafael Manduley), o a oponerse a la invocación a Dios en el Preámbulo (como hicieron Salvador Cisneros Betancourt y Martín Morúa Delgado⁶).

Sin embargo, el liberal y librepensador Juan Gualberto Gómez –el brazo ejecutor de Martí en 1895 en el estallido del alzamiento que se conocería como el Grito de Baire-, se opuso, infructuosamente, en su intervención del 26 de enero de 1901 ante la Asamblea Constituyente, a la inclusión de esa cláusula de separación entre la Iglesia y el Estado. Esta actitud, estando en el caso personal de ser un confeso indiferente en materia de religión⁷, la fundamentó el insigne matancero en una preocupación de índole puramente pragmática: “estoy convencido de que en la Constitución no debemos poner nada más que lo que es esencial y fundamental…me inclino a dejar en manos del Estado cubano, si es conveniente y necesario en el día de mañana, el poder dirigirse con las facultades soberanas que la Constitución pueda dejarle, al poder o a los poderes supremos de las diferentes iglesias, para poder regular con ellas el modo como aquellas iglesias habían de desenvolverse dentro de la sociedad cubana…Si yo me preocupara aquí más de los intereses religiosos de una iglesia cualquiera que de los intereses de la sociedad civil cubana y del Estado libre e independiente de Cuba, yo dejaría que se pusiera impunemente ese artículo en la Constitución, porque debo deciros aquí, en voz muy alta, que no será no, la Iglesia la que experimente la necesidad de vivir en relación con el Estado cubano: lo que yo me temo es que la Iglesia sea la que no quiera tendernos la mano…porque, oidlo bien, señores delegados, éste es un pueblo donde no ha habido hasta hoy, y quiera Dios que perdure, donde no ha habido fanatismo religioso…pero este pueblo que no ha sido jamás fanático, fue y es un pueblo católico, éste es un pueblo donde la Iglesia Católica está arraigada, donde en realidad de verdad el culto católico ha sido el único que ha arraigado de una manera positiva...yo que no tengo absolutamente ninguna especie de fanatismo religioso; yo que no soy por desgracia mía un creyente, como algunos de los que aquí se levantan; pues bien, señores, dentro de ese orden de cosas, yo me pregunto…¿creéis como políticos, como hombres previsores, como hombres de gobierno; vosotros creéis práctico que debéis abandonar al azar y a la voluntad de un poder extraño la implantación de ese Estado dentro del Estado cubano, que sea esencialmente hostil a nuestra República independiente y soberana?...yo no os digo que vayáis a pactar con la Iglesia…yo sí os digo que no debéis en manera alguna impedir que el Gobierno futuro, mejor dicho, que los Poderes Públicos de la República, si lo entienden conveniente, lo hagan si cabe…Por otra parte, señores, pensadlo bien, todo lo que parezca persecución de la Iglesia…todo lo que sea perseguir a quien no nos molesta…eso ha de contribuir de una manera poderosa a robustecer su influencia…¿Pensáis en manera alguna que si aquí ponéis en la Constitución la prohibición de que se puedan establecer relaciones entre el Estado y la Iglesia, ya habéis resuelto el problema?”

Sin embargo, el texto del artículo 26 de la Constitución de 1901 pasó íntegramente a ser el artículo 27 de la Ley Constitucional de 3 de febrero de 1934, e igualmente el artículo 35 de la Constitución de 1940, el artículo 35 de los conocidos como Estatutos del Viernes de Dolores (Ley Constitucional de 4 de abril de 1952), y el artículo 35 de la llamada Ley Fundamental de 7 de febrero de 1959, hasta que la Constitución comunista de 1976 redujo la libertad de conciencia y de creencias religiosas a una mera mención inane, neutralizada por la declaración de ilegalidad y punibilidad de la invocación de convicciones religiosas como razón de la negativa o inhibición de la adhesión activa al régimen⁸.

¿Cómo se explica entonces esta actitud de Juan Gualberto Gómez, hombre de la plena confianza de Martí⁹, en aparente contradicción con su apego a la laicidad? Para comprenderlo, es imprescindible analizar el Diario de Sesiones de la Convención Constituyente en su sesión del 26 de enero de 1901¹⁰.

Juan Gualberto Gómez propuso que la frase “la Iglesia estará separada del Estado” fuese suprimida en la Sección 3ª de la Base 13 del proyecto de Constitución. En pro de mantener dicha frase en el texto, el Delegado Emilio Núñez intervino para señalar que “si algo bueno, si algo práctico, si algo útil ha realizado la Intervención en Cuba, es separar la Iglesia del Estado. La mayor calamidad que ha pesado siempre sobre los pueblos latinoamericanos ha sido la unión de la Iglesia con el Estado. Para conseguir su separación, han tenido que derramar torrentes de sangre y dividirse en bandos poderosos.”. El Delegado Fernández de Castro habló a continuación de Emilio Núñez, para secundarlo, “haciendo presente a los señores Convencionales que tengan en cuenta que el hecho de no constar en la Constitución que la Iglesia está separada del Estado, deja en libertad, el día de mañana, á un Gobierno cubano, de unirla si lo tiene á bien. En el mismo sentido se pronunció el Dr. Alfredo Zayas al decir que “desde el momento en que cabe interpretar la Base como dejando en libertad á cualquier gobierno de Cuba para celebrar esa íntima alianza entre una Iglesia y el Estado, y por lo mismo que esa Iglesia en Cuba será probablemente la Iglesia católica, cuya unión al Estado hemos podido ver, apreciar y aquilatar sus resultados…Yo quiero alejar el menor pretexto donde pueda fundarse esa alianza de la Iglesia con el Estado, sea cual fuera esa Iglesia.” Sometida a votación nominal la cuestión, los asambleístas José M. Gómez, Monteagudo, Morúa, Robau, Fortún, Cisneros, Silva, Betancourt, Rius Rivera, D. Tamayo, Sanguily, Núñez, Lacret, Portuondo, Castro, Manduley, E. Tamayo, Bravo Correoso, Alemán, Zayas, Villuendas y el Presidente Cisneros Betancourt estuvieron a favor de mantener la frase relativa a la separación entre la Iglesia y el Estado. Solamente votaron en contra de la separación entre Iglesia y Estado los Convencionales González Llorente, Berriel, Quílez, Quesada, Juan Gualberto Gómez y el ex autonomista Eliseo Giberga.

Manuel Sanguily, con su característica franqueza a la par que elocuencia, resumió el debate sobre la pretensión de eliminar la cláusula relativa a la separación entre la Iglesia y el Estado, señalando que su propósito es “abrir el camino para que el Congreso futuro, para que un Congreso ulterior, después de establecida la Constitución, pueda hacer pactos con la Iglesia católica, y á esto ha quedado reducida, me parece a mí, la cuestión. Y se nos han dicho muchas cosas que, francamente, para mis oídos cubanos, han sido verdaderamente novedades. Se nos ha llegado á hacer creer aquí que la Iglesia católica…va a ser perseguida, y que esta persecución ocasionará revueltas mañana, es decir, que grandes peligros amenazan á la patria cubana; y francamente, no hay nada en este mundo que me haga creer que eso es verdad; porque en todas partes, en muchas leyes y constituciones, se establecen artículos de igual índole, con idénticos propósitos, y sin embargo no ha pasado nada…¿Y van a ocurrir aquí?...Se ha asegurado aquí que éste es un pueblo sin fanatismo religioso, y se ha añadido que lo es porque es un pueblo católico; y yo declaro que este pueblo por ser católico, por el predominio especial, peculiar, pero absorbente del catolicismo, ha sido el pueblo más descreído del planeta…Aquí no hay religión; aquí, si acaso, lo que hay es fariseísmo religioso; aquí corren parejas la irreligiosidad y la ignorancia, y no sé que haya nada más ignorante que los que se titulan directores espirituales de nuestro pueblo, á los que se debe en gran manera su profunda irreligiosidad…porque el problema de la Iglesia y del Estado, antes que nada, es un problema de justicia…porque no es natural que con el dinero de todos se paguen las creencias de los que no son la totalidad del país, de los que acaso puedan ser no más que una parte insignificante de él. Eso sí que es absolutamente iliberal, eso sí que es indiscutiblemente tiránico. Pero se invoca la conveniencia de Cuba para el porvenir.¡Ah! ¡qué pobre República, qué desgraciada República que no oye, cuando está dando los primeros vejidos de su amanecer, por todas partes más que la murmuración del temor y de la desconfianza! Se tiene aquí miedo á todo: miedo a los Estados Unidos, miedo al Papa, miedo al sacerdocio, porque miedo y no otra cosa es lo que ha inspirado semejante prevención. Tenemos miedo de que ese clero se vuelva contra nosotros y ¿sabéis por qué? porque ese clero de antes, el clero extranjero, no es el clero formado en este medio y sostenido por el amor de sus feligreses, sino el clero que ha venido impuesto de fuera, el clero romano y extranjero…¿queréis abrirle las puertas para mañana imponer á los que no creen, la contribución que se necesita para pagar el culto de los que creen?”

Juan Gualberto Gómez terció para afirmar que no había venido “á defender la unión de la Iglesia con el Estado [sino] la posibilidad de que se establezcan relaciones entre la Iglesia y el Estado, pues que el hecho de que el Estado cubano tenga relaciones con la Iglesia ó con otro Estado, ¿indica que están unidos? Indica sencillamente que funcionarán de acuerdo dentro de sus respectivas independencias…”; añadiendo “por lo que a mí se refiere, la palabra miedo no tiene aplicación de ninguna especie, y desde luego lo consigno ante la Cámara, para que no se crea que yo haya podido sentir miedo.”

Le replicó Manuel Sanguily, en un segundo turno extenso –a concretar y concluir el cual le exhortó el Presidente de la Convención, Cisneros Betancourt-, que apostilló con estas palabras: “¿Cómo esta Cuba que debe nacer entre los esplendores del día, ha de ser condenada a prepararse á mejor vida futura por esa unión inconcebible con lo que representa tinieblas y exclusivismo? Por mi parte realmente protesto contra semejante política, á favor de la cual no hay razón ninguna de conveniencia que alegar, sino fantasmas y visiones que se quieren levantar en nuestro camino como si debiéramos recorrerlo desesperados y jadeantes. ¿A qué más discutir? Sepárese en lo sucesivo, como lo está ya, la Iglesia del Estado, y esperemos sin temores el porvenir.”

Puesto a votación el texto completo del futuro artículo 26 de la Constitución (con sus cláusulas relativas a la libertad de profesión de creencias religiosa, la libertad del ejercicio de todos los cultos, y la separación entre la Iglesia y el Estado), recibe el respaldo de José B. Alemán, José Miguel Gómez, José N. Ferrer, José de J. Monteagudo, Martín Morúa Delgado, José L. Robau, L. Fortún, Salvador Cisneros, Manuel R. Silva, Pedro E. Betancourt, Leopoldo Berriel, Antonio Bravo Correoso, Gonzalo de Quesada, Diego Tamayo, Manuel Sanguily, Emilio Núñez, José Lacret, Rafael M. Portuondo, José Fernández de Castro, E. Tamayo , Rafael Manduley, Alfredo Zayas, Enrique Villuendas y Domingo Méndez Capote. Votaron en contra Juan Gualberto Gómez, Pedro González Llorente, Eliseo Giberga y Joaquín Quílez.

¿Qué demuestran estas diferencias de criterio? Que nuestros próceres no eran figuras planas, de cartón piedra, unidimensionales, sino personalidades complejas, llenas de peculiaridades y de contradicciones, aunque netamente de una grandeza indiscutible Por eso los honramos y los admiramos. El afán de Juan Gualberto Gómez por reclutar el apoyo de la Iglesia para la naciente República demostró ser infundado, tras el paso de unos pocos años y la sobrevenida cubanización progresiva del clero. Que tuvieran razón en esto Sanguily y la mayoría de los Convencionales que votaron a favor de la inclusión en sede constitucional de la separación entre la Iglesia y el Estado en nada empequeñece la enorme deuda moral de Cuba con Juan Gualberto Gómez. Tratándose de un liberal a machamartillo, debemos entender que su exceso de celo por una inexistente cuestión religiosa le llevó a querer prevenir la desafección del clero por la República y la influencia negativa –que él sobreestimaba- en la vida política del país que podría ejercer aquél sobre sus feligreses. Más de un siglo después, resulta fácil emitir juicios retrospectivos, cuando sabemos lo que ha sucedido en el pasado. En aquellos momentos, ni siquiera existía la República.

 

La guerra Cubano-Hispano-Americana.

La Actitud Norteamericana: Desprecio o Vanidad. La Historia se Escribe así

©Rowland J. Bosch, de la Academia de la Historia de Cuba (Exilio)

La compañía cinematográfica TNT lanzó al mercado americano su película de largo metraje “Rough Riders”, con la actuación principal de los artistas Tom Berenguer y Sam Elliot, en la que se glorifica la presencia bélica de esa tropa de voluntarios que hizo famoso a Theodore Roosevelt. Al crear la leyenda de “El regimiento de las tropas más bravas desde que los mongoles arrasaron las estepas” y que dio lugar al Primer Regimiento de voluntarios de caballería del ejército norteamericano y preparó al pueblo para su ascensión a la presidencia de los Estados Unidos.

Es de notarse que la película evade casi completamente la crucial acción de las tropas mambisas en el conflicto. Bien dijo el humorista Finley Peter Dunne sobre las memoria de Teddy Roosevelt, de la guerra en que fungió de Teniente Coronel, que el libro debió llamarse “Solo en Cuba”.

Y esto es una amarga verdad y lo escrito una falacia. Después de leerse los libros que se escribieron por los historiadores americanos respecto a esta corta guerra, se queda la impresión de que los Estados Unidos fueron los únicos responsables de la victoria y de que los patriotas cubanos no estuvieron presentes en la lucha o al menos que sus funciones en la misma apenas tuvieron importancia y de que su contribución al desenlace de este conflicto fue nula.

Otro escritor, H. Wayne Morgan, en su libro El camino americano hacia el Imperio, dice: “La guerra con España y la expansión ultramarina no hace una sola mención de la participación cubana”.

En otra cinta cinematografíca, Mensaje a García (1936), protagonizada por el actor Wallace Beery y que relata muy novelescamente la aventura del Teniente Andrew S. Rowan, , con el objeto de trasmitir un mensaje verbal al Mayor General Calixto García, basada en un relato del escritor Elbert Hubbard titulado “Un mensaje a García”, rehecha posteriormente para la televisión, el mito de la historia ha continuado. El mensaje no era otro que solicitar de las tropas cubanas la total cooperación durante el conflicto que se avecinaba, como así sucedió. García en su entrevista le reclamó armas y municiones al Presidente a través de Rowan. Nunca llegaron las armas y municiones, otra de las tantas bajezas americanas de engaños, para de esa manera atacar por la zona norte de la provincia de Oriente y tomar el Puerto de Gibara y la ciudad de Holguín, posteriormente conquistar Manzanillo y Palma Soriano, y por último atacar a Santiago de Cuba. De esa forma, con Oriente en poder de los insurrectos, los americanos podrían combatir en el Este de la isla y por último apoderarse de La Habana.

Tal vez por ignorancia, desconfianza o por temor, los americanos hicieron todo lo contrario. Atacaron por el sur de Oriente y jamás salieron de la provincia durante la guerra, ya que al caer Santiago de Cuba, después de la derrota española en la toma de San Juan y del hundimiento de la flota de Cervera frente a las costas del sur de Oriente, los españoles se rindieron.

Los americanos, sin siquiera tomarse la molestia de informar a Máximo Gómez ni a ningún jefe mambí del cambio de los planes, dejaron al Generalísimo aislado en la Reforma, en la provincia de Las Villas. Ignorándolo, en la confusión de los planes anteriores, causada por los cambios de estrategia, los periódicos en los Estados Unidos lo utilizaron para culpar a los cubanos de poco entusiasmo en el esfuerzo de la guerra.

Washington había perdido interés en la campaña de Gómez contra los españoles en el centro de la isla. Hay una anécdota: William Randolph Hearst tuvo la “brillante” idea de regalarle a Máximo Gómez una espada valorada en dos mil dólares. Este la rehusó diciendo: “Estos imbéciles en NY, desperdiciando dos mil dólares. Con ese dinero se hubieran conseguido botas para mis hombres descalzos, camisas para sus espaldas y cartuchos para sus rifles: llévesela”.

El 6 de junio, el Coronel Carlos Hernández, uno de los acompañantes de Rowan a su regreso, llegó a Banes en el barco “Gloucester” con un mensaje del General Miles para García acerca del plan de desembarco de varios miles de soldados estadounidenses y el posterior ataque a la ciudad de Santiago de Cuba por mar y tierra. Calixto García, al recibir el mensaje, se dispuso a ejecutar su parte en la contienda para que los soldados americanos desembarcaran en territorio cubano, lo que se llevó a cabo por Daiquirí y otros lugares de la costa sur, sin contratiempo alguno. Sin la acción de García, el ejército americano hubiera tenido grandes pérdidas al pisar tierra en Cuba.

Siguiendo la estrategia preparada por Calixto García, el ejército de liberación cubano comenzó por impedir el fortalecimiento de las defensas de la capital oriental. La cuarta división del ejército cubano, bajo el mando del General Luís de Feria, fue colocada en posición de cortar el paso al regimiento del General Luque, de Holguín. Entretanto, en Camagüey, una división cubana fue enviada a Victoria de las Tunas para impedir que pasaran los refuerzos españoles procedentes de esa provincia.

Mientras tanto, las fuerzas españolas eran aisladas en Holguín, copadas entre la Sierra Maestra y las unidades que Calixto García tenía alrededor de Santiago y que impedían el refuerzo de esta plaza. En Guantánamo, la primera división comandada por el General Periquito Pérez fue colocada frente a seis mil soldados españoles al mando del General Pareja.

El General Sampson en esta ocasión admitió la importancia de los mambises en bloquear el avance de los españoles de Guantánamo a Santiago. Las fuerzas españolas intentaron en vano llegar a Santiago de Cuba pero los cubanos mantuvieron el control del territorio. Las tropas americanas comandadas por Shafter y Sampson desembarcaron por Daiquirí y Siboney.

La flota española de Cervera, anclada en la bahía de Santiago de Cuba fue en pocas horas destruida por los barcos de guerra americanos, al tratar de salir del puerto. Hundida la flota, Santiago de Cuba quedaba prácticamente indefendible ya que no podía recibir refuerzos ni vituallas por mar. Por tierra, el campo era de los cubanos quienes hostigaban continuamente a las columnas españolas que trataban de llegar a la capital oriental.

Entretanto el comodoro Dewey derrotaba en Cavite a la flota española de Filipinas. Después, sucedieron los combates del Caney y de la toma de San Juan, los que al ser ganados por los americanos ponían la capital a merced de los invasores. La rendición de Santiago de Cuba era lógica, después de estas derrotas de los españoles.

El acto de la rendición se efectuó el 17 de julio de 1898. El General Shafter entraba en la ciudad después que el general Tovar capitulara.

El incidente con Calixto García fue debido a la actitud del gobierno americano al no contarse con los cubanos a la hora de la rendición. Calixto García renunciaba ante su gobierno y enviaba una carta al General Shafter quejándose de haberse impedido la entrada de los mambises en la ciudad, después de la gran ayuda que éstos le brindaron a los invasores, sin la cual la guerra entre las dos potencias se habría prolongado indefinidamente.

No solamente eso. En Santiago de Cuba se ordenó mantener en sus puestos a las autoridades españolas. Ante tanto agravio, Calixto García envió la siguiente carta al General Shafter:

Al mayor General Shafter, General en Jefe del Quinto Cuerpo del Ejército de los Estados Unidos.

Señor:

“El día 12 de mayo último el Gobierno de la República de Cuba me ordenó, como comandante en jefe que soy del Ejército Cubano en las Provincias Orientales, que prestara mi cooperación al Ejército americano. Siguiendo los planes y obedeciendo las órdenes de los jefes he hecho todo lo posible para cumplir los deseos de mi Gobierno, habiendo sido, hasta el presente uno de los más fieles subordinados de usted y teniendo la honra de ejecutar sus órdenes e instrucciones hasta donde mis facultades me han permitido hacerlo. La ciudad de Santiago de Cuba se rindió al fin, al Ejército americano, y la noticia de tan importante victoria sólo llegó a mi conocimiento por personas completamente extrañas a su Estado Mayor, no habiendo sido honrado con una sola palabra de parte de Ud. sobre las negociaciones de paz y los términos de la capitulación propuesta por los españoles.

Los importantes actos de la rendición del Ejército español y de la ciudad por usted, tuvieron lugar posteriormente, y sólo llegaron a mi conocimiento por rumores públicos. No fui tampoco honrado con una sola palabra, de parte de Ud, invitándome a mí y a los demás oficiales de mi Estado Mayor para que representáramos al Ejército cubano en ocasión tan solemne. Sé, por último que Ud, ha dejado constituidas, en Santiago, a las mismas autoridades españolas contra las cuales he luchado tres años como enemigos de la independencia de Cuba. Yo debo informar a usted que esas autoridades no fueron nunca electas por los habitantes residentes de Santiago de Cuba, sino nombradas por decretos de la Reina de España. Yo convengo, señor, en que el Ejército bajo su mando haya tomado posesión de la ciudad y ocupado las fortalezas: yo hubiera dado mi ardiente cooperación a toda medida que Ud. tuviese más conveniente, guardando el orden público hasta que hubiera llegado el momento de cumplir el voto solemne del pueblo de los Estados Unidos, para establecer en Cuba un gobierno libre e independiente, pero cuando se presenta la ocasión de nombrar las autoridades de Santiago de Cuba, en las circunstancias especiales creadas por una lucha de treinta años contra la dominación española, no puedo menos que ver, con el más profundo sentimiento, que esas autoridades no sean elegidas por el pueblo cubano sino defender la soberanía española contra los cubanos. Circula el rumor que por lo absurdo, no es digno de crédito, General, de que la orden de impedir a mi ejército la entrada en Santiago de Cuba ha obedecido al temor de venganza y represalias contra los españoles. Permítame Ud. que proteste contra la más ligera sombra de semejante pensamiento, porque no somos un pueblo salvaje que desconoce los principios de la Guerra civilizada; formamos un ejército pobre y harapiento, tan pobre y harapiento como lo fue el ejército de vuestros antepasados en su guerra noble por la independencia de los Estados Unidos de América; pero a semejanza de los héroes de Saratoga y de Yorktown, respetamos demasiado nuestra causa para mancharla con la barbarie y la cobardía.

En vista de todas las razones aducidas por mí anteriormente, siento profundamente no poder cumplir por más tiempo las órdenes de mi Gobierno, habiendo hecho, hoy ante el General en Jefe cubano mayor General Máximo Gómez la formal renuncia de mi cargo como general en jefe de esta sección de nuestro ejército. En espera de su resolución, me he retirado con todas mis fuerzas a Jiguaní.

Soy respetuosamente de Ud. Mayor General Calixto García

Campos de Cuba Libre, 17 de julio de 1898”.

La actitud de Shafter era la consecuencia de la política de los Estados Unidos ya que éstos no querían interferencia en su actuación en Cuba, aparte de que los españoles por su orgullo muy característico y propio no estaban dispuestos a rendirse a los mambises, a los que siempre habían tratado como rebeldes y gente inferior. Shafter, queriendo demostrar que él solamente había actuado siguiendo órdenes superiores, posteriormente recibió a García en un acto en el Club San Carlos de Santiago de Cuba y reconoció la ayuda mambisa. Lo demás es historia bien sabida, con la firma del Tratado de París, donde tampoco fueron admitidos los cubanos.

Otro detalle de esta guerra fue el problema racial. Gran parte del ejército mambí estaba compuesto por negros y la mayoría de los “Rough Riders” eran sureños con mentalidad discriminatoria hacia la raza de color. Y es de notar también que la caballería americana compuesta por negros sureños brindó un gran aporte a la victoria, lo que está bien descrito en este informe del “New York Evening Post”: “Si no hubiera sido por la caballería negra, los “Rough Riders” hubieran sido exterminados ya que ello salva la pelea en la loma de San Juan, y el día llegará en que el General Shafter le otorgará crédito por su bravura”.

Una semana después de la salida de Santiago, un oficial americano en el Octavo Regimiento de Voluntarios de Infantería de Ohio le escribió al Presidente McKinley, desde el campo cerca de la ciudad tomada: “Cuando la verdadera historia de la campaña de Santiago sea escrita, si alguna ha de ser dicha, el pueblo americano quedará pasmado y asombrado, no sólo ante el sin igual coraje de muchos soldados, sino por la eficiencia personal y la devoción de los oficiales y subordinados y su patriotismo, al conocer la más vergonzosa página de la historia de América”.

El día 15 de julio, dos días antes de la rendición de Santiago, Shafter cablegrafió a Washington lo siguiente: “Yo no creo que Toral (el General Español) esté tratando de ganar tiempo con la esperanza de obtener refuerzos. Los cubanos tienen fuerzas cerca y alrededor de todas las tropas españolas”. Bloqueando y entonces inmovilizando los refuerzos españoles, los cubanos -tal como el propio Shafter lo reconoció en su despacho a Washington- hicieron la rendición incondicional de Toral inevitable.

A ningún cubano se le permitió asistir a la firma de la rendición. La excusa americana para no invitar a los cubanos era que temían que éstos tomaran represalias personales y realizaran saqueos.

García más tarde señaló que Shafter “me había dado una promesa distinta, de que las tropas cubanas y americanas entrarían conjuntamente en Santiago, promesa que él ha negado, pero no obstante, fue así”. Lo mismo o parecido ocurrió con los filipinos que fueron excluidos en la toma de Manila.

A los cubanos les fue obvio que los Estados Unidos quisieron utilizarlos para obtener la victoria fácil y rápidamente, sin tener que otorgarles ningún reconocimiento oficial.

La carta de García a Shafter no fue hecha pública hasta mucho después. Cuando se supo la noticia, en muchos periódicos en Estados Unidos y en sus editoriales la reacción general fue favorable al General Cubano. “Sin duda alguna él merece un mejor tratamiento que ser ignorado a la hora de la victoria”, declaró el “Chicago Journal”.

El “Louisville Dispatch” fue todavía más preciso: “La carta de García coloca al General Shafter en una pésima posición si esto es verdad. Es una protesta digna y real contra la descortesía demostrada hacia él y su ejército después de que la victoria fue lograda, aún con la poca cortesía de no informarle de la situación. Es una protesta contra la política de mantener en sus puestos a los nombramientos de la Reina de España y ante todo lo más elocuente y vejaminoso es la calumnia de que los miembros de su ejército son bárbaros. En este punto, García disparó una andanada a Shafter que debe haberle penetrado en sus 315 libras de carne hasta el mismo corazón”.

Un gran número de ciudadanos de Santiago firmó una petición al Presidente McKinley, apoyando a García y agregando que esperaban que la presencia de los españoles como administradores de los intereses de los cubanos fuera cambiada a los cubanos en breve plazo. De más está decir que esta petición fue ignorada por Washington.

Calixto García, terminada la guerra, marchó con una comisión a Washington con el objeto de gestionar dinero con que pagar a los mambises que se encontraban en muy difícil situación económica. Pero estando en Washington el viejo mambí moría de pulmonía. Sus restos se trasladaron a La Habana para ser enterrados el 11 de febrero de 1899.

La guerra de 113 días entre España y Estados Unidos había terminado, y los cubanos esperaron pacientes después del Tratado de París por el advenimiento de la República mediatizada con la “Enmienda Platt” en sus costillas.

Con el transcurso de los años, Cuba fue, poco a poco y con el esfuerzo de sus hijos, sacudiéndose las leyes impuestas que le impedían la consumación de la total independencia, al fin lograda y la que en un funesto día había de caer en la más ignominiosa tiranía, para su propia vergüenza y que espera el feliz día en que la bandera cubana ondee verdaderamente libre en una nueva república democrática.

Bibliografía

Philips S. Foner, “The Spanish-Cuban-American War”, Vol.II, Monthly Review Press, NY. NY, 1972

Finley, Peter Dunne, Mr. Dooley’s. Philosophy,NY, 1900

“New York Tribune” May. 23, 1898

“New York Tribune”, August 14, 1898

“Associated Press Dispatch”, The State, june 21, 1898

Calixto Garcia, Historia de Cuba, Ediciones Univeral, 1976

La Enciclopedia de Cuba, Historia, Tomo 4, Primera edición, abril, 1974

Herminio Portel Vilá, Los americanos en Cuba, La Habana, 1910

Monografía del ALDEU, 1898 Entre el Desencanto y la Esperanza, “Un ideal de libertad: La Guerra Cubano-Hispano-Americana” (Su epílogo en 1898), René León

 

La República Cordial

©René León, de la Academia de la Historia de Cuba (Exilio)

El 3 de noviembre de 1876 arriba a La Habana el general Martínez Campos, a la cabeza de un fuerte contingente de soldados y equipos militares para poner fin a la guerra en Cuba. Las fuerzas cubanas se componían de unos siete mil soldados en las provincias de Oriente, Camagüey y Las Villas. El general Máximo Gómez trataba de presionar al ejército español en Las Villas, mientras las fuerzas de Antonio Maceo y Calixto García mantenían un gran control en Camagüey y Oriente. Contra ellos iba a disponer el general Martínez Campos de un ejército de setenta mil soldados. Pero más que los hombres, la política del “general pacificador” -como fue conocido- fue la negociación y el ofrecimiento de rendir las armas a los insurgentes, sin ser perseguidos y salida para el exilio, ante una lucha que no se le veía final. Otra de las medidas de Martínez Campos fue humanizar el conflicto, evitando los atropellos por los soldados, voluntarios y guerrilleros que defendían la bandera española.

Se habían producido algunas deserciones entre el ejército cubano. Desde Nueva York había ido disminuyendo paulatinamente la ayuda a los combatientes en Cuba. Mientras que el gobierno de la Isla había mantenido en las provincias de Pinar del Río, La Habana y, Matanzas el mismo nivel de producción de azúcar, tabaco y café, y en algunos municipios se había aumentado la producción, que servía para mantener los gastos del gobierno de la Isla.

Una de las primeras disposiciones de Martínez Campos fue el prohibir los abusos contra los civiles cubanos en el campo, el pago de las compras, tales como animales y alimentos para uso del ejército español. Él trataba de cambiar la opinión de sus enemigos y demostrar que él venía para la pacificación total de la Isla. A los prisioneros mambises se les respetaba la vida, y a los heridos se les atendía. El 5 de febrero de 1878 un decreto firmado por él decía “que todos aquellos esclavos que se encontraban en el campo insurrecto, y entregaban las armas, quedaban libres, sin que sus dueños recibieran indemnización”. Se empezaron a presentar en los cuarteles militares negros que se acogían al decreto. Se empiezan a producir contactos entre oficiales españoles y cubanos. La Cámara de Representante cubana crea una comisión para estudiar el final de la guerra. El 7 de febrero se reúne Vicente García, presidente de la República Cubana en Armas, con Martínez Campos. Al cabo de tres días de discusiones, llegan al acuerdo de deponer las armas el ejército.

La noche del 9 al 10 de febrero de 1878, los oficiales reunidos y sus tropas celebran una votación entre aquel pequeño grupo, para así dar fe de que aceptaban el plan de Martínez Campos, con sólo dos preguntas ¿La Paz o La Guerra? La respuesta es bien sabida, aceptaron la paz. En los acuerdos se olvidaban las faltas cometidas contra España. Se indultaba a los españoles o cubanos que habían desertado, y se concedía la libertad a los esclavos que habían peleado al lado de los cubanos. Se facilitaba la salida de la Isla a todos los que lo deseasen, y por último se disponía la entrega de las armas. En la zona de Oriente, los generales Antonio Maceo y Calixto García y el resto de su oficialidad seguían en pie de guerra contra España. No aceptaron el Pacto de Zanjón. Martínez Campos y Antonio Maceo se reúnen en Baraguá el 15 de marzo, sin llegar a acuerdo alguno. Al perder fuerza el movimiento, Maceo solicita el 20 de abril una tregua, y el 20 de mayo se presenta ante Martínez Campos, y solicita salir del país. Daba término, se puede decir, a la guerra de los Diez Años.

Después de diez años de guerra, no se había conseguido objetivo alguno. Miles de cubanos murieron y muchos quedaron en la ruina total en las provincias de Las Villas, Camagüey y Oriente. Se esperaba que al comenzarse el proceso de la paz, cambios políticos, sociales y económicos se iban a iniciar en la Isla. Julio Le Riverend dice: “… sobre el embargo de bienes a los infidentes constituyese uno de los hechos políticos de más resonancia en la transformación económica del país”.(1) Una nueva clase privilegiada iba a ser parte de la nueva sociedad al finalizar la guerra. Le Riverend dice: “Una nueva aristocracia del dinero, producto de negocios surgidos de la Guerra, -fuera la administración de los bienes embargados, fueran los suministros al ejército español- surgió en aquella época, con caracteres políticos y sociales que la diferencian radicalmente de la vieja aristocracia criolla”.(2) Los cubanos que eran sospechosos de haber cooperado con los revolucionarios fueron expropiados.

Martín Rodrigo y Alhajilla, dice: “El repaso a la actividad económica de los principales dirigentes del integrismoen Cuba nos indica que sus filas no sólo estaban nutridas por comerciantes, sino que la mayoría de ellos eran, a su vez, propietarios de ingenios.”(3) Entre los más prominentes se encontraban Julián Zulueta, Francisco F. Ibáñez, Pedro Sotolongo, Manuel Calvo, Mamerto Pulido y otros, que se aprovecharon en los años de guerra y después para comprar y apropiarse de propiedades de los revolucionarios. El más importante de todos ellos lo era Julián Zulueta, esclavista, traficante de chinos, Presidente de la “Asociación de Hacendados”, organizador de los Batallones de Voluntarios en 1854 y cuanto negocio sucio que se presentaba.

Los burgueses criollos, los pequeños comerciantes en las ciudades, y los dueños de tierra se adaptan a la situación, creyendo las promesas del gobierno español, y forman en agosto de 1878 el Partido Liberal Autonomista. Según ellos, era la única forma de canalizar las aspiraciones de los cubanos y poder llevar a Madrid sus reclamos y reformas del sistema colonial. Al mismo tiempo, los miembros de la administración de la Isla, los hacendados y comerciantes, apoyados todos por las fuerzas recalcitrantes españolas, forman el Partido Liberal. Su meta, mantener la Isla como si fuera parte de España.

Martínez Campos sabía de antemano que en lo discutido y aprobado en el Pacto de Zanjón no se hablaba de reformas, pero él comprendía que, si al pueblo cubano no se le daban reformas y no se hacían cambios en la administración, se volverían a la manigua a defender la libertad no conseguida. En carta al Ministro de la Guerra, en Madrid, de 18 de febrero, a sólo diez días de firmada la Paz, le decía: “Hay que resolver la ley de trabajo; hay que resolver la cuestión de brazos; hay que estudiar el pavoroso pero insostenible problema de la esclavitud antes de que el extranjero nos imponga una resolución;…deben ser resueltos con audiencia de sus representantes, y no por informes que den Juntas para cuyo nombramiento es el favoritismo o la política de base”. (4) Lo que Martínez Campos trataba era de mantener aquella paz tan frágil. Consigue que se rebajen los gastos de guerra del presupuesto económico 1878-79, una baja del 5% de las contribuciones directas y un 10% de los derechos de exportación, siendo publicado en la Gaceta de la Habana. Pero la presencia del “general pacificador” molestaba a los miembros del Partido Liberal y al Casino Español, y celebran como un triunfo cuando es llamado a formar gobierno en Madrid.

La deuda pública en el año de 1878 ascendía a más de 150 millones de pesetas. Según Pirala, “Una buena parte de esa suma había sido devorada por el “fraude organizado en gran escala en todo lo relativo al aprovisionamiento del ejército”. (5) Los excombatientes cubanos se vieron en la necesidad de emigrar a zonas que la guerra no había sido afectado, otros a trabajar por salarios miserables para sostener a la familia, el exilio fue el camino de aquellos abandonados a su suerte. La paz no había resuelto el problema cubano. Le Riverend dice al respecto: “Solo los comerciantes nuevos, los cambistas, los proveedores del ejército, los funcionarios de alta categoría, civiles y militares, lograron acumular nuevas riquezas”.(6)

El 5 de enero de 1877 había llegado a La Habana José Martí, procedente de México. Sería el hombre que con su palabra uniría al exilio cubano y en especial a la clase obrera tabacalera en los Estados Unidos. Martí llega a La Habana, con el nombre de Julián Pérez, que era su segundo nombre y su segundo apellido. El 24 de febrero parte con rumbo a Guatemala. Regresa a Cuba en el mes de septiembre de 1878, y empieza a trabajar en los bufetes de Nicolás Azcárate y de Miguel Viondi. Por no presentar su título, las autoridades españolas le niegan el derecho de ejercer de abogado. Sus actividades literarias van en aumento en las reuniones sociales, al igual que en las políticas, en especial en el Liceo de Guanabacoa. Sus discursos son el comentario de los simpatizantes por la causa cubana; las autoridades españolas observan el movimiento del futuro líder de la Revolución. Hace amistad con Juan Gualberto Gómez, que lo pone en contacto con los generales Calixto García y Roloff, que se encontraban exilados en Nueva York. Adolfo Márquez Sterling lo invita a un banquete en los altos del café El Louvre, donde pronuncia un discurso en el que dice Martí: “…si hemos de ser, más que voces de la patria, disfraces de nosotros mismos, si con ligeras caricias en la melena, como el domador desconfiado, se pretende aquietar y burlar al noble león ansioso, entonces quiebro mi copa: …no brindo por la política cubana”.(7) En septiembre de 1879 es detenido y llevado a prisión. Juan Gualberto Gómez, que en ese momento estaba en su casa, avisa a los demás comprometidos. Las autoridades le ofrecen ponerlo en libertad y no deportarlo si hace una retractación pública, a la cual se niega. Su respuesta fue inmediata: “Dígale al General Blanco que Martí no es de raza vendible”. (8). El 25 de septiembre sale desterrado a bordo del “Alfonso XII”, rumbo a Santander.

El historiador Guillermo de Zéndegui dice sobre los partidos formados en Cuba: “Dos grandes corrientes de opinión: la conservadora, de puras esencias tradicionalistas, y la liberal, de aspiraciones más o menos audaces…Nutrían la primera, como era de esperarse, los almacenistas, los hacendados, los grandes propietarios latifundistas, españoles en su mayoría, y no pocos miembros de la aristocracia criolla, a quienes la cuestión fundamental que planteaba la abolición de la esclavitud impelía a tomar el partido de España”. “Al pensamiento autonomista se adscribió gran parte de la intelectualidad criolla, la pequeña burguesía y la naciente clase media, incluyendo a muchos que, llegado el momento crítico de las grandes definiciones, tomaron las armas e hicieron causa común con los radicales del separatismo”.(8)

Los proyectos de reforma que los diputados liberales plantearon en las Cortes no recibieron el apoyo de la mayoría. El pueblo cubano se sentía engañado, las voces de protesta se empezaron a oír en toda la Isla. Luis Miguel García Mora, dice: “El fracaso reformista del autonomismo, el no lograr la mejora de la situación cubana dentro de la legalidad colonial, no hará más que favorecer la salida revolucionaria, covenciendo con su fracaso al pueblo cubano que de España nada se podía obtener”. (9)

Las intentonas por parte de oficiales que habían peleado en la guerra de los Diez Años (1868-1878) de invadir la isla y reanudar la guerra, después del fracaso del Pacto de Zanjón, no fueron secundadas por el pueblo. La guerra Chiquita, como fue llamada, en 1879. En 1883, el apresamiento y fusilamiento de Ramón Bonachea. En 1885, el desembarco procedente de Estados Unidos de Limbano Sánchez y Francisco Varona. Todas fueron un total fracaso.

José Martí da comienzo a su labor literaria y revolucionaria desde su llegada a New York el 3 de enero de 1880, labor que fue secundada por muchos de los excombatientes cubanos radicados en la ciudad. Su primera disertaciónl se presenta el 24 de enero de 1880 en el “Steck Hall” de Nueva York. Numeroso público asiste, el orador levanta de sus asientos de la emoción a los participantes.

En estos primeros años en New York, representa a los gobiernos del Paraguay, Uruguay, y Argentina en funciones consulares, mientras que se dedica en sus ratos libres a escribir en los periódicos y a dar conferencias por la causa cubana, en las que predicaba una guerra sin odios contra España. Se reúne con los principales generales de la guerra de los Diez Años, Gómez y Maceo, para preparar el futuro de Cuba.

En 1884 se prepara otro movimiento revolucionario para iniciar la guerra en Cuba. Gómez y Maceo, como jefes principales. Benigno Souza, dice: “Esta fue la intentona llamada de Gómez y Maceo en el año de 1884, movimiento fracasado, como todos saben, por una serie de desdichas; las capitales, el disgusto de Martí con Gómez y Maceo, la pérdida del armamento de Maceo en Panamá, la confiscación del de Gómez, en Santo Domingo y su prisión”.(10)

La colonia de expatriados había crecido en los Estados Unidos, y los núcleos más importantes residían en Cayo Hueso, Jacksonville, Tampa, Nueva York y otras ciudades. En todas ellas se habían formado “asociaciones o clubes” unos de ayuda mutua, otros revolucionarios, donde se daban actos para recaudar fondos. Martí va reuniendo a todos los cubanos en las diferentes ciudades para hacer un frente unido contra el gobierno colonial español. González Arrili dice sobre la labor realizada por él: “Sucedía allá lo que ha ocurrido muchas veces en nuestra América, y es que los hombres que se consideran de acción sospechan que no puede equiparárseles los que se clasifican de pensamiento. Acción y pensamiento les parece difícil amalgama, cuando en realidad es indispensable para el triunfo”.(11)

Lo que José Martí entendía por un pueblo libre y la necesidad de la guerra por la liberación del pueblo cubano era: “La guerra es un procedimiento político, y este procedimiento de la guerra es conveniente en Cuba, porque con ella se resolverá definitivamente una situación que mantiene y continuará manteniendo perturbada el temor de ella… porque por la guerra triunfará la libertad indispensable al logro y disfrute del bienestar legítimo”. (12)

Mientras en el exilio se preparaban y trataban de unificarse, en Cuba los autonomistas trataban de promover en 1890 un movimiento económico que diera más beneficio a la economía de la Isla, que se encontraba dependiente de la Metrópoli. Ellos buscaban mejorar el comercio con los Estados Unidos, pero a partir de la “Ley McKinley” los aranceles eran una barrera al comercio con la isla. Madrid, en vez de facilitar a los autonomistas en sus gestiones, les hacía quedar mal, imposibilitando la labor de ellos de un mejor entendimiento con la capital. Situación que fue bien aprovechada por el exilio. Montoro en La Habana proclamaba: “El país (Cuba) espera y clama todavía dispuesto a conformarse con reformas razonables. No asuma el gobierno la responsabilidad de que vaya más lejos”. (13)

Juan J. de Casasus, en su libro JALONES DE GLORIA MAMBISA, dice sobre el momento de dar comienzo a la formación del Partido Revolucionario Cubano: “En 1891-1892 marcha al sur (Martí) y funda, entre las generosas emigraciones de Tampa, y Cayo Hueso, el Partido Revolucionario Cubano. Entonces se dirige a Gómez, septiembre de 1892, con aquella frase, que es digna de su vida: “La República viene hoy a rogar a usted que, renovando el sacrificio con que ilustró su nombre, ayude a la Revolución …yo invito a usted, sin temor de negativa, hoy que no tengo más renumeración que ofrecerle que el placer del sacrificio y la ingratitud probable de los hombres”. (14)

Máximo Gómez, Antonio Maceo y Calixto García coinciden en sus ideas y pensamiento con José Martí. La guerra se debía hacer sin la ayuda de los Estados Unidos, que siempre había querido poseer a Cuba. De los países de la América Hispana no íbamos a recibir ayuda en la lucha de liberación: sería llamada por Manuel Sanguily “América Infiel”. Los únicos expedicionarios que llegaron a Cuba en los primeros grupos fueron seis en la expedición Gómez-Martí, de Montecristi, y más tarde otros en la expedición de Costa Rica, de Flor Crombet y Maceo. Da pena decirlo, pero eso fue sólo lo que los países de la América Hispana hicieron por nuestra revolución, por miedo a España. Eso se llama servilismo.

Sobre la Nación Cubana, dice Emilio Roig de Leuchsenring: “…la Nación Cubana es el resultado del muy largo proceso evolutivo del pensamiento y de la acción de los hijos de esta tierra en busca de normas e instituciones políticas que resolvieran, ya de inmediato, ya para el futuro y de modo permanente, los problemas de toda índole que en épocas diversas confrontó nuestro pueblo durante los tiempos coloniales; proceso de formación y plasmación de la conciencia cubana hacia la integración de la nacionalidad’. (15)

En 1894 se empieza a preparar el plan de la invasión a Cuba. Recibe el nombre de Plan de Fernandina, que era combinar tres expediciones a tres lugares diferentes del país, para así crear tres frentes de guerra y desconcertar al enemigo. Juan J.E.Casasus, dice: “Era la genial concepción de Fernandina, que frustró, aparentemente, la imprudencia o ligereza de un viejo veterano de 1868, López de Queralta, a quien el Maestro (Martí) calificó de traidor”. (16) El cargamento de amas fue ocupado por las autoridades americanas. Los planes se habían venido abajo. Se habían gastado más de $58,000 doláres. El 12 de enero de 1895 fue funesto, todo se había perdido. Pero Martí y los que estaban involucrados en el levantamiento, no perdieron el ánimo. Se envía la orden a La Habana, a Juan Gualberto Gómez, de que el levantamiento sea el 24 de febrero, aprovechando el inicio de los carnavales.

La guerra da comienzo; sería el final del colonialismo en Cuba, pero con una diferencia: España no se rindió a la República de Cuba en Armas, sino que prefirió perder los restos de su imperio en América y otras partes del mundo, al ser derrotados en la corta guerra con los Estados Unidos de América, conocida como la Guerra Hispano-Cubano-Americana.

Roig de Leuchsenring dice: “La Guerra Libertadora cubana de 1895-1898 fue obra de una mayoría popular, pues movilizó, en forma mayoritaria a la población cubana, sin que eso quiera decir, desde luego, que esa mayoría empuñó las armas y se lanzó a los campos de lucha armada; pero sí que, además de las fuerzas combatientes del Ejército Libertador, el pueblo de Cuba, mayoritariamente, hizo causa común con la revolución y a ella se sumó”. (17)

Cuba estaba perdida para España, el ejército de descamisados y hombres descalzos los había derrotado. La guerra, que había tenido una duración de treinta años, llegaba a su fin, cuando el 19 de abril de 1898 el Congreso norteamericano sancionó la Resolución Conjunta y el 20 de abril fue firmada por el presidente McKinley.

Los ideales de José Martí de ver a Cuba libre se habían cumplido, pero hubo que esperar hasta el 1902 para ser libre, aunque con la soga del verdugo en el cuello por la “Enmienda Platt”.

“La gloria y el triunfo no son más que un estímulo al cumplimiento del deber”

José Martí.

En el artículo publicado en Patria, Nueva York, el 20 de mayo de 1896, con el título de “Primer Aniversario” Enrique José Varona dijo: “Martí estampó una frase que parece extraña, y que era un programa: “Queremos fundar la república cordial”. Es decir, la república sin odios, la república de olvido y si es necesario, de perdón. La república para todos los que quieran servir á la república. Lo mismo para los de ayer, que para los de hoy y los de mañana. Lo mismo para los nacidos en Cuba, que para los nacidos en España; lo mismo para los del Nuevo, que los del Viejo Mundo. En la sociedad nueva, libre y regenerada que anhelaba fundar sobre los escombros de la colonia esclava, no iba á preguntar á nadie: ¿de donde vienes? sino ¿para qué sirves? Y estaba dispuesto a admitir todos los servicios útiles, ofrecidos de buena voluntad…Así, y sólo así, habremos hecho buena la herencia que nos ha trasmitido el egregio Martí, y veremos viva, en hermosa realidad, su REPÚBLICA CORDIAL”.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

1.- Julio Le Riverend, Historia Económica de Cuba, Ministerio de Educación, La Habana, Cuba, 1974

2.- Le Riverend

3.- Martin Rodrigo y Alharilla, ¿Hacendados Versus Comerciantes? Negocios y Práctica Política en el Integrismo Urbano.versión http://www.americanistas.es/biblo/textos/08/08-047.pdf

4.- Luis Miguel García Mora. “Tras la Revolución, las Reformas: El Partido Liberal Cubano y los Proyectos Reformistas tras la Paz de Zanjón”. Cuba la Perla de las Antillas. Editorial Doce Calles, Aranjuez, Madrid, 1996

5.- Le Riverend, p.462

6.-Le Riverend, p.465

7.-Guillermo de Zéndegui, p. 212

8.- García Mora, p.212

9.- Benigno Souza, Máximo Gómez. El Generalísimo, Editorial Cubana, Miami, Reeditado, 1991, p. 119

10. Bernardo González Arrili, Vida de José Martí, Editorial Kapelusz, Buenos Aires, 1948, p. 73

11.- Homero Muñoz, Recopilación de Pensamientos, Martí Ciudadano y Apóstol. Su ideario, Miami, 1968, p. 134

12.- J.J.Casasus, Jalones de Gloria Mambisa, Miami, 1981, p. 12

13.- Emilio Roig de Leuchsenring, Conferencia “Proceso Evolutivo y Revolucionario de la Nación Cubana”. Ayuntamiento de La Habana, Cuba,s/f

14.- Casasus, p. 130

15.- Leuchsenring

16.- Casasus

17.- Leuchsenring.

 

Al inicio de la República:

Manifiesto del Clero Cubano Nativo:

A las Autoridades del País:

Discriminados por ser Cubanos

©René León, de la Academia de la Historia de Cuba

Todos los cubanos en tiempo de la colonia en Cuba sabían que no podían contar con el clero español, pues éstos estaban al lado de los enemigos de nuestra revolución y sus derechos, defendiendo a la Corona, porque era anticubana. El pueblo y los pocos sacerdotes cubanos que había en Cuba sabían que la Iglesia, por conducto del Pontífice Romano, no sólo respaldaba 100% la actitud del clero español, sino que bendecían el inmediato final de la guerra con la victoria de España. Como ejemplo de aquella lacra de hombres vestidos de sotana, podemos destacar lo siguiente. Cuando murieron Martí y Maceo, el Obispo de Santander hizo que cantasen un Te Deum en acción de gracias, y específicamente cuando Maceo muere en Punta Brava, ordenó -y esto lo refiere el Licenciado L. Fernández, en El Mundo, de La Habana, de 28 de julio de 1902- que desde el púlpito de todas las iglesias en Cuba y España se anunciara “que Dios había querido con la muerte de Maceo y Gómez (ellos esperaban que lo fuera) señalar el aniversario de la Concepción de María”. Mandado publicar por el general Linares Pombo, jefe del primer Cuerpo del Ejército, en una hoja suelta, que se conserva en el Museo Municipal de la Ciudad de La Habana, el telegrama que le había enviado el general Ahumada, el 8 de diciembre de 1896, en Santiago de Cuba, en él se decía lo siguiente: “!Viva España!, ¡Viva el Ejército Español!, ¡Viva el general Weyler!, ¡Viva la Purísima Concepción!”. Da pena leer esto, a tanta pudrición llegó la Iglesia Católica de esa época.

Los únicos que siempre estuvieron al lado del pueblo cubano en su lucha por la libertad fueron las Logias de Masones, que fueron perseguidos en toda América. En el Primer Congreso de Historia, organizado por la Sociedad de Estudios Históricos e Internacionales y auspiciado por la oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, celebrado del 8 al 22 de octubre de 1942 se reconoció la labor de las logias de Masones en Cuba, que difundieron sus ideas de libertad en nuestro pueblo. En dicho Congreso fueron honradas y se designaron beneméritas de la masonería cubana las logias de “El Templo de las Virtudes Teologales” y la “Gran Logia Española del Rito de York”.

En el Manifiesto del Clero Cubano Nativo, cincuenta y tres de sus integrantes declararon que sufrían persecución y ataques de sus hermanos en Cristo, los sacerdotes españoles, con la bendición del Sumo Pontífice Romano. Dicho escrito fue escrito por el padre Mustelier con la aprobación del padre Barnada, y en él aparecían los nombres de los sacerdotes cubanos: me es imposible poner el nombre de todos ellos, para no hacer muy largo este trabajo, pero si voy a citar a continuación algunas de sus partes. “Ya que la Divina Providencia se ha dignado hacer resplandecer los derechos indiscutibles del pueblo cubano a su libertad, y, asoma por el horizonte político el día suspirado de su Personalidad Nacional para entrar en el concierto de los Pueblos Libres de la tierra; ya que las lágrimas de tantas madres y sangre de tantos hijos vertidas sobre nuestro suelo…La misma razón que ha tenido el Pueblo Cubano para haberse levantado en armas, la tiene el clero Nativo; para no querer depender ya jamás del Clero Español…Tal es la razón potísima, C.P. del reducido e impotente número del Clero Nativo, por milagro existente, porque se ha querido aniquilarnos por todos los medios posibles para dominar el Clero Español exclusivamente sobre la Conciencia cubana y rematar sus cadenas..”

El manifiesto de protesta es bien extenso pero, aunque ellos tenían razón, no fueron oídos, da pena decirlo, por los miembros del gobierno, ni en aquel momento, ni después. La Iglesia en Cuba fue regida por los españoles, quienes abusaron y desmoralizaron dicho culto.

Terminaba el Manifiesto “…exponiéndole al Presidente de la República de Cuba la necesidad de que, terminada la guerra con España, en la nueva situación política que se avecinaba desapareciese la preponderancia del clero español, pues “a ningún Estado políticamente considerado le conviene establecimientos de iglesias que no sean nacionales…” También le informaban al Presidente sobre las marañas y trampas que se estaban haciendo para apoderarse del mayor número de propiedades, inscribiéndolas en el Registro de la Propiedad. Don Tomás Estrada Palma, no hizo caso a esta protesta, lo que resultó bochornoso.

De que los hay, los hay. Y que me perdone alguna persona, por si acaso tenían algún pariente español en el clero. Pero eran unos SINVERGÜENZAS, pelearon contra nuestro ejército, empuñando no la Cruz sino el revólver y la espada o machete, al grito de ¡VIVA ESPAÑA! Y derramaron sangre cubana.

 

TRADICIÓN CONSTITUCIONAL DE CUBA

Premio Herminio Portell Vilá 2010

©Roberto Soto Santana, de la Academia de la Historia de Cuba (Exilio)

Desde tiempo inmemorial y hasta la aprobación de la Constitución estadounidense de 1787, a lo largo de la Historia en todo el mundo los diferentes pueblos se habían regido por normas (leyes) otorgadas, modificadas y derogadas más o menos arbitrariamente por sus monarcas o soberanos. En el Imperio Romano, a partir de la llamada ley de imperio promulgada por acuerdo del Senado en el año 70 después de Cristo con ocasión de la elevación de Tito Flavio Vespasiano al solio imperial, quedó concentrada la facultad legislativa exclusivamente en el Emperador, cuyas decisiones personales pasaron a tener fuerza de ley, con el nombre de Constituciones. Así aconteció en toda Europa, tanto en los países en el desarrollo de cuyo Derecho fue preponderante la influencia romana como en los que tuvo peso predominante la herencia germánica.

El rasgo novedoso de la Constitución estadounidense de 1787consistía en que había sido redactada y acordada por una asamblea de representantes de ciudadanos (la Convención Constituyente, elegida sin carácter estamental por las Trece Colonias formalmente confederadas a partir de 1781), y cuyo texto había sido sancionado y puesto en vigor por la propia autoridad de la Convención de Delegados reunida en Philadelphia. Hoy en día todavía la Constitución escrita en vigor más antigua del mundo, fue tambiénla primera que estableció el principio de la separación de Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y la primera que consagró el principio de la soberanía popular (al comenzar su Preámbulo con la frase “Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos,…”).

En España, la primera Carta constitucional fue el llamado Estatuto de Bayona, decretado por “Don José Napoleón, por la gracia de Dios, Rey de las Españas y de las Indias, Habiendo oído a la Junta Nacional, congregada en Bayona de orden de nuestro muy caro y muy amado hermano Napoleón, Emperador de los franceses y Rey de Italia, protector de la Confederación del Rhin, etc.” Es decir, era una Carta otorgada, impuesta por la voluntad napoleónica, tras su presentación formularia a 65 diputados españoles integrantes de unas espurias Cortes convocadas en suelo francés, quienes no tenían otra facultad sino la de deliberar sobre el contenido de ese texto, que confería al monarca amplísimas atribuciones, establecía unas Cortes con una representación estamental (cuyos diputados –sin facultad legislativa alguna sino sólo la de hacerse oír por el Rey, el único que podía dictar leyes- eran designados en cada circunscripción electoral de entre los propietarios de bienes raíces, y no por sufragio universal, sino por el voto de juntas formadas por los decanos de los regidores de cada población con más de cien habitantes y los decanos de los curas de los pueblos principales de esa circunscripción) y un Senado vitalicio elitista integrado exclusivamente por los infantes de España que tuvieran 18 años cumplidos de edad y veinticuatro individuos nombrados por el Rey entre los ministros, capitanes generales del Ejército y la Armada, los embajadores, y miembros del Consejo de Estado y del Consejo Real. De cualquier forma, a las posesiones ultramarinas en América y Asia se les otorgaban sólo 22 del total de 172 actas de diputados (y de ellas, una a Cuba y otra a Puerto Rico), y en todo caso cualquier acuerdo o declaración que llegaran a adoptar las Cortes o el Senado carecía de fuerza de obligar.

Indiscutiblemente, la Constitución española de 1812, promulgada por las Cortes de Cádiz, representó un avance notable, en cuanto a que en su texto se consagraba el principio de la soberanía nacional –no radicada en un monarca o soberano-; la representación popular –no estamental- en unas Cortes unicamerales de diputados (elegidos indirectamente por compromisarios), a razón de uno por cada setenta mil habitantes, con el derecho de sufragio activo limitado sin embargo a todos los ciudadanos hombres mayores de 25 años de edad que dispusieran de “una renta anual proporcionada, procedente de bienes propios”; la separación de Poderes; la inamovilidad de magistrados y jueces; y el reconocimiento de una serie de derechos individuales tales como la inviolabilidad del domicilio, el arbitraje judicial de todos los pleitos, la prohibición de detención salvo bajo mandamiento judicial por escrito, la presentación del arrestado ante el juez dentro de las 24 horas de su detención (es decir, el derecho al habeas corpus) con manifestación al reo de la causa de su detención y el nombre de su acusador, si lo hubiere, la prohibición del tormento y de la pena de confiscación de bienes; y la atribución en exclusiva a las Cortes de la facultad de proponer, decretar e interpretar las leyes, aprobar los tratados de alianza ofensiva, de subsidios y de comercio, decretar la creación y supresión de plazas en los tribunales que establece la Constitución e igualmente de los oficios públicos, dar ordenanzas al ejército, armada y milicia nacional en todos los ramos que los constituyen, fijar los gastos de la administración pública, establecer anualmente las contribuciones e impuestos, las aduanas y aranceles de derechos, y el plan general de enseñanza pública en toda la Monarquía, aprobar los reglamentos generales para la Policía y sanidad del reino, proteger la libertad política de la imprenta, y hacer efectiva la responsabilidad de los secretarios del Despacho y demás empleados públicos.

Sin embargo, la Constitución de 1812 reconocía el carácter de españoles solamente a “Todos los hombres libres nacidos y avecindados en los dominios de las Españas, y los hijos de éstos”, a “Los extranjeros que hayan obtenido de las Cortes carta de naturaleza”, a “Los que sin ella lleven diez años de vecindad, ganada según la ley en cualquier pueblo de la Monarquía” y, por último, a “Los libertos desde que adquieran la libertad en las Españas”, quedando tácitamente excluidos del disfrute de las libertades y los derechos constitucionales quienes estaban sujetos a la infame institución de la esclavitud, que seguía rigiendo en todos los territorios españoles. También quienes eran conocidos en el léxico de la época como mulatos (hijos de blanco y negra libre), pardos (mulatos y cuarterones –hijos de blanco y mulata libre-), quinterones (hijos de blanco y cuarterona libre) y morenos (desde mulato exclusive retrogradando hasta negro), aunque fueran libres los clasificados en estas categorías, resultaban excluidos de la condición de ciudadanos, si bien -con insalvable contradicción- no de la calidad de españoles, con esta fórmula: “A los españoles que por cualquier línea son habidos y reputados por originarios del África, les queda abierta la puerta de la virtud y del merecimiento para ser ciudadanos: en su consecuencia las Cortes concederán carta de ciudadano a los que hicieren servicios calificados a la Patria, o a los que se distingan por su talento, aplicación y conducta, con la condición de que sean hijos de legítimo matrimonio de padres ingenuos; de que estén casados con mujer ingenua, y avecindados en los dominios de las Españas, y de que ejerzan alguna profesión, oficio o industria útil con un capital propio”.

De cualquier forma, dado que la Península Ibérica se hallaba en la práctica completamente ocupada por las tropas napoleónicas (con las únicas excepciones de Lisboa y Cádiz), y que las posesiones de Ultramar estaban abandonadas en tal situación a sus propios medios y recursos, las disposiciones de la liberal Constitución gaditana tuvieron una limitada aplicación ya que, a los dos años escasos de su promulgación, fue abrogada por Fernando VII a raíz de su restauración en el Trono. En Cuba, la libertad de imprenta, que figuraba como precepto de la Constitución promulgada en 1812, ya había sido aplicada por el Gobernador Marqués de Someruelos a partir del 19 de febrero de 1811, tras recibir copia del Decreto de 11 de octubre de 1810 de las Cortes de Cádiz que disponía que “Todos los cuerpos y personas particulares de cualquier condición y estado que sean, tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión y aprobación alguna anteriores a la publicación”.

A raíz de la convocatoria de las Cortes de Cádiz, y con vista a la participación en ellas de Tomás de Jáuregui como diputado por La Habana, en esta ciudad se redacta en 1811 un memorial(preparado en opinión del Dr. Alfredo Zayas por el Padre José Agustín Caballero, o por Francisco de Arango y Parreño según el Dr. Leví Marrero) en el que se propone “una Asamblea de Diputados del Pueblo, con el nombre de Cortes Provinciales de Cuba, que estén revestidas del poder dictar las leyes locales de la provincia en todo lo que no sea prevenido por las leyes universales de la Nación”. Este documento, de clara vocación autonomista, es el primero del que se tiene constancia en la historia constitucional cubana.

Por ese tiempo se publica en Caracas (en la estimación del erudito venezolano Santiago Key Ayala, a comienzos de 1812) el “Proyecto de Constitución para la Isla de Cuba” del abogado bayamés José Joaquín Infante, el único participante huido entre los procesados en 1810 por su papel en la conspiración encabezada por Román de la Luz (masón, propietario del ingenio El Espíritu Santo, y tío de José de la Luz y Caballero). Infante –que tuvo una vida aventurera, incluido el servicio en Puerto Cabello a las órdenes de Bolívar como auditor de guerra y marina, y la participación en la fracasada expedición encabezada en 1817 por el general liberal español Francisco Javier de Mina contra la dominación colonial en el Virreinato de la Nueva España (México)- preconizaba una República en la que regirían cuatro Poderes (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Militar), el derecho de voto quedaría limitado a los ciudadanos blancos mayores de edad dueños de propiedades de diferentes valores según la parte de la Isla de la que se tratase, negando a la población libre de color tanto el sufragio como la ocupación de cargos civiles y militares, y manteniendo la esclavitud “mientras fuese precisa para la agricultura”. Por el contrario, en el haber, el Proyecto constitucional de Infante declaraba la libertad de expresión, abolía la ilegitimidad del nacimiento, suprimía la nobleza hereditaria y establecía la responsabilidad de los padres por la educación de su prole. También disponía la obligación de los terratenientes de escoger en un plazo de seis meses “las áreas que precisamente necesitasen para sus labranzas, crías y otras haciendas, cuyo fomento emprenderían dentro de los mismos seis meses, y vender el sobrante o repartirlo a censo”. Comparando el proyecto de Infante con la primera Constitución federal de Venezuela, que se promulgó el 21 de diciembre de 1811, de la que Francisco de Miranda era su primer firmante, y tomando en cuenta que con fecha 29 de abril del mismo año Infante había revalidado su condición de abogado ante la Alta Corte de Justicia de Caracas, se advierten concordancias entre los dos textos, señaladamente en cuanto al mantenimiento de la esclavitud (ya que la primera Constitución venezolana decreta la prohibición del comercio de esclavos, pero guarda silencio sobre la subsistencia de la esclavitud, cuya abolición tuvo que aguardar a que Bolívar la decretase en 1815), en la restricción del derecho de voto a los propietarios “en quienes concurran las calificaciones de moderadas propiedades”, en el establecimiento de la clásica separación de Poderes, y en el reconocimiento de los derechos de libertad, igualdad, propiedad y seguridad, y de la inviolabilidad del domicilio (1). Con el Proyecto de Infante se inicia la tradición constitucional cubana –entendida como elemento de actuación jurídica con vocación expresamente independentista, que se transmite en la sociedad cubana de generación en generación-, puesto que en la Introducción al mismo se proclama que “La isla de Cuba tiene un derecho igual a los demás países de América para declarar su libertad e independencia y elegir entre sus habitantes quienes la gobiernen en sabiduría y justicia”.

Hasta la aparición del próximo texto constitucional cubano, el de Guáimaro (1869), al comienzo del primer episodio de contienda armada generalizada por la Independencia, transcurre más de medio siglo. En ese interregno se suceden intentonas separatistas, conspiraciones, represiones, destierros y exilios. Hubo que esperar a que los reformistas quedasen frustrados con el fiasco de la Junta de Información convocada en 1867 y que los anexionistas, tras el final de la Guerra Civil entre el Norte abolicionista y el Sur esclavista, perdieran gran parte de sus esperanzas (2) de incorporar a la Isla a la Unión norteamericana, para que no quedase otra salida que la Independencia a las cabezas pensantes –la inteligencia- de la sociedad cubana. Porque la contienda armada, que terminó incorporando y fusionando ideológicamente a representantes de los diferentes estratos sociales incluida mucha gente humilde, no fue promovida y declarada inicialmente por miembros del campesinado menesteroso o del escaso proletariado, sino por elementos destacados de las profesiones liberales y el patriciado rural –a la que le siguió una parte del campesinado humilde, cuyos más esclarecidos representantes terminaron dirigiendo la guerra, tras la ruina y la decimación de la clase hacendada que la había iniciado-. Ya el general José Gutiérrez de la Concha, Capitán General de Cuba de 1850 a 1852 y nuevamente de 1854 a 1859, había advertido en un informe fechado en La Habana el 21 de diciembre de 1850 que “la apertura de los puertos de la Isla a todas las naciones del globo [en 1818] fue una medida que alteró por sí sola, repentinamente, el sistema llamado colonial…El trato frecuente que estos naturales tuvieron con el crecido número de extranjeros que vinieron a domiciliarse, así como el que le proporcionaron sus repetidos viajes a Europa y a los Estados Unidos en donde no pocos reciben su educación, necesariamente había de producir un cambio en sus costumbres…” y que “la Universidad creada en la capital de la Isla [en 1728]…produce anualmente un crecido número de abogados y médicos más o menos ilustrados, pero todos con ambición y pretensiones exageradas; como se observa el sistema de no colocar en el país en la carrera pública sino a muy pocos de sus hijos, son otros tantos descontentos, que por lo menos llevan la propaganda a sus propias familias. Así se ha extendido admirablemente el espíritu de desafección hasta echar raíces profundas en los corazones”.

En ese enorme lapso de poco más de medio siglo, por la solidez de su pensamiento político y la influencia de su prédica destaca por encima de todos sus coetáneos el Presbítero Félix Varela, de quien fueron discípulos Domingo del Monte, José de la Luz y Caballero y José Antonio Saco (3), y de quien Enrique José Varona dijo “Fue el eminente educador del pueblo cubano, el insigne educador de nuestro pueblo, timbre tan honroso que ninguno puede ser más alto. Él fue el iniciador del movimiento más glorioso que en este orden registra la sociedad cubana; gracias a él se difundieron, se esparcieron por todos los ámbitos del país los rayos de luz, porque él hizo surgir en torno suyo multitud de egregios continuadores de su obra”. (4)

El Padre Varela, a quien el Obispo Espada le había confiado en 1811 la cátedra de Filosofía en el Colegio Seminario habanero de San Carlos, en 1821 ganó por oposición la nueva cátedra de Constitución mandada crear en todos los centros docentes por Real Decreto de 4 de mayo de 1820 del Gobierno del Trienio Constitucional que gobernó en España hasta 1823, cuando fue derrocado por la intervención militar de la Santa Alianza (los Cien Mil Hijos de San Luis). En las lecciones que dictó en dicha cátedra, agrupadas en 1822 en sus Observaciones sobre la Constitución política de la monarquía española, fue destilando las siguientes perlas: “Yo llamaría a esta cátedra la cátedra de la libertad, de los derechos del hombre, de las garantías nacionales…Expondremos con exactitud lo que se entiende por Constitución política, y su diferencia del Código civil y de la política general, sus fundamentos, lo que propiamente le pertenece, y lo que es extraño a su naturaleza, el origen y constitutivos de la soberanía, sus diversas formas en el pacto social, la división y equilibrio de los poderes, la naturaleza del gobierno representativo y los diversos sistemas de elecciones...la distinción entre deberes y derechos y garantías, así como entre derechos políticos y civiles…toda soberanía está esencialmente en la sociedad…Los pueblos pierden su libertad o por la opresión de un tirano, o por la malicia y ambición de algunos individuos que se valen del mismo pueblo para esclavizarlo, al paso que le proclaman su soberanía…El hombre tiene derechos imprescriptibles de que no puede privarle la nación…El gobierno, de cualquiera especie que sea, no tiene el derecho de vida y muerte, en el sentido absoluto que ahora se ha dado estas expresiones, ni es señor de vidas y haciendas como se ha dicho con agravio de los pueblos…El gobierno ejerce funciones de soberanía, no las posee, ni puede decirse dueño de ellas. El hombre libre que vive en una sociedad justa no obedece sino a la ley…El hombre no manda a otro hombre; la ley los manda a todos…Una sociedad en la que los derechos individuales son respetados es una sociedad de hombres libres…La independencia y la libertad nacional son hijas de la libertad individual, y consisten en que una nación no se reconozca súbdita de otra alguna, que pueda darse a sí misma sus leyes, sin dar influencia a un poder extranjero, y que en todos sus actos sólo consulte a su voluntad, arreglándola únicamente a los principios de justicia, para no infringir derechos ajenos”.

Varela –el verdadero fundador de nuestra nacionalidad, como le llamó José A. Fernández de Castro en 1943, y el forjador de la conciencia cubana, como le designó Antonio Hernández Travieso en 1949- todavía tuvo tiempo de presentar en 1823 a las Cortes españolas, en su calidad de diputado por La Habana, un Proyecto de Gobierno Autonómico (para el gobierno político de las provincias de Ultramar) junto con un Proyecto de Decreto sobre la abolición de la esclavitud en la Isla de Cuba (5), si bien ambas iniciativas quedaron en la papelera tras el derrocamiento, con la complicidad de Fernando VII, del Gobierno constitucional, que dio lugar a la huida ante el terror fernandino de los diputados de Cuba, los cubanos Varela y Leonardo Santos Suárez y el catalán Miguel Gener.

Varelafue, así, desde su exilio en los EE.UU. durante los próximos treinta años (hasta su fallecimiento en 1853), el cancerbero de las ideas políticas constitucionalistas (es decir, democráticas)para su difícil pervivencia en el pensamiento de los cubanos tras el recrudecimiento de las medidas represivas facilitadas por la Real Orden de 28 de mayo de 1825 que otorgó a los Capitanes Generales de Cuba la autoridad que las leyes de guerra conferían al jefe de plaza sitiada (las denostadas facultades omnímodas) (6), y el desánimo que fue enervando a gran parte de la sociedad cubana respecto a la esperanza en la mudanza del régimen colonial en Provincia equiparada a las de la Península, o la separación con la ayuda de las recién independizadas repúblicas hispanoamericanas (tras el fracaso de nuevas conspiraciones separatistas, como la de los Rayos y Soles de Bolívar, la de la Cadena, y la de la Gran Legión del Águila Negra, la decisión tomada por Bolívar -manifestada en carta dirigida el 20 de mayo de 1825 al Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre- de “no libertar a La Habana” porque así creía se evitaba “el establecimiento de una nueva República de Haití”, así como el resultado aciago de expediciones como las dos encabezadas por Narciso López y el del primer levantamiento armado dentro de la Isla, acaudillado por Joaquín de Agüero y Agüero).

Concurrentemente, la prevención o miedo de naturaleza racista hacia la negritud, que era compartida tanto por las autoridades coloniales -cuya presencia retrocedía en áreas de la masa continental americana pero se mantenía firmemente en Cuba y Puerto Rico- como por las nuevas élites criollas gobernantes -con algunas honrosas salvedades- en las Repúblicas recién independizadas, y por los esclavistas y sus representantes políticos incrustados en el Gobierno Federal y en los gobiernos estatales de los EE.UU., sería un factor determinante en el retraso hasta 1868 del inicio de las sublevaciones independentistas en Cuba y Puerto Rico (7).

Pero ese momento finalmente llegó. El Manifiesto de la Junta Revolucionaria de la Isla de Cuba, expedido por Carlos Manuel de Céspedes el 10 de octubre de 1868, en Manzanillo, resulta evidente, cuando se lee, que es una Declaración de Independencia al modo de la estadounidense de 1776 (“Al levantarnos armados contra la opresión del tiránico gobierno español, siguiendo la costumbre establecida en todos los países civilizados, manifestaremos al mundo las causas que nos han obligado a dar este paso, que en demanda de mayores bienes siempre produce trastornos inevitables, y los principios que queremos cimentar sobre las ruinas de los presentes para la felicidad del porvenir”), en la que se reclaman los derechos de reunión, de petición y de expresión, el sufragio universal, la emancipación gradual y bajo indemnización de la esclavitud, el libre cambio bajo condiciones de reciprocidad, la representación nacional para decretar las leyes e impuestos, y “la religiosa observancia de los derechos imprescriptibles del hombre”–quedando configurada, de hecho, la parte dogmática (la referente a los principios y a los derechos fundamentales) de un texto constitucional todavía nonato-.

En el mismo documento se advierte style= igualmente que se exponen disspan lang=posiciones -sin encasillarlas en un articulado numerado o atribuirles expresamente un rango legal- las cuales muy bien podrían encajar en la parte orgánica de un texto constitucional (la referente al diseño de la estructura del Estado y la regulación de sus órganos básicos) ya que se ordenan, somera pero suficientemente, el ejercicio del Poder Ejecutivo (al comunicar el unánime acuerdo de “nombrar un Jefe único que dirija todas las operaciones con plenitud de facultades y bajo su responsabilidad, autorizado especialmente para designar un segundo y los demás subalternos que necesite en todos los ramos de administración mientras dure el estado de guerra”, y de haber designado “una comisión gubernativa de cinco miembros para auxiliar el General en Jefe en la parte política, civil y demás ramos de que se ocupa un país reglamentado”), Igualmente, se decreta con efectos inmediatos la abolición de “todos los derechos, impuestos, contribuciones y otras exacciones que hasta ahora ha cobrado el gobierno español…y que sólo se pague con el nombre de ofrenda patriótica, para los gastos que ocurran durante la guerra, el cinco por ciento de la renta conocida en la actualidad”, así como que “en los negocios en general se observe la legislación vigente, interpretada en sentido liberal, hasta que otra cosa se determine”.

A la muy esquemática Constitución de Guáimaro (con 29 artículos, veintisiete de ellos con una sola oración, y los otros dos con sólo dos oraciones), promulgada el 10 de abril de 1869 por los quince delegados provenientes de los dos departamentos donde había cundido la sublevación (el Central y el Oriental, aunque técnicamente el Departamento Central había quedado disuelto en 1851 y agregado al Occidental, que además comprendía a Pinar del Río, La Habana y Matanzas) y constituidos en Asamblea, le basta para blasonar de gloria el Artículo 24, que dice “Todos los habitantes de la República son enteramente libres”, ya que con ello quedaba abolida la odiosa institución de la esclavitud. De cualquier manera, su texto establece la separación de los tres Poderes clásicos del Estado, la designación por la Cámara de Representantes del Presidente encargado del Poder Ejecutivo y del General en Jefe, aunque éste queda subordinado al Ejecutivo; y prohíbe que la Cámara ataque “las libertades de culto, imprenta, reunión pacífica, enseñanza y petición, ni derecho alguno inalienable del pueblo”. A pesar de su brevedad, esta primera Constitución de Cuba republicana –en Armas- reúne los requisitos de contar con una parte dogmática y una orgánica, rigió durante casi diez años, y quiso fundar una República en la que el encargado del Poder Ejecutivo (el Presidente) y los Secretarios del Despacho estuviesen subordinados al Legislativo (la Cámara de Representantes).

La Constitución de Baraguá, de 23 de marzo de 1878, todavía mucho más breve y con un alto valor testimonial aunque nula trascendencia jurídica, fue un texto de emergencia (estuvo vigente sólo dos meses, hasta la conclusión de la Guerra de los Diez Años), con sólo cinco artículos, dictado para facultar al Gobierno de la exhausta insurrección -al que se encomienda el Poder Legislativo además del Ejecutivo, dada la previa disolución de la Cámara de Representantes- a hacer la paz sobre la base de la independencia. La Paz del Zanjón, firmada el 10 de febrero del mismo año, había certificado el fin de las hostilidades aceptado por el Comité del Centro en representación de Camagüey. Sólo los insurrectos del departamento oriental, tras la protesta de Antonio Maceo en Mangos de Baraguá el 15 de marzo, rehusaron deponer las armas, pero no se pudo impedir el fin de la guerra, al que se llegó por puro agotamiento, a fines de mayo de ese año. La Paz del Zanjón, no obstante su carácter explícito de “artículos de capitulación” que ponían fin a la situación de beligerancia armada entre la Metrópoli y su Colonia, también abrogó tácitamente la concesión de facultades omnímodas hecha en 1825 a los Capitanes Generales de Cuba (al conceder a Cuba las mismas condiciones políticas, orgánicas y administrativas de que disfrutaba la isla de Puerto Rico), reconoció la libertad a los colonos asiáticos y esclavos en las filas insurrectas, y dispuso “el olvido de lo pasado respecto de los delitos políticos cometidos desde 1868 hasta el presente y libertad de los encausados o que se hallen cumpliendo condena dentro o fuera de la Isla”.

La tradición constitucional tuvo continuación en Cuba con el texto surgido de la Asamblea Constituyente que se reunió en Jimaguayú y promulgó el 16 de septiembre de 1895 –casi siete meses después del inicio de la segunda y definitiva Guerra de Independencia-, con el título de “Constitución del Gobierno Provisional de Cuba”. En su texto, todo de carácter orgánico y sin parte dogmática, se comenzaba instaurando un Consejo de Gobierno en el que residía el Poder Legislativo, y cuyo Presidente era titular del Poder Ejecutivo, mientras que todas las fuerzas armadas y la dirección de las operaciones militares estarían bajo el mando directo del General en Jefe, quien tendría a sus órdenes un Lugarteniente General –binomio que hasta la muerte en combate del Titán de Bronce estuvo a cargo de Máximo Gómez y Antonio Maceo-. Se establecía un impuesto de guerra sobre las propiedades de cualquier clase pertenecientes a extranjeros, mientras sus respectivos países no reconocieran la beligerancia de Cuba. Y se declaraba la independencia del Poder Judicial, dejando su organización y reglamentación a cargo del Consejo de Gobierno. Finalmente, se imponía una fecha de caducidad para la Constitución, que llegaría al cumplirse los dos años de su promulgación.

Llegado ese término y sin haberse concluido la guerra, expiró la Constitución de Jimaguayú, y en el potrero de La Yaya (barrio de Sibanicú, municipio de Guáimaro, en Camagüey) se reunió una nueva Asamblea Constituyente el 10 de octubre de 1897. La Constitución que salió de sus deliberaciones fue aprobada y entró en vigor el 29 de octubre. Con cuarenta y ocho artículos, era la más extensa de las promulgadas hasta entonces por la República en Armas. Establecía el servicio militar obligatorio e irredimible. Consagraba la garantía de nulla pena sine lege, la inviolabilidad de la correspondencia, la libertad de religión y de culto, el derecho de petición, la inviolabilidad del domicilio, y las libertades de expresión, de reunión y de asociación. Hacía residir el Poder Ejecutivo en un Consejo de Gobierno, que a su vez ejercía el Poder Legislativo, y disponía la elección de una Asamblea de Representantes –quienes disfrutarían de inmunidad parlamentaria, salvo en caso de flagrante delito- que debería reunirse a los dos años de promulgada la Constitución, a fin de hacer una nueva o modificar la existente.

Como ha dicho el Dr. Luis René García Fernández, “estas constituciones que acabamos de comentar puede que no sean ciertamente un dechado de perfección. Pero si se tiene en cuenta no solamente la época en que se produjeron, sino también las condiciones materiales en medio de las cuales se confeccionaron, hay que admitir que fueron obras de gigantes. Porque, señores, aquellos delegados no trabajaban sentados en mullidos butacones ni con aire acondicionado. Aquellos constituyentes realizaron esas tareas legislativas teniendo por asientos sus rústicos taburetes y sus palmas barrigonas, sin más paredes que los frondosos algarrobos y las ceibas milenarias, ni más cúpula que el hermoso cielo cubano tachonado de estrellas luminosas”. (8)

En cumplimiento de esa previsión, se reunió una nueva Asamblea Constituyente en Santa Cruz del Sur (en Camagüey), donde inició sus sesiones, y después se trasladó a Marianao(municipio colindante con el de La Habana) y finalmente a la Calzada del Cerro (en La Habana), donde concluyó sus sesiones el 4 de abril de 1899. Con algunos meses de anterioridad, el 10 de diciembre de 1898 se había firmado en París el sibilinamente redactado Tratado de Paz por el cual España renunciaba “a todo derecho de soberanía y propiedad sobre Cuba” y los EE.UU. anunciaban su intención de ocupar la Isla –por tiempo indefinido, pero provisional- cuando España la evacuara; España cedía a los EE.UU. la isla de Puerto Rico y las demás en ese momento bajo su soberanía en las Indias Occidentales, así como la isla de Guam y el archipiélago de las Filipinas –a cambio de 20 millones de dólares-.

Los asambleístas constituyentes reunidos en la Calzada del Cerroaprobaron el 21 de febrero de 1901 un texto final aunque no definitivo, porque todavía debieron aprobar, el 12 de junio del mismo año, la incorporación como apéndice de la llamada Enmienda Platt, de bochornoso recuerdo. Esta Constitución cubana de 1901 entró en vigor el 20 de mayo de 1902, el mismo día de la proclamación de la República, por efecto de la Orden Militar 181 dictada por el Gobierno Militar norteamericano. Fue una Constitución eminentemente garantista, con un elenco extensísimo de derechos individuales -aunque del derecho de sufragio seguían excluidas las mujeres-, la igualdad ante la Ley y su irretroactividad salvo cuando favoreciera al reo, la no anulabilidad ni alteración por el Poder Legislativo de las obligaciones civiles, la prohibición de la pena de muerte por motivos políticos, la limitación de las detenciones y la sujeción a la Ley de las prisiones y procesamientos, el derecho de habeas corpus, el derecho a la no autoincriminación y a no declarar contra el cónyuge y otros parientes cercanos, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de cultos y la separación de la Iglesia y el Estado, el derecho de petición, los derechos de reunión y asociación y educación, la libertad de locomoción y el derecho de propiedad, incluso la intelectual e industrial. En cuanto a su parte orgánica, mantenía la separación de Poderes preconizada por Montesquieu, establecía una Cámara de Representantes y un Senado, y un Poder Judicial en cuyo vértice estaba el Tribunal Supremo, cuyos jueces los nombraba el Presidente de la República con el consentimiento del Senado. La cláusula de reforma permitía modificaciones parciales o totales de su texto, por acuerdo de las dos terceras partes del número de integrantes de cada cuerpo colegislador, seguido de la aprobación de una Convención Constituyente integrada por delegados elegidos por provincias.

Pero no quedaba determinado el órgano encargado de convocar y poner este proceso en marcha, ni cuánto tiempo permanecería en sesión esa Asamblea, ni si podía realizar otras modificaciones distintas de las sometidas a su consideración. Estas imprecisiones terminaron complicando la crisis política que se abrió en 1928 con la Prórroga de Poderes ambicionada por el Presidente Machado, para materializar la cual se presentaron dos proyectos de reforma constitucional: en 1926, uno por el Representante Aquilino Lombard; y en 1927, otro por el Representante Giordano Hernández, el segundo de los cuales fue aprobado sucesivamente por la Cámara y el Senado, y que los 55 delegados elegidos a la Convención Constituyente sancionaron el 10 de mayo de 1928.

Los desmanes llevados a cabo por el machadismo y la depresión económica mundial desembocaron en la caída del régimen y el restablecimiento de la vigencia de la Constitución de 1901 (el 24 de agosto de 1933, tras asumir Carlos Manuel de Céspedes, el hijo del Padre de la Patria, la presidencia provisional de la República y dejar sin efecto la reforma constitucional de 1928). El subsiguiente Gobierno presidido por el Dr. Ramón Grau San Martín dictó, el 14 de septiembre de 1933, unos Estatutos para el Gobierno Provisional de Cuba, que, aparte de crear unos Tribunales extraordinarios de Sanciones, nada decían sobre la vigencia de la Constitución de 1901, restaurada el 24 de mayo anterior, aunque anunciaban la convocatoria de otra Convención Constituyente, que se reunió y aprobó la Constitución de 3 de febrero de 1934, la que estuvo vigente por un año, y a su derogación (por Resolución Conjunta de 8 de marzo de 1935 del propio Gobierno Provisional) fue sustituida por la siempre renaciente Constitución de 1901, en virtud de la Ley Constitucional de 11 de junio de 1935 (aprobada por el mismo Gobierno, sin intervención de la Asamblea Constituyente).

Ni la reforma constitucional de 1928 –para facilitar la Prórroga de Poderes deseada por Machado-, ni los Estatutos de 14 de septiembre de 1933, ni la Constitución de 3 de febrero de 1934, ni la llamada Ley Constitucional de 11 de junio de 1935 pueden ser considerados partedel itinerario de la tradición constitucional de Cuba, porque fueron todos textos de oportunidad, encaminados no a la fijación de principios o la estructuración de órganos del Estado para resolver los problemas de la sociedad de su época, sino medidas para satisfacer los intereses políticos partidistas e incluso los individuales de personalidades interesadas en situaciones específicas.

Se alumbró a continuación la que hasta ahora es la obra cumbre del constitucionalismo cubano: la Constitución aprobada en Guáimaro el 1 de julio de 1940, que entró en vigor el 10 de octubre del mismo año. La elección de delegados a la Convención Constituyente que la configuró se hizo sobre la base de uno por cada 50 mil habitantes o fracción mayor de 25 mil, lo que dio como resultado 81 delegados (aunque -como ha precisado el Dr. Carlos Márquez Sterling- en sus deliberaciones intervinieron sólo 77, a causa de las renuncias previas de los ausentes). La Constitución constó de 286 artículos, 43 Disposiciones Transitorias, una Disposición Transitoria Final y una Disposición Final. Tildada de prolija y casuística por algunos de sus críticos -así, el Dr. Gustavo Gutiérrez Sánchez (9)- y de neocolonial e hipócrita por algún otro (10), Emilio Menéndez Menéndez (penalista y último Presidente democrático del Tribunal Supremo de Cuba) dijo en 1945 de ella “que recoge muchos de los principios de las anteriores constituciones, introduce otros, producto de cuarenta años de conquistas sociales y de obligación política” (11), y el Dr. Néstor Carbonell Cortina ha apostillado elocuentemente que “La Carta del 40 es la obra cumbre de la República. Dando amplias muestras de madurez política y patriotismo, los delegados a la Convención Constituyente cerraron una década de convulsiones revolucionarias e inseguridad jurídica, y le dieron a Cuba una Constitución previsora y avanzada, sin injerencia extraña. Una Constitución que no es de nadie y es de todos”. Como recuerda al referirse a la Constitución de 1940 este ilustre habanero, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santo Tomás de Villanueva y veterano de la Brigada 2506, “en ella intervinieron estadistas como Orestes Ferrara, José Manuel Cortina y Carlos Márquez Sterling; intelectuales como Jorge Mañach y Francisco Ichaso; libertadores como Miguel Coyula; juristas como Ramón Zaydín y Manuel Dorta Duque; internacionalistas como Emilio Núñez Portuondo; parlamentarios como Santiago Rey Pernas, Rafael Guas Inclán, Aurelio Álvarez de la Vega, Miguel Suárez Fernández, Pelayo Cuervo Navarro y Emilio Ochoa; líderes obreros como Eusebio Mujal; industriales como José Manuel Casanova; líderes políticos y revolucionarios como Ramón Grau San Martín, Carlos Prío Socarrás, Eduardo Chibás y Joaquín Martínez Sáenz.Y representando al equipo comunista, descollaron, entre otros, un sagaz líder sindical de acerada dialéctica, Blas Roca, y dos polemistas e intelectuales de alto vuelo, Juan Marinello y Salvador García Agüero”.

De los antecedentes históricos y de la ilegitimidad con la que la gavilla del Partido único se ha enseñoreado del país como si fuera su finca particular, es obligado reafirmar la necesidad –sin tener que recurrir a la paráfrasis sino a la cita literal de los planteamientos del Dr. Carbonell Cortina- de que “Si queremos ponerle fin a la tiranía y cerrar el ciclo tenebroso de la usurpación, tenemos que encontrar, después de Castro, una fórmula de convivencia con visos de legitimidad. Y esa fórmula no es la Constitución totalitaria de 1976, aunque se le hagan remiendos. Ni es otra Ley Fundamental espuria, impuesta sin consentimiento ni debate durante la provisionalidad.

“No, la única que tiene historia, simbolismo y arraigo para poder pacificar y regenerar el país antes de que se celebren elecciones libres, es la Carta Magna de 1940. Ella fue el leitmotiv de la lucha contra Batista, y no ha sido abrogada ni reformada por el pueblo, sino suspendida por la fuerza.

“Lo importante es tener una base constitucional que haya sido legitimada por la voluntad soberana del pueblo y que permita encauzar armónicamente la transición a la democracia representativa. Podrá después el Congreso o los delegados electos a una Asamblea Plebiscitaria reformar o actualizar la Constitución del 40, supliendo sus deficiencias y podando sus casuísticos excesos.” (12)

Y sólo entonces, mediante el enlace con la Constitución de 1940 como puente hacia el futuro del país, se podrá reanudar la tradición constitucional en Cuba, interrumpida con el golpe de Estado de 10 de marzo de 1952 e impedida de restablecimiento por elbouleversement (o estado de conmoción permanente) que ha traumatizado a la sociedad cubana por causa del ilegítimo ejercicio del Poder absoluto que la tiranía comunista ha venido haciendo desde su llegada al Poder en 1959.

Sobre el carácter avanzado de la Constitución de 1940 se ha escrito mucho. Pero baste señalar que todos los derechos, libertades y garantías que posteriormente se incluyeron en la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1948, en el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 (Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales) incluidas sus sucesivas revisiones, y en la Carta Social Europea de 1961 ya figuraban en la Constitución cubana de 1940. Esta aseveración se constata del cotejo de los tres textos mencionados con el de la Constitución de 1940, la que, además, implantó la jornada laboral máxima de 8 horas al día o 44 horas semanales, equivalentes a 48 horas en el salario, y prescribió el derecho al descanso retribuido de un mes por cada once de trabajo dentro del año natural. Hasta el turiferario y servidor del castrismo Armando Hart Dávalos, en un escrito publicado bajo su firma en la edición digital de 12 de septiembre de 2009 del órgano oficial de la Unión de Jóvenes Comunistas ha tenido que admitir –en sus propias palabras- que “la Carta Magna de 1940 fue una de las más progresistas de su tiempo entre los países capitalistas. Entre las naciones del llamado Occidente, fue una de las más cercanas a un pensamiento social avanzado”. A confesión de parte, relevo de prueba.

NOTAS y BIBLIOGRAFÍA

(1) Como ha escrito el profesor venezolano Eleazar Córdova-Bello, “El Proyecto de Constitución del doctor Infante encierra una revolución en cuanto tiende a desplazar el régimen español y asumir los criollos la dirección del país, pero nada ofrece en otros sentidos sociales y políticos que permanecen plegados a moldes del más acentuado conservatismo. Ese proyecto refleja la mentalidad típica del sector mayoritario de la clase criolla, rival de la dirigente española y hostigadora de las clases de color” [cita extraída de la pág. 174 de su libro La independencia de Haití y su influencia en Hispanoamérica. Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Caracas (1967), hecha por los historiadores David Pantoja Morán y Jorge M. García Laguardia, en la pág. 42 de su obra Tres documentos constitucionales en la América española preindependiente. UNAM - Instituto de Investigaciones Jurídicas. México (1975)].

(2) Aunque no todas, a la vista de que la Cámara de Representantes tomó el acuerdo, en su sesión del 19 de mayo de 1869, de dirigir un llamamiento al Gobierno y al pueblo norteamericano, trasladándoles “los vivos deseos que animan a nuestro pueblo de ver colocada esta Isla entre los Estados de la Federación Norteamericana…pues este es, a su entender, el voto casi unánime de los cubanos, y que si la guerra actual permitiese que se acudiera al sufragio universal, único medio de que la anexión legítimamente se verificara, éste se realizaría sin demora”.

3. Saco, no obstante su ideario reformista y su antagonismo personal respecto de la trata de esclavos, nunca fue abolicionista: en un artículo publicado en la prensa de Madrid en 1862 se preguntó “¿De cuándo acá la esclavitud doméstica ha sido un obstáculo para que en los países donde existe gocen los hombres libres de derechos políticos”? (Colección póstuma, 1881, pág.40).

(4) La metafísica en la universidad. Estudios literarios y filosóficos(1883).

(5)Homenaje a Félix Varela. Sociedad Cubana de Filosofía (Exilio). Ediciones Universal, Miami (1979) y Documentos para la Historia de Cuba – TomoI. Hortensia Pichardo. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana (1971).

(6) Recuérdese que las Constituciones posteriores a la de Cádiz iban y venían en España (así, las de 1834, 1837 y 1845) pero en Cuba nunca tuvieron vigencia, porque en las posesiones ultramarinas regían leyes especiales –como así expresamente se disponía en los textos de 1837 y 1845-.

(7)Cuba: Economía y Sociedad – Tomo XV. Leví Marrero. Editorial Playor, Madrid (1992).

(8) Conferencia “La Historia Constitucional de la República en Armas”. Dr. Luis René García Fernández. La Constitución de Cuba. Ciclo de Conferencias. Colegio Nacional de Abogados de Cuba, Inc., Miami (1991).

(9) En su obra,Constitución de la Republica de Cuba.Editorial Lex, La Habana (1941).

(10) La imputación, tan sectaria como sofista, ha sido hecha por Juan Vega Vega (1922-2002), jurista que puso su sesera al servicio del régimen castrocomunista, en Cuba y su historia constitucional (págs. 68-69) . Ediciones Endymion, Madrid (1997).

(11)La nueva Constitución cubana y su jurisprudencia(1940-1944), pág. 16. Jesús Montero, Editor, La Habana (1945).

(12)La Constitución de 1940: Simbolismo y Vigencia.Cuba in Transition ASCE [Association for the Study of the Cuban Economy] (1997).